Mayo 17, 2017.- Activista  de los derechos humanos, solía visitar cárceles para hacer donaciones a quienes consideraba presos de conciencia, hasta que tribunales militares decidieron enviarla a El Helicoide ya no como visitante, sino privada de libertad.

Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que se registraron en Venezuela durante febrero de 2014 marcaron un antes y un después en la vida de Lisbeth Añez que, desde  entonces, se dedicó a hacer donaciones de comida, medicinas y ropa para presos políticos en diversos recintos penitenciarios del país.

No era extraño que pasara un fin de semana visitando las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, en la avenida Victoria, y luego, a los pocos días, acudiera a la cárcel de El Rodeo, siempre con un objetivo común: prestar ayuda y compañía a quienes considera fueron privados de libertad por el hecho de querer un cambio.

Pero su destino sufrió un cambio de 180 grados el 12 de mayo, cuando su nombre pasó a engrosar las listas de los denominados “presos de conciencia”, para encontrarse con sus conocidos de El Helicoide, ya no de visita, sino como reclusa.

Aquél día, Añez tenía todo listo para abordar un vuelo internacional en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía pero, poco antes de subirse al avión, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la detuvieron alegando que sobre ella pesaba una orden de captura, por lo que fue presentada en tribunales militares, donde la acusaron por los delitos de rebelión militar y traición a la patria, por lo que le dictaron privativa de libertad.

Denuncian irregularidades

Desde el momento de su detención, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) y abogado encargado de su defensa, consideró que el caso estaba plagado de irregularidades.

“La decisión que derivó en la orden de captura no está justificada porque carece de elementos de convicción”, dijo Romero en declaraciones exclusivas para El Nacional Web. 

Explicó que los delitos de rebelión militar y traición a la patria, que tildó como los más graves del Código Procesal Militar, se los imputaron por “colaborar presuntamente con personas que organizan protestas”, detalló.

Además, presentaron como supuestas evidencias audios y conversaciones de Whatsapp. “Para nosotros no existen porque nunca nos los enseñaron”, fustigó. “En su maleta llevaba un libro sobre Leopoldo López, otro acerca de Iván Simonovis, un par de cartas dirigidas a la Asamblea Nacional exhortándolos a colaborar con la liberación de presos políticos, así como un par de reconocimientos por su labor como defensora de derechos humanos”, añadió.

Pasadas 48 horas luego de que se realizara la audiencia de presentación, Romero denunció que ni el equipo de defensa ni los familiares han podido visitar a Añez para constatar sus condiciones de reclusión ni su estado de salud.

Ni siquiera su hijo, Luis González Añez, pudo verla en El Helicoide para celebrar el día de las madres. “No me dejaron pasar”, sostuvo.

Justicia militar como “protagonista”

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció que, en  el caso de Añez, se trató de una detención arbitraria y que no puede ser procesada por tribunales militares debido a que es civil.

Lisbeth Añez, otra violación a debido proceso y DDHH d dictadura .Tomada presa d Maiquetía sin pruebas xa ser juzgada x TribunalMilitar

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