Junio 19, 2017.- Ya no solo es cargar delitos no imputados por Fiscalía; el uso de control judicial por parte de los jueces de tribunales de control de Ciudad Guayana, pasando por encima del Ministerio Público a quien le corresponde la titularidad de la acción penal, se hace cada vez más frecuente a la hora de emitir sus fallos contra los detenidos en manifestaciones contra el gobierno.
Este domingo por la noche, el Tribunal Primero de Control dictó privativa de libertad a los 11 jóvenes aprehendidos arbitrariamente durante la represión de la Guardia Nacional en Alta Vista, el pasado 15 de junio. Esto a pesar que Fiscalía solicitó medida cautelar con fiadores para su liberación.
Juan Jesús Urbina Segovia, Sandino Ernesto León Febres, Noel José Jiménez González, Julio César Ottati Veracierta, Eduardo Jesús Márquez, Joineth José Viafara Pérez, Emerson Eudomio Salazar Pereira, Carlos Eduardo Coa Jiménez, Franluis José López Romero, José Pino y Eliab Samuel Petit Vera, este último dirigente juvenil de Voluntad Popular, permanecerán recluidos en el Destacamento 625 de la GNB.
Los jóvenes fueron llevados a los tribunales el pasado sábado pero el juez prolongó la detención arbitraria al diferir la audiencia preliminar para este domingo cuando sentenció en contra de ellos.
De acuerdo con la información del abogado Ezequiel Monsalve, coordinador del Foro Penal Venezolano en el estado Bolívar, “el juez fue recusado en sala por usurpación de funciones y atribución de funciones que no le corresponde”, denunciando además el uso inconstitucional del control judicial.
En rechazo a esta medida a todas luces fuera del margen de la ley, los estudiantes convocaron a una marcha que saldrá de la UCAB Guayana con destino a la sede del Poder Judicial en Puerto Ordaz.
El Vicerrectorado de la UCAB Guayana decidió anoche suspender las actividades académicas en respaldo a las acciones del movimiento estudiantil.
“La UCAB ratifica que la libertad personal es inviolable (artículo 44 constitucional) y que junto al derecho al debido proceso previsto en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, constituyen las garantías esenciales en todo Estado de Derecho. Derechos que lamentablemente fueron violentados por la Administración de Justicia, ante la criminalización de nuestros estudiantes”, señaló la casa de estudios tras conocerse la noticia.
“La UCAB exhorta al cese de actos de persecución violatorios del debido proceso contra miembros de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad venezolana en general”, agrega el comunicado.
31 presos políticos en Bolívar
Con esta medida, la semana cierra con 31 nuevos presos políticos en el estado Bolívar, contabilizando las recientes privativas de libertad contra los 21 apresados tanto por la GNB como por la Policía del estado en Ciudad Bolívar, el pasado 14 de junio.
Todos tendrán como sitio de reclusión la cárcel de El Dorado, centro penitenciario de alta peligrosidad, a excepción de Zuly Fuentes, dirigente de Vente Bolívar, quien estará en la comisaría de Agua Salada.
Asimismo, se suma la privativa que recibió el pasado viernes el estudiante de la Unexpo, Luis Adrián Acosta, detenido durante el plantón en dicha universidad el 14 de junio, imputado por los delitos de instigación pública, agavillamiento y obstrucción de la vía pública; estos dos últimos imputados por el juez haciendo uso del control judicial, práctica que se ha aplicado como una constante en las últimas audiencias, cuando en principio era la consignación de fiadores una medida usada para retardar las libertades.
La semana cierra, además, con una nueva detención por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Se trata del estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), Guillermo Maestracci. Según familiares, este fue aprehendido en la avenida Atlántico luego de visitar a su suegro en el sector Villa Bahía.
La persecución policial y judicial configura un nuevo desafío para la sociedad democrática que se mantiene en las calles desde el pasado abril en defensa de la Constitución.
Más de 70 venezolanos, entre ellos varios menores de edad, han fallecido durante las protestas en contra del desvío dictatorial de Maduro que pone en jaque la salida electoral, democrática y pacífica que mostró el pueblo venezolano en una contundencia inédita en las elecciones parlamentarias de 2015, eligiendo una Asamblea Nacional de mayoría opositora, lo cual develó al mundo la pérdida de apoyo popular del chavismo y su ruta de salida del poder.
La ONG Comisión para los DD HH y la Ciudadanía (Codehciu) extendió anoche su exigencia de libertad inmediata para los 11 jóvenes guayaneses. Un día antes la organización emitió un comunicado en el que exigen al presidente del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar respetar los derechos humanos y los principios constitucionales establecidos en los artículos 49 constitucional y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en consecuencia ejecute la libertad de los ciudadanos cuyos derechos han sido vulnerados por los jueces de control.
