Miami, EEUU 11-08-2020. Ramón Castro, director del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde ubicada en Los Teques, estado Miranda, Venezuela, le niega la atención médica necesaria a los presos políticos venezolanos que presentan síntomas de COVID-19, esto luego de que en julio del año en curso trasladaran desde el penal de Santa Ana, ubicado en el estado Táchira, a un militar que arrojó positivo en la prueba rápida.
Un custodio que trabaja dentro de la cárcel militar le contó a Venezuela Awareness que el médico cirujano y preso político Williams Aguado, detenido desde el 2018, se ofreció para revisar a las personas con los síntomas pero el mismo fue apartado y tildado de “alarmista”, pues los presos políticos venezolanos “solo tienen una simple gripecita”.
“Prohibieron nebulizar a las personas y no quieren hacer las pruebas. Hasta le niegan las medicinas”, dijo el custodio que trabaja dentro del penal cuya identidad no será revelada para proteger a la fuente de represalias.
Entre los casos sospechosos de haber contraído el virus se encuentra el expolicía metropolitano y preso político, Erasmo Bolívar, detenido desde hace más de 17 años, cuyos familiares hacen un llamado a los organismos judiciales de otórgale una medida humanitaria, pues está presentando dolores de cabeza, fiebre, diarrea, tos y dificultades respiratorias que podrían ser signos de coronavirus.
La prohibición de que se nebulice a las personas llega luego de que la salud de Bolívar se vio comprometida, donde el director de Ramo Verde le negó la asistencia.
Denuncian que ni siquiera permiten el traslado a los centros de salud, comprometiendo la vida de las personas, esto aunque la Fiscalía General del país como los tribunales están en el deber de otorgarle asistencia médica a las personas para evitar que su vida se vea comprometida, así como la de sus compañeros.
En la cárcel militar no se puede cumplir con los requerimientos mínimos dictados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del virus, dado que no cuentan con agua para lavarse las manos con frecuencia y no pueden mantener el distanciamiento social debido al hacinamiento.
La Fundación Venezuela Awareness recuerda que aparte de violar los derechos humanos de los presos políticos venezolanos están en contra de los organismos internacionales que reiteran que de presentar los síntomas se debe acudir a un centro de salud para evitar la propagación.
Coronavirus en El Helicoide
Erick Echegaray, de 70 años y detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide, en Caracas, habría muerto luego de que resultara contagiado de COVID-19 por un brote en el penal, denunció el diputado José Manuel Olivares.
“Fue trasladado el 4 de agosto al Hospital Universitario de Caracas con una dificultad respiratoria. Necesitaba que fuera ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos pero al no haber allí tuvo que ser trasladado al Centro Médico Maracay (a 120 kilómetros). Falleció en el traslado”, denunció el parlamentario opositor.
Echegaray, quien sufría una dolencia cardíaca, fue condenado en el 2010 por su presunto vínculo con el narcotraficante Walid Makled.
Los familiares y organizaciones no gubernamentales han denunciado sobre la presencia del COVID-19 en los penales de Ramo Verde, El Helicoide y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
“Esta muerte es responsabilidad de Nicolás Maduro. No podemos permitir que la indolencia y la criminalidad del dictador siga causando muertes en Venezuela. Hoy más que nunca todos los presos políticos deben estar en libertad por sus vidas están en riesgo frente a la pandemia”, denunció Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha mostrado su preocupación por la propagación del virus y exhortó al régimen de Nicolás Maduro a informar sobre las incidencias del COVID-19 entre los presos políticos en Venezuela.
“La Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Venezuela deberían visitar estos centros de tortura para ver el estado de las personas detenidas”, escribió Almagro en Twitter.
Hasta el 10 de agosto Venezuela registra 26.800 casos confirmados y 229 fallecidos por el virus, según datos proporcionados por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro.
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