Mayo 15, 2017.- En los momentos de más alta represión, los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, han lanzado alrededor de 700 bombas lacrimógenas contra manifestantes durante las protestas ciudadanas realizadas en Caracas y otras ciudades del país, según los cálculos de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.
Solo cuando en las protestas estén amenazados bienes, servicios y personas que no participen en el evento, los cuerpos de seguridad pueden hacer uso de los gases irritantes para disuadir. Así consta en los estándares internacionales sobre el tema. “Nosotros hemos visto que en gran parte de las manifestaciones esos parámetros no se han cumplido”, expresó.
En algunas de las manifestaciones se han registrado heridos e incluso muertes de jóvenes por impacto de bombas lacrimógenas. San Miguel señaló que los funcionarios violan el derecho a la vida y la integridad física de los manifestantes. Afirmó que estos funcionarios pueden ser sancionados por lesiones con alevosía, y se puede ordenar una medida de privativa de libertad para ellos por darse la concurrencia de varios delitos.
“Es hora de que la fiscal general de la República (Luisa Ortega Díaz) comience a abrir acusaciones penales contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, por el control indebido de manifestaciones públicas y la muerte de tantos jóvenes”, declaró.
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