Agosto 02, 2018.- Daniel Martínez, de 32 años, estuvo preso en la Cárcel “la Tumba” de Caracas donde fue sometido a torturas y agresiones durante siete largos meses sin prueba alguna y sin un fallo condenatorio que lo obligara a estar recluido allí.
La tragedia empezó en 2016 cuando publicó en su red social un video de una extensa fila afuera de un supermercado. Lo empezaron a perseguir y pocos días después fue recluido en “La Tumba”, una de las peores cárceles de Venezuela. Lo acusaban de conspiración y traición a la patria, asociación para delinquir y uso de capitales en contra del Estado.
Encerrado y aislado en celda de 2×2 metros sin ventanas, pasó meses sin ver la luz del sol, sin derecho a una visita o un abogado defensor. Las infecciones que padecía se acentuaron con las torturas diarias, que comprendieron descargas eléctricas y golpes fustigantes que dejaron secuelas en su cuerpo.
“Te esposan guindado con los pies apoyados sobre los dedos durante 12 horas y te pegan cables de corriente en el cuerpo, en la barriga, abdomen, en las piernas, en los testículos, y si no, te agarran en una tabla con unos palos y te empiezan a golpear y tienes que contar, si no cuentas, es más fuerte cada vez, y así te dejan hasta doce horas, trece horas al día”, relató Daniel Martínez.
Durante semanas no le suministraron alimentos, razón por la cual bajó más de 50 kilos. Sin embargo, pese a su grave estado de enfermedad, que englobaba diversas infecciones, le negaron el acceso a la salud. Solo pudo huir de los tratos inhumanos y degradantes el día que firmó un poder donde oficialmente perdía todos sus bienes como empresario.
Poco tiempo después de salir de la cárcel, el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) siguió extorsionándolo, le quitó sus documentos y le exigió miles de dólares para levantar la restricción de salida del país. Cuando no pudo ceder más a esa coacción, escapó a Cúcuta por trochas, como se denominan los caminos ilegales para atravesar la frontera con Colombia. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, lo acogió en un albergue durante doce días, no obstante, la policía dio nuevamente con su paraje y tuvo que salir de esa ciudad intempestivamente.
Más de 12.300 personas, consideradas opositoras o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidas entre enero de 2014 y abril de 2018, aseguró un reciente informe de la ONU.
La impunidad en este régimen dictatorial es generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad, denunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y señaló que para impartir justicia es necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional.
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