Julio 03, 2017.- En comparación con el Centro Penitenciario El Dorado, estar recluidos en el Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo es un cambio significativo. La mala experiencia no ha sido solo para los 31 jóvenes que estuvieron en dicha cárcel y ya trasladados a Ciudad Guayana, sino también para sus padres, quienes cuentan a Correo del Caroní parte de lo que han vivido desde la aprehensión de sus hijos.
Juan Carlos Urbina y Celenis Segovia, padres de Juan Urbina; y Nora González, madre de Noel Jiménez, estudiantes de 4to semestre de Ingeniería Civil e Industrial, respectivamente, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), exigen el cumplimiento de la presunción de inocencia, denunciando la siembra de pruebas para justificar la arbitraria detención de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Las aprehensiones tuvieron lugar el 15 de junio en Alta Vista, cuando participaban de la marcha convocada ese día como parte de su derecho a la protesta pacífica consagrado en la Constitución. Al momento del conflicto se habrían retirado del lugar, trasladándose hasta una panadería en el Paseo Caroní. Iban a bordo de una camioneta y pasarían buscando a otros compañeros de universidad, donde tenían sus bolsos. En las inmediaciones de Wendy’s fueron interceptados por la GNB, donde le habrían sembrado material explosivo. Se los llevaron detenidos con todo y camioneta.
“La orden de la GNB es detener a muchachos estén o no involucrados”, expresó Urbina, quien además de declarar en nombre de Segovia y González, asegura ha vivido cuatro niveles de terror con esta situación.
El primero de ellos fue al conocer la detención de su hijo; seguido de la decisión del juez de privarlos de libertad, curiosamente el día del Padre; en tercer lugar, llegar a El Dorado y vivir una realidad nueva sobre este pueblo minero.
Por último el hecho de “no saber nada de tus hijos, sino por terceras personas, aplican un reglamento de un mes para recibir las visitas, sino fuese por personas de buena fe, no hubiésemos podido meter las cosas de alimentos e higiene”, atestiguó, pues efectivamente no habían podido cambiarse de ropa desde que fueron aprehendidos. Además, no todos los artículos fueron recibidos por los estudiantes.
Castigo para las familias
Para Urbina, el castigo no es solo para los jóvenes con la arbitraria privativa de libertad y su reclusión, sino también para los padres, en vista de lo que han tenido que pasar desde la detención hasta llegar a la cárcel El Dorado y no poder verlos.
Es de recordar que el acceso por vía terrestre les es prohibido, por lo que deben cruzar el río Cuyuní en Curiara, pagando 1.500 bolívares de ida y 1.500 bolívares de vuelta. Al llegar al lugar, la visita es negada por estar sometidos a un ‘proceso de adaptación‘ que implica que las mismas son permitidas después de 30 días a partir del ingreso de los detenidos, y las visitas de hombres, en un centro con unos 1.200 reclusos, no están permitidas.
“La experiencia más traumatizante que he vivido es tener a un hijo preso en El Dorado”, afirmó.
Previo al traslado a Guaiparo, solo llegaron a ver a sus hijos por medio de la foto filtrada en redes sociales, donde se confirmaba que habían sido rapados y vestidos de amarillo, al igual que el resto de los internos.
Reclusión en Guaiparo
A pesar que ahora las condiciones de reclusión son diferentes, los padres aprovechan para aclarar y desmentir que estén proporcionando pagos al secretario de Seguridad Ciudadana y el comisionado de la Policía para que los estudiantes reciban un trato diferente.
“Lo que hacen las autoridades es reconocer que nuestros hijos no son delincuentes”, manifestó Urbina, acotando que a pesar de la detención arbitraria, los jóvenes no fueron objetos de golpes y maltratos físicos durante su reclusión.
Por otra parte, mencionó que tribunales están nuevamente aplicando las libertades con medidas cautelares, como se hizo en las recientes detenciones en Ciudad Bolívar, por cuanto solicitan que se hagan extensivo con todos los detenidos. De ahí que exhorten a los tribunales de control acogerse a la postura de Fiscalía “que ha sido coherente”.
Tras una reunión con el gobernador Francisco Rangel Gómez, a quien le plantearon los excesos cometidos por la GNB al momento de las aprehensiones -mostrándose receptivo con la denuncia- esperan que realice las diligencias pertinentes en relación a los privados de libertad. Confían en que pronto sean liberados, ya que temen por la seguridad de estos jóvenes ante la situación del país y lo que pudiese suceder en este clima de conflicto.
