Julio 17, 2018.- El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 5.315 protestas durante el primer semestre de 2018, de las cuales 464 se registraron en el estado Bolívar. Los reclamos que más imperaron en todo el país fueron los laborales, seguidos de los que atañen a los servicios básicos y el derecho a la alimentación.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 5.315 protestas durante el primer semestre de 2018, equivalente a un promedio de 30 diarias: un 7,8% más que en el mismo período del año pasado, cuando se registraron 4.930 manifestaciones de índole social.
En un desglose mensual se tiene que junio fue el mes más conflictivo, con 1.122 protestas en todo el país. Le siguen marzo (1.106), abril (927), mayo (850) como los más atizados por los reclamos de los venezolanos.
La mayoría de las protestas (84%) se caracterizó por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ante la falta de políticas públicas efectivas que atiendan los problemas urgentes de salud, alimentación y servicios básicos, los ciudadanos protestan a diario y estas son las manifestaciones que destacan por encima de las protestas políticas.
De las 5.315 manifestaciones, en 2.045 se exigieron distintos derechos simultáneamente, lo que se denomina protestas combinadas. Esto representó el 38% del universo registrado entre enero y junio de 2018.
Estados con más protestas
a los riesgos y amenazas, la población venezolana ha alzado su voz. Ejemplo de ello es el estado Bolívar, que se ubicó como el tercer estado con más manifestaciones de índole social durante el primer semestre, al registrar 464 protestas. Solo lo superan Distrito Capital, con 579; y Lara, con 541. Le siguen Mérida, con 458; y Anzoátegui, con 417.
Una breve caracterización de la protesta arroja que los principales reclamos del sector laboral fueron por salarios dignos, infraestructura e insumos; mientras que los profesionales de la salud y usuarios de centros hospitalarios acompañados de sus familiares, tomaron las calles para exigir un sistema de salud que garantice la vida.
La crisis universitaria no dejó de protagonizar la emergencia nacional, pues la pésima remuneración del profesorado y demás empleados universitarios, así como la falta de providencias estudiantiles y deserción, estuvieron presentes en la ola de reclamos que acaparó la agenda nacional entre enero y junio.
Las protestas por falta de alimentos y medicinas, colapso de los servicios básicos y transporte público terminan de conformar un cuadro en el que hubo, en promedio, unas 30 protestas por día en todo el territorio nacional.
La protesta social como protagonista en 2018
A diferencia del año pasado que las protestas tuvieron carácter político, las necesidades que atraviesan las familias venezolanas, debido a la crisis económica y emergencia humanitaria, han sido el epicentro de las protestas de 2018. En enero repuntaron las exigencias por alimentos y a lo largo del año se han distribuido entre derechos laborales, salud y servicios básicos.
En la medida que el gobierno no tome acciones, las protestas se agudizan y potencia la conflictividad social.
Durante el primer semestre los derechos más exigidos han variado pero manteniendo el énfasis en los aspectos sociales.
Los derechos más exigidos
Entre los derechos más demandados durante el primer semestre están: los laborales, presentes en 2019 protestas; servicios básicos, en 1391 manifestaciones; el derecho a la alimentación, en 722; a la salud, en 583; y a la educación, en 221.
Protestas de los jubilados en 2018
Los jubilados y pensionados realizaron 204 protestas en el primer semestre de 2018. A lo largo del año se han ido involucrando en las manifestaciones para expresar el malestar que los afecta.
Es de destacar que este sector congrega a un gran número de adultos mayores que ven desmejorados sus derechos, producto de la emergencia humanitaria compleja que crece en Venezuela, incluyendo el derecho a la seguridad social. Los jubilados y pensionados tienen solo un día al mes para el cobro de la pensión. La mayoría de los adultos mayores dependen de esos ingresos para cubrir necesidades básicas y medicinas.
Sistema de represión como respuesta a las protestas sociales
los primeros seis meses de 2018 fueron asesinadas 12 personas en el contexto de manifestaciones. Todos los casos ocurrieron durante protestas para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca). El 75% de las muertes ocurrió en protestas por alimentos.
11 personas fueron asesinadas por heridas de bala y una de las víctimas con un objeto contundente. Familiares y testigos denuncian a funcionarios del Estado como responsables de cinco de las muertes y a civiles armados como responsables de las otras siete.
Dentro de las víctimas se encuentran dos mujeres y dos menores de edad.
En el estado Mérida se registró el 40% de los asesinatos (5). El resto ocurrió en: Zulia (2) Trujillo (1), Barinas (1), Portuguesa (1), Anzoátegui (1) y Sucre (1).
La creciente represión en protestas sociales es un indicador más del progresivo colapso en Venezuela. El Gobierno está trasladando el sistema de represión que usaba fundamentalmente contra protestas políticas de oposición a la protesta social, donde tradicionalmente se encontraba su base de apoyo electoral.
OVCS exige cooperación humanitaria internacional
En el primer semestre de 2018 se agudizó la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Se documentó el colapso en el que está sumergido el país, producto de las medidas políticas que se han venido implementando desde el Gobierno, cuyos resultados han sido negativos para los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Y ha ocasionado una ola migratoria de personas que huyen del país en la búsqueda de alimentos, medicinas y condiciones mínimas que le permitan vivir dignamente.
La creciente conflictividad laboral,acompañada delcolapso de los servicios públicos, altos índices de criminalidad y violencia, la inseguridad alimentaria y ausencia del derecho a la salud, se acentuarán en la medida que no exista voluntad gubernamental para reconocer los errores y trabajar para solucionarlos.
Hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido mínima, insuficiente, parcial y represiva. El interés político y la permanencia en el poder han prevalecido sobre lo social y sobre el respeto a la dignidad humana.
En distintos espacios, nacionales e internacionales, las autoridades venezolanas han preferido negar la grave situación humanitaria. Las acciones o respuestas han sido de forma discriminatoria y no universal, al segregar a una parte de la población de ciertos beneficios. No conforme, han mantenido la criminalización de la protesta, haciéndola cada vez más represiva por la cantidad de muertos, heridos y detenidos en el marco de las manifestaciones.
El OVCS reitera, como en informes anteriores, que el Gobierno venezolano debe reconocer la magnitud de la crisis y entender que la cooperación humanitaria internacional es justa y necesaria. “De mantenerse el rumbo actual reiteramos que los daños serán irreparables. El país está sumido en la pobreza. Y la única respuesta del gobierno actual es la indolencia”, rematan. (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social).
