Noviembre 8,2018.- En octubre continuó la persecución a trabajadores públicos: enfermeras, bomberos, e incluso funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron víctimas de hostigamiento judicial; una práctica que busca silenciar las críticas al Gobierno por la mala administración, falta de implementos de trabajo y salarios que no cubren las necesidades básicas, resume en su informe mensual la ONG Espacio Público.
Venezuela continúa atravesando una emergencia humanitaria compleja donde la libre circulación de la información es clave para la contraloría social y para la toma de decisiones del día a día. Sin embargo, este mes al menos tres periódicos dejaron de imprimirse y uno redujo su frecuencia de publicación; salió del aire un programa por exigencias de derechos, dos medios de comunicación fueron víctimas de robos que comprometen su labor informativa, registramos cuatro casos con agresiones a periodistas, y detenciones de líderes sociales.
Menos medios, menos información
Octubre inició con más censura a páginas web informativas: el portal digital Noticias al Día denunció este 01 de octubre el bloqueo de su página web por parte de las operadoras Movistar, Movilnet, Cantv y Digitel, sumándose a La Patilla, El Nacional y El Pitazo. El medio de comunicación señaló que el bloqueo del portal de noticias es de tipo de Denegación de Servicios (DNS) y que la censura persiste desde hace más de un año.
Además de la restricción de acceso a la información en la web, en Espacio Público registramos la salida de al menos cuatro medios y programas. El martes 2 de octubre, la directiva del diario del Partido Comunista de Venezuela (PCV), “Tribuna Popular”, anunció que la situación del país y la crisis económica los obligó al a salir de circulación luego de una trayectoria de 70 años. La directiva del PCV expresó que la salida del diario se debe a la falta de recursos, la escasez de papel periódico y material de impresión dada la crisis económica que vive el país.
En Guayana, estado Bolívar, el diario El Luchador anunció el cese de la circulación de su versión impresa después de más de 113 años de impresión. La falta de papel prensa, dinero en efectivo, insumos y de publicidad obligaron a migrar a la web después del 04 de octubre, la última medida tomada por su directiva para seguir informando luego de haber reducido su tiraje a 8 páginas.
Al día siguiente el estado Aragua también se quedó sin uno de sus principales diarios: el periódico El Aragüeño dejó de circular tras 46 años de labor informativa ininterrumpida. Nuevamente las causas involucraron a la empresa estatal Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM) que tiene el monopolio de compra venta del papel periódico y materia prima desde 2013. El Aragüeño denunció que tiene dificultades para adquirir papel, tinta y el resto de la materia prima necesaria para imprimir.
Por último el Diario Caribazo anunció en su edición del miércoles 31 de octubre que circulará solo cuatro días a la semana, de martes a viernes, en el estado Nueva Esparta, buscando garantizar su labor informativa hasta diciembre de este año ya que también enfrentan problemas para adquirir el papel prensa. Ana Carolina Arias, periodista y aliada de Espacio Público, comentó que “la razón es alargar el papel que les queda, ya que tenían pensado llegar solo hasta diciembre”.
En cuanto a la radio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ordenó el 09 de octubre la salida del aire del programa Gente de Palabra, transmitido por Unión Radio 90.3 FM y conducido por Alonso Moleiro y Esteninf Olivarez. Moleiro explicó que Conatel sacó del aire el programa porque “le molestó, entre otras, que yo haya dicho que en este país no se hicieron unas elecciones limpias, decentes y justas, y que la sociedad democrática debería pedir que se repitan, que se hagan, unas verdaderas elecciones presidenciales”.
Por otra parte el sistema judicial también se involucró este mes en la permanencia fuera del aire de CNN en Español que desde febrero de 2017 no se ve en Venezuela. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró inadmisible una demanda para restablecer la señal de CNN en español; el ente considera, en contra de la ley, que los abogados del caso no tienen legitimidad para actuar en nombre de los intereses del caso. La decisión fue redactada por la magistrada Gladys Gutiérrez y publicada el pasado 16 de octubre.
Desde Espacio Público reiteramos la importancia que tienen los medios de comunicación en una sociedad democrática para mantener un debate público fuerte, informado y vigoroso, y lo esencial de que estos mantengan un carácter independiente y crítico para el ejercicio de otras libertades. El artículo 57 de nuestra Constitución garantiza que toda persona tiene derecho a expresar sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que pueda establecerse censura; asimismo, su artículo 58 establece la naturaleza plural y libre de la comunicación.
Continúan los robos
El Estado tiene la obligación de mantener la seguridad pública, resguardar el derecho a la propiedad privada y garantizar que el sistema judicial funcione de manera adecuada para señalar a los responsables y sancionar los delitos. Sin embargo la impunidad sigue siendo un motivo para que continúen los crímenes y, en el caso de los medios de comunicación, constituyen una violación indirecta del derecho a la libertad de expresión ya que en las circunstancias actuales se ve limitada la posibilidad de reponer los equipos e insumos necesarios para seguir operando.
La emisora de radio Mega Herzt 96.5 FM, en el estado Apure, y el diario El Siglo, en Aragua, fueron asaltados el 14 de octubre. En el primer caso los asaltantes ingresaron a la estación de radio ubicada en Biruaca, robaron consolas, micrófonos y equipos de grabación de las salas de transmisión y de entrevistas, poniendo en peligro la continuidad de las transmisiones debido al alto costo de reposición de los equipos.
A la sede del diario El Siglo en san Vicente, Maracay, ingresaron delincuentes, sometieron a los dos vigilantes que estaban en el sitio y cortaron el circuito eléctrico que resguardaba las instalaciones, donde el periódico almacena sus equipos y materiales. Trabajadores del diario indicaron que el robo produce limitaciones en el proceso de impresión del periódico.
La violencia no mata el mensaje
El hostigamiento e intimidación a periodistas tiene, en principio, un doble efecto: menos información disponible para la sociedad, e impulsar la inhibición de algunos profesionales de los medios para dar cobertura a ciertos eventos. En consecuencia la circulación de noticias debidamente registradas se reduce a los temas y espacios en donde se permite que haya trabajadores de la comunicación haciendo su trabajo con libertad, lo que reduce la pluralidad y afecta la democracia.
En octubre se registraron casos de este tipo en varios estados que abarcan todas las regiones del país: al centro, Llanos, en Los Andes, oriente y occidente. La periodista Mariangela García, del medio digital Notifalcón, resultó herida en el pecho y en los brazos con una piedra que fue lanzada a su carro por manifestantes durante una protesta por agua en Mitare, estado Falcón, el 01 de octubre.
Dos días después en el estado Zulia un guardaespaldas del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, golpeó con la culata de su arma a la periodista de Fe y Alegría Rosmina Suárez-Piña, mientras registraba la visita de Casanova al mercado de Las Pulgas para dar seguimiento a la intervención del lugar.
El 23 de octubre personal de seguridad hostigó a Pedro Izzo, periodista de El Pitazo, le obligó a borrar material gráfico y lo expulsaron del evento “Pedagogía de la Paz. Experiencia sobre el tratado de la Habana” donde participó como ponente Rodrigo Granda, ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El conversatorio se realizó en la Universidad de Los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, en el estado Guárico.
En el estado Mérida la corresponsal del portal web El Pitazo, Violeta Santiago, fue perseguida y hostigada por un motorizado cuando realizaba la cobertura de la concentración realizada por los gremios y estudiantes de la Universidad de Los Andes, el 25 de octubre, exigiendo mejores condiciones laborales y educativas.
Los sindicatos de trabajadores del estado Amazonas también fueron víctimas este mes. El 31 de octubre una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) irrumpió en una asamblea donde discutían las dificultades a las que se enfrenta el sector obrero. Los funcionarios se presentaron en el lugar pretendiendo ordenar la suspensión del evento, limitaron el tiempo de la reunión y recogieron la logística que los trabajadores habían organizado. Belkys Gutiérrez, representante sindical, señaló que el cabildo contaba con los permisos para que los trabajadores se reunirán para discutir sobre los abusos del Ejecutivo Nacional y regional en cuanto a la remuneración de sus salarios.
Tras las rejas por informar y denunciar
Trabajadores de la salud han sido constantemente perseguidos desde que iniciaran protestas por mejoras en los hospitales en cuanto a infraestructura, abastecimiento de insumos, y salarios. El 05 de octubre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Karen Peraza, Iliana Castillo y Denilda Luna, enfermeras del hospital Luis Razzetti del estado Anzoátegui, luego de que participaran en distintas protestas exigiendo mejoras en el sector salud y fueran citadas a declarar ante el Cicpc.
Según el comunicado difundido por el Colegio de Enfermería del estado Anzoátegui, las enfermeras estarían detenidas por mandato de un diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El 07 de octubre un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a la doctora Maryori Medina Parra, especialista en neumonología, quien fue trasladada el mismo día desde Puerto Ordaz, estado Bolívar, a Caracas. 20 funcionarios irrumpieron a la fuerza en el apartamento de la doctora, se la llevaron detenida, confiscaron su carro y computadora. La única información que manejan familiares, amigos y colegas de Medina es que se trata de una orden de captura desde la capital, aunque desconocen el motivo de la detención.
Las restricciones al gremio también se trasladan a la posibilidad de que periodistas tengan acceso a la fuente para publicar lo que sucede en los centros de salud. El 23 de octubre el jefe de Emergencias del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, Jesús Gil, impidió a reporteros de La Prensa de Monagas y de El Periódico de Monagas hacer cobertura sobre las consecuencias de las fallas en el suministro de agua potable al centro de salud.
La información respecto a este tema es de interés público y la cobertura dentro de los hospitales es un derecho de los periodistas en el ejercicio laboral, necesaria para que las personas puedan recibir información veraz y oportuna sobre el tema, derecho consagrado en la Constitución Nacional.
El descontento también se hizo escuchar en la GNB, razón por la cual 15 efectivos fueron detenidos en el Destacamento 351 de San Fernando de Apure después de presuntamente difundir un video el pasado mes de agosto donde se evidencia el colapso del Puesto Fronterizo Buenavista, “El Meta”. Los GNB fueron llamados por sus superiores bajo una falsa promesa de entrega de electrodomésticos y fueron dejados detenidos acusados por “traición a la patria”.
“Nos llega el agua hasta la cintura y rodilla. Hay agua pareja”, expresaron los efectivos en el video, describiendo los daños causados por las fuertes lluvias que azotaron el estado Apure, y los daños materiales sufridos en el puesto fronterizo de Buenavista y que afectan sus dormitorios, cocina y el resto de las áreas comunes del puesto.
Este caso es similar al de los bomberos de Mérida Carlos Julio Varón Gracia y Ricardo Antonio Prieto Parra, quienes fueron detenidos el 12 de septiembre por presuntamente difundir un video satírico donde comparan a Nicolás Maduro con un burro. Luego de 48 días detenidos injustamente, fueron excarcelados el 31 de octubre. El Tribunal decidió juzgarlos fuera de la cárcel, con medidas cautelares de presentación cada 30 días, prohibición de salida del estado, de utilización de redes sociales y de dar declaraciones públicas.
Durante la audiencia a los bomberos se le realizó el cambio en la calificación de los delitos, siendo imputados por vilipendio contra el Presidente e instigación pública, los cuales están previstos en el Código Penal en sus artículos 147 y 285, y se enfrentan a una pena de 9 años de prisión mientras se les impone censura ante el caso.
Al menos tres dirigentes sociales fueron hostigados judicialmente en octubre debido a su activismo en la exigencia del cumplimiento de derechos civiles y políticos. El 17 de octubre Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), detuvieron arbitrariamente al secretario general del Sindicato del Cemento del Estado Anzoátegui (Sintracea), Luis Chaparro, luego de dirigir asambleas y movilizaciones en defensa de derechos laborales.
La detención se llevó a cabo sin orden judicial, Testigos informaron que un grupo de hombres armados irrumpieron en la casa del dirigente sindical en Puerto La Cruz y lo sacaron a la fuerza. Chaparro fue liberado al día siguiente, luego de que fuera llevado a un comando de la Dgcim y sometido a un interrogatorio que duró toda la noche.
El 19 de octubre funcionarios del Sebin allanaron la casa del dirigente social y activista del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI), Saverio Vivas. Días antes el Presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, mostró un tuit de Saverio en su programa semanal, Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de televisión (VTV), y lo amenazó con enviarle a los cuerpos de seguridad, además de solicitar que se abriera una investigación apegada a la ilegítima Ley Contra el Odio en contra de Vivas, quien tuvo que salir del país por la persecución.
El líder comunitario Rafael Curvelo fue detenido por la PNB en la Avenida Panteón mientras protestaba por la acumulación de basura en Caracas el 26 de octubre. Narró que fue detenido arbitrariamente por al menos una hora, esposado y trasladado a la comisaría de San Bernardino de la PNB, recibió insultos y amenazas de los funcionarios antes de ser interrogado y liberado.
Cautelares de protección para Pedro Jaimes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a Pedro Jaimes Criollo una medida cautelar el 04 de octubre y solicita al Estado venezolano respetar sus derechos a la vida e integridad personal, proporcionando atención médica adecuada y mejorando las condiciones de detención de acuerdo a los estándares internacionales.
Pedro Jaimes está recluido desde el 10 de mayo en una celda del Sebin en El Helicoide, las condiciones de su encarcelamiento son crueles, ha sido sometido a malos tratos y producto de las repetidas golpizas tiene fractura en una costilla y contusiones en todo su cuerpo, en el transcurso de estos meses ha sufrido de desmayos y constantes ataques de asma. Durante sus más de cinco meses de detención Pedro ha sido privado del contacto con luz solar, la atención médica que recibe no ha sido efectiva, pues se limita expresamente a mitigar el dolor que posee a causa de las golpizas recibidas durante la detención.
