Julio 28, 2017.- En el marco de la profunda crisis política que atraviesa Venezuela, el International Bar Association’s Human Rights Institute [Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados o IBAHRI] llama al gobierno venezolano a respetar y proteger la garantía de los derechos humanos, la independencia del poder judicial, la prevalencia del Estado de Derecho y el acceso a la justicia de todos los venezolanos y venezolanas.
La copresidenta de IBAHRI, Baronesa Helena Kennedy QC, declaró: ‘ Violaciones de la normativa venezolana evidencian la lenta erosión de las garantías democráticas, y potencian la creciente inestabilidad política en Venezuela. Profundamente preocupados, el IBAHRI llama al Presidente Maduro y a su administración a respetar los derechos humanos y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos los venezolanos. En un contexto de múltiples tensiones pedimos la protección del Estado de derecho, con especial énfasis en la independencia del poder judicial como establece la Constitución de Venezuela y el derecho internacional de los derechos humanos.’
Desde que las protestas en contra del gobierno comenzaron a principios de año, se han presentado una serie de incidentes que perjudican el Estado de Derecho y la separación de poderes en Venezuela. Esto incluye declaraciones del Presidente Nicolás Maduro calificando a los 33 jueces recientemente nombrados por la Asamblea Nacional como ‘espurios’ y anunciando que serán detenidos ‘uno a uno’ , por traición a la patria. Reportes públicos indican que tres de estos jueces ya han sido sometidos a arresto y detención arbitraria, sin acceso a un abogado u otras salvaguardias legales. Dentro de los parámetros de la Constitución venezolana la Asamblea Nacional puede nombrar y destituir a los jueces, sin embargo, en marzo de este año la misma, compuesta por una mayoría de la oposición política, fue despojada de todos sus poderes legislativos por el Tribunal Supremo.
En junio, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, fue convocada a una audiencia ante el Tribunal Supremo por haber impugnado la decisión de la Corte en marzo de este año mediante la cual se disolvía, en la práctica, la Asamblea Nacional, así como por su moción solicitando la dimisión de algunos miembros de la Corte Suprema. Desde entonces, la Sr Ortega ha visto sus bienes congelados y se le ha prohibido salir del país. La audiencia podría resultar en su destitución como Fiscal General. La Fiscal ha solicitado la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Copresidente de IBAHRI Embajador Hans Corell (retirado) dijo: ‘Las continuas infracciones a la Constitución venezolana demuestran un abuso del poder por parte del Ejecutivo y una falta de respeto a los principios fundamentales por los cuales los ciudadanos de Venezuela han acordado ser gobernados. Los relatos y reportes de manifestantes civiles encarcelados por personal del ejército y juzgados en cortes militares sin la presencia de sus abogados o familiares son alarmantes. Esta conducta constituye una violación tanto de la Constitución de Venezuela como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela en 1978. Como jefe de gobierno, llamamos al Presidente Maduro a suspender estas detenciones ilegítimas, así como el desmantelamiento de las leyes nacionales, a defiender los derechos inalienables de los ciudadanos de la nación y a cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales.’
