Marzo 21,2019.- La Resolución 39/1 pidió un informe oral de actualización sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional.
Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país. Considero que esta es una primera medida positiva y confío en que conducirá a un acceso continuo de la Oficina en el futuro. Es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos.
Desde junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela- el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos.
Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.
La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales. Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales.
El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud.
Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país.
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