Provea: Ningún diálogo puede avalar violación y desconocimiento de derechos constitucionales

Caracas. Tras los acuerdos de la II Reunión Plenaria en el Marco del Diálogo Nacional, en la que participan Gobierno y oposición, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) señala en un comunicado que ninguna instancia de diálogo puede, legítimamente, avalar la violación y el desconocimiento de los derechos consagrados en la Carta Magna.

En un comunicado indica que la organización ha apoyado en el pasado cualquier instancia para consensuar soluciones a la grave crisis social, económica y política que experimenta Venezuela. Y sostiene: “Provea ha caracterizado esta crisis como de alarmantes retrocesos en las garantías para el disfrute de derechos sociales, especialmente en salud y alimentación; aumento preocupante de la exclusión; criminalización de la pobreza, la protesta y la disidencia y obstaculización en el ejercicio de diferentes derechos civiles y políticos, agravados con la ruptura del hilo constitucional a partir del decreto de estado de excepción, y la transformación del gobierno de Nicolás Maduro en una dictadura, ante la decisión tomada el pasado 20 de octubre que indica que el Gobierno no permitirá elecciones hasta que pueda obtener resultados favorables”.

Añade que se valora positivamente que la situación de escasez y desabastecimiento haya estado presente en dicha mesa de diálogo, acordando “priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación”. Asimismo, reconocen el espíritu de respeto presente en la Declaración Conjunta “Convivir en Paz”, adoptada por la mesa de diálogo, que puede generar condiciones para una mayor tolerancia entre los venezolanos.

Con todo, Provea afirma que lamenta que la ausencia de temas imprescindibles, como el acuerdo del cronograma electoral que devuelva al país al terreno de la democracia, signifique que esta Mesa de Diálogo esté avalando la violación y desconocimiento de derechos consagrados en la Constitución:

“El no pronunciarse sobre la obligatoriedad de realizar las elecciones regionales, en el plazo que estipula la Carta Magna, y al no permitir la evaluación de la gestión del presidente Nicolás Maduro a la mitad de su gestión, mediante la participación en un referendo revocatorio, constituye una violación conjunta de la voluntad popular, que debe ser expresada mediante el voto”.

Rechaza que el resultado de esta II reunión plenaria haya asumido los considerandos presentes en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que establecen como causa de los problemas sociales del país la denominada “guerra económica”, en la que el supuesto sabotaje, boicot y agresión a la economía venezolana son las responsables de la situación de escasez y desabastecimiento de alimentos, liberando de toda responsabilidad a la propia gestión gubernamental.

“Si bien la Constitución establece los períodos en los cuales deben renovarse los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), esta mesa de diálogo ha expresado su voluntad de acatar la Carta Magna y realizar la sustitución de los dos rectores cuyo plazo vence en diciembre de 2016. No obstante, el camino hacia el equilibrio e independencia de los poderes públicos necesita de otras acciones, como por ejemplo, la transformación del sistema de administración de justicia, el cual el pasado 20 de octubre decidió suspender, sin atribuciones para ello, el proceso de recolección de firmas del 20 % para la activación del RR. Es urgente atender la falta de independencia del Poder Judicial pues una administración de justicia politizada no favorece la resolución pacífica de los conflictos”, sostiene la ONG.

Agrega que “no existe paz posible sin democracia, con graves violaciones a los derechos humanos y con la existencia de personas privadas de libertad debido a sus opiniones políticas. Cualquier diálogo debe incluir dentro de sus temas el cese a la discriminación, la persecución a la disidencia política y la represión a la protesta social”.

Provea: Ningún diálogo puede avalar violación y desconocimiento de derechos constitucionales