Noviembre 24, 2016.-En Video: Doménico Di Gregorio Rossi, exjuez de primera instancia de control en Maracay, tuvo que dejar de ejercer luego de ser destituido y amenazado por no obedecer órdenes políticas enfocadas en apresar a los policías metropolitanos del 11-A
Doménico Di Gregorio Rossi supo que las amenazas eran reales una mañana en los tribunales. Estaba revisando documentos de uno de los juicios políticos más viciados en el país cuando recibió la llamada de un vecino. Grupos armados y violentos habían entrado a su residencia repitiendo una y otra vez su nombre. Fueron por él, pero no lo consiguieron. Estaba sentado frente a su escritorio estudiando los expedientes del caso que le costó su carrera y le cambió la vida: Puente Llaguno. No obedeció órdenes del alto Gobierno y fue desplazado. Casi automáticamente tres comisarios y ocho policías metropolitanos fueron apresados. Terminaron condenados tres años después. La justicia verdadera, a diferencia de esa sentencia tardía, no ha llegado.
Ese día, el abogado había decido caminar desde su residencia hasta el Palacio de Justicia de Maracay: un kilómetro. Hizo el recorrido despacio. Fueron cinco cuadras en las que pasó por un área militar, viviendas, un centro comercial y dos semáforos. Su camioneta la había dejado en el estacionamiento. Y fue el blanco elegido por los agresores para dejar constancia de su acción con un disparo certero en el vidrio del piloto.
“Gente del Gobierno” llamaba a su oficina desde antes. Rossi nunca atendió para no caer en su trampa. Hubo comunicaciones a su celular advirtiéndole que irían contra la vida de sus hijos y hasta el anuncio público del presidente Hugo Chávez de removerlo del cargo como juez de primera instancia de control en Maracay. Todo por negarse a emitir órdenes de aprehensión contra los policías metropolitanos y enfrentarse a quien definió como el gran aliado de la injusticia en el caso: el fiscal de Ministerio Público, Danilo Anderson.
UN JUEZ IGNORANTE
Hay detalles del caso que se le han olvidado. Di Gregorio Rossi ha elegido dejarlos atrás. Pero si hay algo en lo que no titubea es en la conclusión que habría tenido el juicio contra los funcionarios implicados en los hechos del 11 de abril de 2002, de haber continuado bajo su responsabilidad: “No estarían tras las rejas”.
No había elementos que probaran la responsabilidad de los uniformados en los hechos de ese día. Tampoco había motivos para que el juez firmara la orden de captura el 27 de diciembre de 2002, cuando fue solicitado por Anderson. “Ellos ya estaban bajo régimen de presentación y lo cumplían. No había riesgo de que evadieran la justicia”, y por eso lo llamaron “ignorante”.
El fiscal invocó el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que establecía la petición bajo un asunto de extrema urgencia, y en el análisis de las actas procesales que Di Gregorio hizo no se comprobó la premura. La petición que se le entregó era en una copia fotostática sin la certificación del fiscal general, lo que carece de toda legalidad. “Eso demostró que el ignorante era otro”.
La explicación molestó al Gobierno, empeñado en señalar a los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, el exsecretario de seguridad ciudadana de la alcaldía mayor Iván Simonovis y los funcionarios Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Alfonso Zapata, Marcos Hurtado y Rafael Neazoa. Menos de un mes después le llegó la destitución del juez. Fue el 22 de enero de 2003, tras las insistentes denuncias de Anderson que señalaban a Di Gregorio Rossi como parcializado y apegado a los intereses de la derecha, cuando en su cartera nunca hubo ni un carnet que lo identificara con ningún partido político, solo figuraba su credencial como funcionario de carrera desde 1985.
La vida le cambió. El abogado ya no viste de toga. La dejó engavetada hace 13 años. Lo mismo hizo con su título universitario, ya no ejerce. El fantasma de haber sido el juez con el caso de Puente Llaguno en sus manos no se lo permitió. El tiempo pasaba y siempre había alguien, en un supermercado, en el banco o en la farmacia que le preguntaba por los policías, el proceso y su destitución. En 2008 tuvo que dejarlo todo y se mudó de Maracay a Valencia, “lo hice huyendo”, reflexiona. Hoy, lejos de parecerse a esa imagen de los recortes de periódicos que aún conserva y que narran el antes y después de su carrera, ya nadie lo recuerda. Está en el olvido, como también lo han estadolos cinco policías metropolitanos que aún pagan condenas de hasta 30 años tras las rejas
