Junio 14, 2017.- El desmadre dictatorial se afinca en Ciudad Guayana: en un nuevo capítulo de la represión desmedida, los cuatro jóvenes detenidos en la noche del viernes en Los Mangos son ahora víctimas de una medida privativa ilegítima de libertad.
Ilegítima por lo siguiente: el lunes, según informó el representante de Foro Penal en Bolívar, Ezequiel Monsalve, se dictaminó que José Luis Chacón, Mauricio Jesús Gómez, Isabel Cristina Bartoli y Arianny Lezama (estas dos últimas, estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello) saldrían en libertad bajo fianza y con medida de presentación cada ocho días.
Pese a que ya estaban consignados los recaudos de los fiadores, según aseguró Monsalve, a las 9:50 de la mañana de este martes hubo un giro sorpresivo: los cuatro seguirían detenidos.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el organismo captor, recibió los oficios en los que se ordenan los traslados de Chacón y de Gómez al Internado Judicial de Ciudad Bolívar (o cárcel de Vista Hermosa), y de Bartoli y Lezama, al Centro de Coordinación Policía Ramón Eduardo Vizcaíno, en Inés Romero, San Félix.
Así, los cuatro jóvenes pasaron la noche ilegalmente presos. A pesar de que ya debían estar en libertad.
Tiene razón, pero…
Este martes, estudiantes y profesores ucabistas se concentraron al frente del Palacio de Justicia para exigir la liberación de los apresados. En la tarde, la Guardia Nacional Bolivariana llevó tres tanquetas y decenas de funcionarios para la sede de tribunales.
Hasta finales de la tarde no los habían llevado a los centros de reclusión asignados. A las 5:34, Monsalve informó acerca de los traslados.
Antes, el abogado había consignado la medida de “derecho a la vida y se pidió la revocatoria de los traslados a los sorpresivos centros de reclusión”. Amén de ello, la medida se concretó.
Retardo procesal
Yolvis Moreno, abogado y profesor de la UCAB Guayana, explicó que la medida es una privación ilegítima de libertad y que hay, además, un responsable: el tribunal a cargo del juez Pablo Hernández.
“Ya a los imputados se les aplicó una cautelar menos gravosa. Una vez que el tribunal recibe los fiadores y se hace uso de su principio constitucional de la celeridad, debe concretar la libertad. Por eso, en este caso hay una privación ilegítima: están detenidos arbitrariamente por un retardo procesal doloso”, analizó.
Apuntó que a partir del lunes, cuando el tribunal emitió la medida cautelar, hay un plazo de tres días para verificar a los fiadores. Sin embargo, “el principio de la libertad es más importante. Por eso es que este tribunal incurre en retardo procesal”.
¿Una lectura? Para Moreno hay una muy clara. “Esta es una medida de presión para promover el miedo a la ciudadanía que ejerce el derecho constitucional a la manifestación pacífica”. No parece ilógico, cuando las protestas en contra de la dictadura de Nicolás Maduro no han parado en más de dos meses.