Marzo 13, 2017.- Los policías metropolitanos condenados por el caso del 11 de abril, no solo son los primero presos políticos de este régimen, sino los más atacados en un caso abiertamente político, en el que la culpabilidad o la inocencia no es lo importante
Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Enrique Molina deberían estar en libertad condicional. Marcos Hurtado debería estar en su casa y Arube Pérez en confinamiento.
Desde el 2010, Erasmo Bolívar, Hector Rovaín, Luis Enrique Molina, los tres condenados a 30 años de prisión por delitos de homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva; Marcos Hurtado y Arube Pérez, condenados de 16 años y ocho meses y 17 años y 10 meses, respectivamente, por homicidio calificado en grado de complicidad, por dos de las 19 muertes el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.
Condenados desde el momento en que la juez cuarta de juicio del estado Aragua, Maryori Calderón, dictó sentencia por delitos ordinarios, previstos en el ordenamiento jurídico vigente y sobre los cuales estableció los lapsos para el disfrute de los derechos procesales: Destacamentos de trabajo, régimen abierto, confinamiento y redención de la pena.
A Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Enrique Molina, dos de las fórmulas alternativas al cumplimiento de la condena, que dan pie a la redención de la pena, ya se les vencieron: Destacamento de trabajo, 15 de octubre de 2010 y régimen abierto, el 15 de diciembre de 2013. Todos los requisitos han sido cumplidos. Si a estos lapsos se les computan las horas de estudio y trabajo realizadas durante el cumplimiento de la condena, el destacamento de trabajo debió otorgarse en el año 2007, y ya deberían estar en libertad condicional, haciendo válido lo contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Constitución
En el caso de Marcos Hurtado y Arube Pérez, todas las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena están vencidas. Ellos fueron condenados a 16 años y 8 meses y a 17 años y 10 meses, respectivamente. Nuevamente, las “omisiones y errores” judiciales aparecen en estos casos. Lo que se presume es que ningún tribunal tenga la osadía de otorgarles derechos procesales por la connotación política que se le dio a un juicio en el que se condenó a personas que no estaban en el sitio o que no habían disparado sus armas.
Marjorie Caldelrón dicto sentencia el 3 de abril de 2009 por delitos ordinarios. Básicamente homicidio calificado en grado de complicidad y de frustración, por dos de las 19 muertes ocurridas en Puente Llaguno, donde todos los videos reflejan a pistoleros oficialistas disparando desde arriba de Puente Llaguno, lo que coincidía con la trayectoria descendente de las balas en los cuerpos de las víctimas, como lo indicaron las experticias practicadas en el momento. Los policías estaban en la parte de abajo. Contra pronóstico, fueron condenados.
El doctor Alberto Aldana consignó en el tribunal, en abril de este año, un escrito haciendo mención a las reiteradas solicitudes previas en el caso de Marcos Hurtado y notificando que, por mandato expreso de la Ley, no se puede interpretar que actualizar el cómputo por la redención de la pena genere impunidad ni ningún tipo de beneficio distinto. Es un derecho que nace por el simple hecho de estar privado de libertad y realizando labores intramuros en el tiempo de reclusión”.
Por esa denegación se accionó en amparo constitucional, el 9 de diciembre. La Ley de Amparo Constitucional dice que en un lapso no mayor a 24 horas la Corte de Apelaciones debe pronunciarse con respecto a la admisión o no de este recurso y debe tramitarlo en un lapso no mayor a 96 horas.
Las irregularidades siguen. La Ley de Amparo y Derechos y Garantías Constitucionales establece que todos los días son hábiles en materia de amparo constitucional, pero la espera por la designación del nuevo presidente de la corte de de Apelaciones ni del Circuito Judicial Penal, es una violación de la ley. Los lapsos para la decisión en torno al recurso de Amparo están vencidos. Otra denegación de justicia.
La historia de los policías metropolitanos involucrados por el Gobierno en dos de las 19 muertes ocurridas en Puente Llaguno el 11 de Abril de 2002 ha estado plagada de irregularidades. Una justicia llena de omisiones judiciales y tristemente plegada a las órdenes del Ejecutivo. Una denegación de justicia tras otra, tremendamente vergonzosa.
