Octubre 17, 2016.-El número de funcionarios venezolanos a los que Washington les ha quitado la visa para ingresar en su territorio o le ha congelado sus fondos y bienes por sus nexos con el narcotráfico, o por violar los Derechos Humanos, no deja de crecer.
Caracas. La lista de funcionarios venezolanos sancionados por el Gobierno de Estados Unidos, bien sea por sus nexos con el narcotráfico, con el terrorismo o por violar Derechos Humanos, no para de crecer y esta semana la han engrosado al menos dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Departamento de Estado notificó esta semana a los miembros de la Sala Constitucional, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales, que sus visas para ingresar a su territorio habían sido revocadas. Aunque ni Washington ni la embajada estadounidense en Caracas dieron a conocer la información, fuentes cercanas a Zuleta confirmaron que ella “recibió un correo donde le anunciaban que le anulaban su permiso para ingresar a Estados Unidos sin explicación ninguna”.
Zuleta y Delgado son dos de los magistrados que han redactado o suscrito sentencias que le han arrebatado potestades a la Asamblea Nacional (AN) y, por ello, en predios judiciales dan por hecho que la sanción está sustentada en la Ley de Defensa de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Venezuela, mediante la cual el Congreso de EE. UU. autorizó al presidente de ese país, Barack Obama, a retirarle las visas y congelarle las cuentas y bienes a los funcionarios venezolanos sospechosos de violar los DDHH y atentar contra la democracia.
Hasta ahora, Washington solamente ha anunciado que gracias a este instrumento, siete funcionarios, entre ellos el actual jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general Gustavo González López; y la exfiscal Katherine Harrington, habían sido sancionados. Sin embargo, en agosto pasado un grupo de congresistas informaron que 62 más habían sido castigados en base a la ley y lo hicieron en una carta donde solicitaron al presidente Obama penalizar a más personas.
Al número anterior habría que incluir a los 29 venezolanos que figuran en la lista que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) elabora con los particulares y las empresas sancionadas por presuntamente hacer negocios con narcos, terroristas o corruptos.
El general (r) Cliver Alcalá Cordones, exedecán del fallecido Hugo Chávez y exjefe de la Región de Defensa Integral de Guayana (REDI), encabeza la lista en la que también están los gobernadores de Guárico y de Trujillo, Ramón Rodríguez Chacín y Henry Rangel Silva, respectivamente; así como el exdirector de la Inteligencia Militar y ahora diputado oficialista, Hugo Carvajal.
¿Y la sentencia histórica?
La decisión contra Zuleta y Delgado resulta paradójica por decir lo menos, pues ambos suscribieron la sentencia número 100 que el año pasado dictó la Sala Constitucional, en la cual la instancia judicial calificó de “agresión” y acto de “injerencia” la ley que permite a la Casa Blanca sancionar a funcionarios venezolanos y afirmó que “EE. UU. no tiene jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República”.
Pese a que en el dictamen la Sala aseguró que la Ley “carece de validez y efectividad y que es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República y sus nacionales”, los magistrados ya no tienen visa y no podrán viajar a EE. UU.
Los magistrados del TSJ engrosan la lista de sancionados por EE. UU.
