Luisa Ortega Díaz implicada en caso de corrupción contra empresario venezolano

La Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz presuntamente recibió un soborno de gran tamaño por parte de un contratista de PDVSA para desestimar un caso de corrupción abierto contra las empresas del empresario, según una acusación presentada por la Fiscalía Federal de Miami.

Fuentes con conocimiento del caso confirmaron a el Nuevo Herald que Ortega es la persona identificada como Funcionario Venezolano Número 1 en el juicio contra el venezolano Carlos Enrique Urbano Fermín, quien es acusado principalmente de lavado de dinero y de usar el sistema financiero de Estados Unidos para pagar el soborno.

Ortega es considerada por el presidente interino Juan Guaidó como la legítima Fiscal General de Venezuela.

Urbano Fermín ha sido acusado simultáneamente de corrupción en Venezuela por cobrar sobreprecios en operaciones comerciales sostenidas con la estatal Petróleos de Venezuela, según la fiscalía bajo control del régimen de Nicolás Maduro.

Ortega, quien se encuentra en Colombia tras distanciarse de Maduro, negó las acusaciones en un video transmitido en la noche del miércoles a través de su cuenta de Twitter.

En el pronunciamiento, Ortega atribuyó la acusación a una operación de extorsión emprendida desde Venezuela por el fiscal de Maduro Tareck William Saab.

“Me sorprende que un caso montado vilmente por Tareck William Saab, como es la supuesta extorsión al ciudadano Carlos Enrique Urbano Fermín, se pueda estar investigando” en Estados Unidos, expresó Ortega en el video.

“El solo hecho de que Carlos Enrique Urbano Fermín tenga preso en Venezuela a su hermano y que luego de ese hecho aparezca en los Estados Unidos declarando en mi contra es un clave indicio de que él está coaccionado por el régimen venezolano”, agregó.

La acusación contra Urbano Fermín presentada el 20 de marzo en la Corte Federal del Sur de Florida alega que el empresario conspirócon otros, incluyendo con un intermediario, para pagar el soborno a cambio de ayuda para prevenir que sus compañías en Venezuela fuesen investigadas por corrupción por las relaciones que sostenían con filiales de PDVSA.

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