Marzo 17, 2018.- En un documento de 266 páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalla la forma en la que el chavismo hundió las libertades y las condiciones de vida del pueblo venezolano.
Sin ambages, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el miércoles en Ginebra, Suiza, un informe de 266 páginas sobre la situación de Venezuela. No hay cabos sueltos.
En Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela, la CIDH expuso, de forma paralela al Período de Sesiones número 37 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la situación en la que viven los venezolanos en el régimen madurista y sus consecuencias: cientos de muertos por la crisis humanitaria y un éxodo sin precedentes en la historia nacional.
El comisionado Joel Hernández y el secretario ejecutivo Paulo Abrão, además de Kate Gilmore, alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentaron el informe.
“La decisión de elaborar el presente informe se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017”, expone el informe.
Institucionalidad democrática; protestas y libertad de expresión; violencia y seguridad ciudadana; y derechos económicos sociales, culturales y ambientales son los ejes del trabajo.
“A su vez, analiza de manera transversal las afectaciones específicas que personas, grupos y colectivos enfrentan por su condición de mayor riesgo, y discriminación y exclusión históricas, tales como mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; defensores y defensoras de derechos humanos; personas privadas de libertad; migrantes; y personas refugiadas o en similar situación; entre otros”, apunta.
La intromisión infaltable
El capítulo dedicado a la institucionalidad democrática se basa en demostrar justamente que la democracia no ha sido el fuerte del Estado venezolano en los últimos años.
“Se trata de una problemática compleja que tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos. Esta inobservancia del principio de separación de poderes se refleja de manera particularmente grave en la preocupante actuación del Poder Judicial, en especial en los dos últimos años”, sentencia la CIDH.
Y no deja pasa por alto una cúspide: la disolución, por la vía del servilismo del Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea Nacional legítima electa el 6 de diciembre de 2015.
“En efecto, el agravamiento de la crisis reciente en Venezuela se relaciona estrechamente con una serie de decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que representaron injerencias en la Asamblea Nacional (AN) y afectaron el principio de separación de poderes”.
La protesta, aplastada
Una gran parte del documento está centrado en la represión contra las protestas entre abril y julio de 2017, con énfasis en la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana en las detenciones arbitrarias y asesinatos de manifestantes.
“La comisión ha seguido con gran preocupación la situación de violencia contra manifestantes y estigmatización de líderes sociales, y de las y los defensores de derechos humanos en Venezuela durante 2017. Se calcula que tan solo en estos cuatro meses, 133 personas fallecieron, 4.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas arbitrariamente en el marco de las protestas”.
Y continúa: “La comisión ha recibido información acerca del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública por parte de la GNB y la PNB. Asimismo, como se señala en la presente sección, se ha recibido información sumamente preocupante sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la detención y proceso judicial iniciado contra los manifestantes, tales como prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación sexual, así como el procesamiento de civiles en la jurisdicción penal militar”.
Silencio y nada más
La inseguridad y la respuesta del Estado (masacres disfrazadas de enfrentamientos y militarización) son otra preocupación.
“En especial, el aumento sostenido de las ejecuciones extrajudiciales. El Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) ha documentado 1.396 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2015 (37% más que el 2014) y 2.379 en 2016 (70% más que el año anterior) 780. De acuerdo a dicha organización, en el primer trimestre del 2017 se presenta un incremento de un 11% con respecto al primer trimestre del 2016, lo que confirma la tendencia al aumento de las muertes violentas781”.
Destacan, por último, “los graves retrocesos en el acceso y disfrute de Desca, hasta el punto de no garantizarse contenidos esenciales de derechos tan vitales como la alimentación o la salud. En esa medida, la comisión advierte que un Estado en el cual gran parte de su población esté privada de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial o de condiciones de vivienda básicas”.
No hay cabos sueltos. Todo el informe está respaldado con datos en cada una de sus aseveraciones.
