Junio 10, 2018.- Ruperto Molina Ramírez fue detenido el 18 de mayo en la Base Aérea El Libertador de Palo Negro, estado Aragua, durante el acuartelamiento antes de las elecciones presidenciales. Lo acusan de rebelión y traición a la patria, sin pruebas.
A su esposa nunca la dejaba con la comida lista. El teniente coronel de la Aviación Ruperto Molina Ramírez no ha vuelto más a casa desde el viernes 18 de mayo, cuando lo detuvieron mientras trabajaba.
Esa noche, Keyla Flores la pasó en vilo al no tener noticias de su esposo. Sabía de la aprehensión porque un cercano se lo comentó casi cinco horas después, pues hasta prohibieron que le informaran a ella. A las 3:00 a. m. la venció el sueño esperando saber de él.
Por tres días desconoció el paradero del teniente coronel Molina, a quien no le permitieron realizar ni siquiera una llamada. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvieron en la Base Aérea El Libertador de Palo Negro, en el estado Aragua, durante el acuartelamiento por las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
“Él me dijo que iría a comer a la casa porque como vive cerca podía regresar a dormir y como ese comando es relativamente nuevo aún no está habilitado para todos, se quedan los que viven más lejos. A las 4:00 p. m. lo llamé y su celular me salió apagado, ya estaba detenido pero yo no sabía nada”, contó.
Ruperto Molina Ramírez, de 42 años, tiene 25 años de servicio y además es comandante fundador de la Unidad de Fuerzas Especiales G-20 de la Aviación, creada hace dos años. Es padre de dos niños, de 12 y 10 años.
En la audiencia de presentación, efectuada el martes 22 de mayo en los tribunales militares, lo imputaron por los cargos de: traición a la patria, motín, rebelión, e instigación a la rebelión y contra decoro. Se declaró inocente.
Tiene 21 días sin comunicación —al 8 de junio— con sus familiares o defensores, en la sede del Dgcim de Boleíta, en Caracas.
Su esposa Keyla solo ha podido enviarle agua, dos mudas de ropa y artículos de aseo personal, porque no le permiten mandarle comida, visitarlo o siquiera hablar con él.
“Nadie me quería dar información de donde estaba él. Cuando llegué al Dgcim en Boleíta como eran las 6:00 p. m. me dijeron que ya no era hora de darme información, que regresara al día siguiente. Y en la audiencia de presentación no me permitieron pasar a pesar de que me identifiqué como su abogada”.
Junto al teniente coronel detuvieron a Lennin Falcón, quien es el tercero al mando en el comando. En total es un grupo de nueve comandos privados de libertad, uno de los primeros de la serie de detenciones de oficiales de la Armada, la a Guardia Nacional y la Aviación que se han registrado desde ese momento.
El Foro Penal Venezolano maneja que alrededor de 26 efectivos castrenses se encuentran tras las rejas desde el 26 de mayo.
Los nueve uniformados se encuentran en el Dgcim de Boleíta, aunque en la audiencia de presentación —en la cual les dictaron medida privativa de libertad— el defensor público Enrique Simeone Peña pidió como centro de reclusión Ramo Verde. Sin embargo, esa petición “fue echada para atrás” y en el acta indica la sede de Boleíta.
El 24 de mayo el presidente Nicolás Maduro ordenó al alto mando militar que la Fuerza Armada firmara un documento de lealtad, luego de que se descubriera que varios militares conspiraban para impedir las presidenciales del 20 de mayo.
Víctimas de maltratos y torturas
Durante las tres semanas que el teniente coronel Ruperto Molina tiene detenido, su esposa, Keyla Flores, no ha podido verlo y por lo tanto no ha podido asegurarse de que se encuentre bien de salud.
En las declaraciones aseguró que fue víctima de maltratos y torturas como ahorcamientos. Incluso otros detenidos denunciaron que fueron asfixiados con bolsas.
En el caso del teniente de Navío, Raúl Eduardo Díaz Casado, les pidieron a sus familiares que les llevaran analgésicos y antibióticos, sin poder constatar qué pasó. No les hicieron exámenes forenses.
Además de la violación de sus derechos fundamentales, como no permitirle un defensor privado, en el expediente hay un informe del Dgcim que indica que estos militares querían desestabilizar las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de julio de 2017, cometer un magnicidio y sabotear las elecciones presidenciales.
También afirman que se reunieron con dirigentes políticos como María Corina Machado y que recibieron financiamiento de los Estados Unidos, y Colombia. Pero nadie lo firma ni tiene validez probatoria.
Mi esposo es inocente y exijo que lo dejen en libertad. Pido que se respeten sus derechos fundamentales de la salud y además la visita”, soltó Keyla, quien espera poder visitarlo este sábado, día en el que, en teoría, deberían ingresar los familiares.
Hace aproximadamente tres meses el teniente coronel fue detenido por averiguaciones en el Dgcim de Maracay, pero lo soltaron horas después. En esa oportunidad le decomisaron su celular.
“Él mantuvo esa línea, ni la cambió, porque ‘quien no la debe no la teme’ y él dijo que no tiene nada que esconder”.
Hasta el 7 de junio el Foro Penal registró 302 presos políticos.
