Julio 05, 2017.- Las últimas represiones accionadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han evidenciado una nueva táctica. No es solo dispersar trancas o manifestaciones, sino acorralar a quienes participen de ellas y atacar zonas residenciales, sin importar que ajenos resulten afectados. Lo más grave es que, de acuerdo con las denuncias de vecinos, los funcionarios militares no actúan solos, sino que civiles armados colaboran con las represiones y detenciones, haciendo uso de armas de fuego.
Para Mairis Balza, coordinadora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en Bolívar, esto “constituye un acto de violación múltiple de derechos humanos, consagrados en la Constitución y en los pactos internacionales, de los cuales el Estado es parte”.
Al quedar evidencia que en reiteradas oportunidades estos grupos armados han hecho presencia acompañados por funcionarios, prefigura que actúan bajo la complacencia del Estado o lo ha permitido por omisión, sin prever ni detener tales hechos.
El coordinador del Foro Penal Venezolano (FPV) en el estado Bolívar, Ezequiel Monsalve, menciona que “para nadie es un secreto que una de las violaciones más claras del Estado es la convalidación de fuerzas civiles en el control de manifestaciones, consintiendo que esto ocurra”.
Por otra parte, Monsalve observa que en Ciudad Guayana, a pesar que vecinos presumen que los civiles armados se traten de miembros de grupos parapoliciales, “no es menos cierto que puede tratarse de funcionarios de inteligencia sin identificación, lo cual es aún más grave”.
Estado responsable
Para el coordinador del Foro Penal, una de las principales consecuencias es una mayor probabilidad de generar reacciones adversas en la ciudadanía, ya que si se trata de funcionarios no identificados, se presumen que sean los llamados colectivos por lo que buscarían ejercer la defensa por sus propias manos.
Balza, por su parte, destaca los principios establecidos en la Corte Interamericana, citando casos como el de la masacre de Mapiripán vs Colombia, donde la Corte dictaminó que: “para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la convención (…) es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones”.
Además, “la falta de prevención por parte de los órganos de seguridad que ejecutan dichas actuaciones, desde donde se puede afirmar que, los actos de los individuos no son atribuibles al Estado pero representarán un hecho ilícito en caso de que los órganos estatales no hayan prevenido o reprimido estos actos”.
La coordinadora de Codehciu destaca a su vez dos aspectos: en primer lugar, recuerda que “es un principio básico del Derecho Internacional Público, respaldado por la jurisprudencia internacional, que los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe, tal y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969”.
En segundo lugar, el artículo 155 del Código Penal patrio establece la penalización por incumplimiento de pactos internacionales.
“Claro, debemos tener en cuenta que el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales, un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción, ya que los estados no tienen responsabilidad ilimitada por las acciones de terceros, sino que, debe ser establecido que al momento de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitar dicho riesgo”, argumenta Balza.
Ante todo, denunciar
Frente a estas arbitrariedades y violaciones de derechos fundamentales, el abogado Ezequiel Monsalve hace énfasis en la necesidad de denunciar, pese a la desconfianza en las instituciones.
Considera que esa misma desconfianza ha contribuido a que el ciudadano sea permisivo en que esas acciones ocurra, por cuanto sugiere activar los mecanismos de denuncias, bien sea a través de la Fiscalía de Derechos Fundamentales, Defensoría del Pueblo y medios de comunicación, a fin de evitar tomar la justicia por sus propias manos, ya que esto también constituye un delito.
“Es importante hacerlo (la denuncia), la gente no la hace por temor a que puedan tomar represalias en su contra, pero mientras más reservados seamos con la información sobre estos delitos, más arbitrariedades por parte de las personas que las están cometiendo”, puntualiza.
