En informes publicados en 2019, Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron a las autoridades de Curazao por su trato a los migrantes venezolanos, que son deportados vía aérea a pesar del cierre de las fronteras entre ambos países. Las organizaciones de DD HH acusan a las autoridades de esos países de impedir el derecho de asilo.
Las denuncias de venezolanos detenidos en el exterior no cesan. El fenómeno sigue encendiendo las alarmas en Latinoamérica y buena parte del Caribe debido a las denuncias realizadas por la comunidad venezolana en Curazao. Los reportes señalan que los migrantes han sido víctimas por parte de las autoridades migratorias de esa isla, a pesar de poseer un estatus de refugiado avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La migración que llega a la isla caribeña hace que las autoridades aceleren aún más la deportación de venezolanos ilegales en el país. Desde comienzos de este año, ciudadanos venezolanos han denunciado que ha crecido el número de redadas policiales en bares, almacenes y restaurantes que emplean a personas indocumentadas.
Como consecuencia, los solicitantes de asilo, incluso los que tienen el estado de refugiados de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), terminan tratados como migrantes indocumentados, con poca o ninguna protección de acuerdo con informe internacional sobre los refugiados de enero 2019.
A pesar del cierre de la frontera por decisión de Nicolás Maduro en el tráfico aéreo y marítimo el pasado 18 de febrero de 2019, las autoridades de Curazao continuaron las deportaciones a Venezuela por vía aérea.
De acuerdo con la información recibida por El Diario, estas deportaciones se han multiplicado en el inicio de este año, a pesar de que los ciudadanos que han sido deportados deben ser enviados a cualquier país, menos a Venezuela.
José Antonio Oropeza, abogado y magíster en Derechos Humanos, explicó para El Diario que muchos ciudadanos se encuentran en grave estado de vulnerabilidad debido a que los detienen en sus lugares de trabajo, y luego son trasladados a un centro de reclusión cerca del aeropuerto.
Oropeza también indicó que Acnur entregó más de 20 certificados de refugiados que no están siendo avalados por funcionarios del DIMAS (Departamento de integración y gestión de extranjeros).
“El país caribeño no reconoce a los migrantes venezolanos como refugiados, sino que son calificados como ‘migrantes económicos’, es decir, que no son migrantes producto de la crisis del país. Los detienen hasta en su lugar de trabajo, los trasladan a un centro penitenciario cerca del aeropuerto y luego los suben a los aviones de la línea aérea Albatros para iniciar su proceso de deportación”, explicó el especialista.
Oropeza también denunció que los ciudadanos que han sido deportados por las autoridades de Curazao son trasladados en vuelos chárter de la Aerolínea Albatros, para luego aterrizar en el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo de Punto Fijo, en el estado Falcón.
Asimismo, el magíster en Derechos Humanos indicó que organizaciones internacionales como Acnur o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no han podido ingresar a las cárceles y centros de reclusión para constatar el estado de los ciudadanos.
En su lugar, Oropeza informa que algunos venezolanos que se encuentran en procedimiento de asilo toman la decisión de regresar voluntariamente al país para no sufrir una detención.
Foto: ONU
La organización Refugees International publicó un reporte sobre la situación y las dificultades que viven actualmente los venezolanos que decidieron salir de su país y radicarse en Curazao, una isla holandesa del Caribe.
Sin datos. No existen datos oficiales sobre el número de venezolanos en una situación irregular actualmente en Curazao, pero de acuerdo con las estimaciones recibidas por Refugees International, las cifras ascienden de 10.000 a 13.000 venezolanos bajo esta situación.
El gobierno de Curazao ha implementado una «estrategia de remoción activa» al arrestar, detener y deportar a venezolanos con estatus irregular. Curazao es parte del Reino de los Países Bajos y, como tal, está sujeto a varios tratados y convenios internacionales de derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Sin embargo, para los venezolanos en Curazao estos derechos son inaccesibles.
Debido a esta política los ciudadanos decidan esconderse. Los que permanecen en la isla no pueden acceder al mercado laboral formal, por lo que su única opción es trabajar en el sector informal, donde son vulnerables a la explotación y no tienen protección legal. Para las mujeres que enfrentan abusos a manos de parejas o ex parejas no hay ningún lugar al que recurrir para obtener protección o derecho a la salud.
Foto cortesía
Un organismo de irregularidades
No es la primera vez que se critica a los gobiernos de Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago por este asunto. Aunque en 2015 el gabinete de de este último país adoptó una política nacional para abordar la apremiante cuestión de los refugiados y solicitantes de asilo, no la puso en práctica.
La repatriación de 82 venezolanos en abril de 2018 por parte de Trinidad y Tobago recibió críticas por parte de Acnur, organismo que tildó la medida una “deportación forzada”, y que violaba la ley internacional.
Foto: Reuters
En una declaración a este mismo organismo, el gobierno de Trinidad señaló que aunque habían accedido a la Convención de los Refugiados de 1951, y son signatarios de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, un vacío legal “impidió la aplicación de los principios de protección adecuados para los refugiados y los solicitantes de asilo”.
El proceso de registro dará a los venezolanos que han huido la posibilidad de reclamar un nivel de protección mayor que el establecido en la ley de inmigración de Trinidad y Tobago, que sostiene que los migrantes indocumentados podían ser detenidos, multados y deportados.
Estatus legal inestable
El abogado José Antonio Oropeza indicó que cuando una persona se encuentra en un estatus ilegal, lo primero que debe hacer es ubicar oficina de alguna organización internacional de derechos humanos. Sin embargo, casi todos los consulados venezolanos en las islas del Caribe están cerrados desde hace meses, por lo tanto, las personas no tienen a nadie que los defienda o represente jurídicamente.
Foto cortesía
¿Con quién contactar en caso de estar en esta situación?
Oficina Regional para Estados Unidos y el Caribe (representa l ACNUR en Belice y el Caribe, con la excepción de Cuba).
Tel. (202) 296-5191
Fax:(202) 296-5660
Email: [email protected]
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe (OIM)
Tel: +506 22 12 53 00
Email: [email protected]
Los gobiernos caribeños han optado por implementar nuevas medidas migratorias debido a la oleada de venezolanos.
A medida que aumenta el éxodo venezolano, las naciones de la región endurecen sus controles migratorios. Es por ello que quienes son empujados por la crisis a migrar por vía marítima, ahora se encuentran atrapados en un lugar donde sus derechos pueden ser violentados, todo por sobrevivir a la crisis que atraviesa el país.
De acuerdo con las cifras más recientes de la ONU, en Curazao 16% de la población es venezolana; en Aruba, los venezolanos suman 15% de la población, y en Trinidad y Tobago, representan 3%.
Aunque existen más de 5.000 solicitudes de asilo, el proceso es lento, y puede extenderse durante meses. El resto de la población migrante venezolana sigue expuesta al arresto si trabajan sin permiso o no poseen la documentación pertinente.
Con información de El Diario
