De acuerdo con la investigación del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el estado Bolívar es una de las entidades más vulnerables a distintas formas de esclavitud moderna, por su posición geográfica y riqueza mineral.
En su informe De lo laboral a lo sexual: formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) expone las formas más comunes de esclavitud moderna que imperan en el estado Bolívar y los factores que hacen a la entidad más vulnerable a los patrones y rutas de captación, como el orden impuesto por grupos de poder vinculados con la extracción de oro en el sur de la entidad.
Las formas más comunes de esclavitud moderna en la capital del oro de sangre determinadas por la investigación son la explotación laboral, sexual, la servidumbre y la trata de personas.
La investigación del centro de DD HH de la UCAB determinó que 74% de las víctimas de explotación laboral y sexual son mujeres, 25% de ellas son niñas y adolescentes. Aunque por lo general mujeres y niñas son reclutadas como trabajadoras sexuales, algunas son obligadas a realizar trabajos forzados.
El estado Bolívar es una de las entidades con mayor movilidad humana. El principal objetivo de quienes se trasladan son los yacimientos auríferos del sur de la entidad.
Con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016 y al paso del aumento de costo de vida en el país, cada vez más personas de distintos municipios de Bolívar y diferentes estados del país -con todo y pandemia por COVID-19- se trasladan a las zonas mineras porque ven en el oro la única forma de costear una vida digna en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.
El proyecto extractivista de Nicolás Maduro no solamente tiene su propia dinámica de violencia. También impuso las reglas de una economía distorsionada. En Bolívar los productos y servicios suelen triplicar su precio en comparación con otros estados del país porque están subordinados al precio del oro, que fluctúa a la par del precio del dólar en el mercado paralelo en un contexto en el que el salario mínimo permite costear solo 0,88% de la canasta alimentaria.
La entidad es el punto de encuentro de las personas que se movilizan pese al riesgo que representa todo lo que esté relacionado con la minería, incluyendo el mismo proceso extractivo en condiciones inseguras en las que mineros, hombres y mujeres se exponen a la asfixia, intoxicación por gas o los derrumbes para hacerse con el mineral que luego deben vender a molinos o procesadoras asociadas con el mismo Estado -que es cómplice-, por márgenes mínimos de ganancia.
El oro hace de Bolívar uno de los estados más vulnerables a la explotación sexual y laboral de adultos y menores de edad. Esta es una dinámica impuesta por el conflicto en el que convergen empresas extractivistas públicas y privadas, grupos delictivos autodenominados sindicatos, grupos guerrilleros extranjeros, funcionarios de seguridad del Estado, y quienes quedan en medio: los mineros, comerciantes, vendedores ocasionales y personas que se dedican a labores domésticas o sexuales provenientes de otros municipios de Bolívar, otros estados del país, e incluso de otros países como Brasil y Colombia.
Fosas del Silencio, la investigación de un colectivo independiente de periodistas junto a Correo del Caroní, La Vida de Nos y la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) -actualizada hasta agosto de 2020- reveló que 26% de las 77 personas vinculadas con la minería ilegal que desaparecieron entre 2012 y 2020 provienen de otros estados del país. Una de estas personas proviene de Colombia.
Menores de edad en riesgo
25% de las víctimas de trata y explotación laboral y sexual son menores de edad y las mujeres. Esta población vulnerable es utilizada en las minas de tres formas.
Por su tamaño y peso corporal, la principal forma en la que se las explota es como apoyo a los martilleros que se encargan de excavar espacios para la localización y ruta de vetas de oro. La tarea implica descender varios metros bajo tierra por agujeros pequeños, sin soporte que impida el derrumbe de techos y paredes. Mientras menos contacto se tenga por las paredes, menos se forza el agujero y por lo tanto hay menos riesgo de derrumbes.
