Julio 09, 2017.- Hace ocho años inició la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El concepto de su creación era construir una policía humanista, preventiva y cercana a las comunidades. Sin embargo, en la actualidad muchos funcionarios de la PNB han sido denunciados e imputados por delitos comunes y violación a los DDHH
Cada cuatro días un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) comete un delito. El Pitazo contabilizó, siguiendo las notas de prensa del Ministerio Público publicadas en su página web, que desde el año 2015 hasta junio de 2017 la Fiscalía ha imputado a 243 funcionarios de la PNB. Esta cifra corresponde a la comisión de un delito cada cuatro días.
La actuación delictiva y contra los derechos humanos de los funcionarios de la PNB no solo viola la Constitución de la República, los tratados internacionales, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el Estatuto de la Función Policial y demás normas y reglamentos en la materia. También va en contra de la idea originaria de la PNB y de la reforma policial: la creación de una policía nacional más humanista, preventiva y cercana a las comunidades.
En dos años y medio 48 funcionarios de la PNB fueron imputados por homicidio; 47, por corrupción; 25, por secuestro; 24, por trato cruel; 14, por robo; 12, por extorsión; 11, por evasión de detenidos; 10, por tráfico de drogas; 10, por agresión; 3, por hurto; 3, por sustracción de armas; y 2, por lesiones. Asimismo, los funcionarios han sido imputados por múltiples delitos: 22 por tortura y abuso sexual; 4, por tortura y homicidio; 3, por abuso sexual; 3, por robo y extorsión; y 2, por robo y trato cruel.
En el año 2015, el Ministerio Público imputó a 83 policías nacionales, en 2016 imputaron a 89 y en lo que va de año ha imputado a 71. Las acusaciones se realizaron a funcionarios del Distrito Capital y de 15 estados de los 23 que forman el país. Distrito Capital está a la cabeza, pues presenta 56 imputaciones en dos años y medios; le sigue Lara, con 23 acusados; y Aragua y Cojedes, con 22 cada uno. Sin embargo, de los 243 policías acusados solo 40 han sido privados de libertad, de acuerdo con las mismas notas publicadas por la Fiscalía.
Los casos no son aislados porque los funcionarios de la PNB delinquen en conjunto. Algunos de los títulos de las 86 notas de prensas revisadas por El Pitazo son: “Privados de libertad cuatro oficiales por pedir dinero a joven para no incriminarlo en caso de drogas”, “Ministerio Público acusó a 22 funcionarios de la PNB por torturar a dos hombres en Cojedes” y “Privan de libertad a dos efectivos de la PNB por muerte de joven en La Pastora”.
Asimismo, en los primeros cinco años de historia de la PNB (2010-2015), 101 policías nacionales violaron derechos humanos, según los informes anuales del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
Solo en 2011, dos años después la creación de la PNB, sus funcionarios habían asesinado a 12 personas, un promedio de uno al mes. Asimismo, integrantes de este organismo violentaron en 2014 el derecho a la vida de 23 personas, acción que los ubica en el segundo lugar de los cuerpos de seguridad del Estado con carácter nacional que realizaron más ejecuciones: 10,45 % de los casos registrados. Por encima de la PNB solo se ubicó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 86 asesinatos.
En 2015 la PNB fue el tercer cuerpo de seguridad del Estado en el ámbito nacional que más violó la integridad personal, con un registro de 82 casos. El primer cuerpo de seguridad fue el CICPC, con 208 casos; y el segundo, la Guardia Nacional, con 166.
La Conarepol y la nueva ley de servicio policial
El 10 de abril de 2006 salió publicado en Gaceta Oficial la resolución 124 firmada por Jesse Chacón Escamillo, ministro de Interior y Justicia en aquel momento. La resolución establecía la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol). “Urge construir, a través de la más amplia consulta popular, un nuevo modelo policial más humanizado, eficiente y transparente, a fin de acometer una profunda reestructuración, depuración y reforma en los órganos de Seguridad Ciudadana de todo el país”, reza la resolución sobre el motivo de la constitución de la Conarepol.
Luis Gerardo Gabaldón, criminólogo e integrante de la Conarepol, argumenta en un texto publicado por Redalyc que la creación de la Conarepol estuvo motivada por los escándalos ocurridos en los seis meses anteriores y donde estuvieron involucrados funcionarios de los cuerpos policiales. Entre ellos, Gabaldón menciona la masacre de la urbanización Kennedy de Caracas, donde varios estudiantes universitarios murieron en un dudoso operativo policial; el secuestro y asesinato de un empresario en el estado Aragua; así como el secuestro y asesinato de dos hermanos, hijos adolescentes de un comerciante en Caracas y su chofer.
La función de dicha Comisión, según lo establece el artículo 2 de la resolución, era elaborar el diseño, evaluación, diagnóstico, planificación y estructuración de las propuestas de reforma que comprenderían las normas, currículo, organización de los recursos logísticos, control interno, bienestar policial, relaciones con la comunidad, formación, capacitación, reclutamiento, selección, adiestramiento y régimen disciplinario de los funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana.
La Conarepol estaba integrada por un equipo multidisciplinario que contó con la participación del Gobierno, defensores de los derechos humanos y académicos. Sin embargo, Gabaldón advierte que hubo poca participación policial en el diseño de la reforma. Además señala que esa carencia es uno de los factores que no permitieron la aplicación cabal de la reforma policial. “Ninguna reforma llegará a ningún punto sin la activa participación de la policía”, escribió Gabaldón.
La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana fue publicada el 7 de diciembre del año 2009, después de la corrección de la primera ley de servicio policial, publicada un año antes.
Gabaldón comenta en su artículo, publicado en el año 2013, que la implementación de la reforma sufrió los “vaivenes de la política”. La “Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional fue promulgado el 26 de febrero de 2008, con cambios de última hora efectuados por la Comisión Revisora de la Vicepresidencia de la República. Estos cambios se tradujeron, principalmente, en la modificación del perfil del Consejo General de Policía, del organismo colegiado a la cabeza del sistema policial a instancia de asesoría y participación, la eliminación de las facultades de los estados y municipios para definir políticas y planes de seguridad a nivel regional, la concentración del poder de habilitación de los cuerpos policiales en el Ministro del Interior y Justicia, así como la eliminación de garantías procesales y judiciales para las medidas de intervención y suspensión de los cuerpos de policía”, escribió.
Asimismo, en el artículo 35 de la mencionada ley se crea el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con 10 años de retraso, ya que el artículo 332 de la Constitución de 1999 contemplaba la creación de un cuerpo de seguridad policial para todo el territorio nacional.
Cada cuatro días un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana comete un delito
