Septiembre 26, 2016.-En caraotas, guayabas, papa, cambur y huevo la familia de Carmen (nombre ficticio) ahora gasta Bs 8.810 quincenal. Antes lo obtenían gratis porque su casa también era su mercado particular. Ahora, se quedaron sin el huerto y sin propiedad, para dar un mejor panorama al parque Hugo Chávez en Caracas.

Carmen, su esposo y tres hijos fueron parte de los 300 desalojados por la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en julio de 2015. La primera comunidad a la que le derribaron sus casas de forma arbitraria y que luego el Gobierno presentó como un nicho de paramilitares, invasores y consejos comunales corruptos.

En menos de una semana lo perdieron todo. Aunque el Estado dispuso camiones de la Misión Barrio Nuevo Tricolor y un galpón de depósito en La Yaguara para los enseres del hogar, un saqueo paulatino en esas instalaciones les quitó lo que no se perdió en el traslado.

Un contingente de 1.477 hombres de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) invadió su comunidad el 24 de julio en la madrugada y los sacó sin piedad de sus viviendas, aunque Carmen formaba parte del Consejo Comunal de El Cují del kilómetro 3 de la Panamericana, mantenía contacto con el Gobierno y la Alcaldía de Distrito Capital y promovía el voto para Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El resultado de esa OLP fue de 18 detenidos y cerca 300 casas derrumbadas, las que se encontraban entre el kilómetro tres al ocho de la Panamericana.

“Éramos una comunidad formal. Primero nos dijeron que era un desalojo por el parque y al día siguiente sale en los periódicos que era una OLP porque éramos fascistas, paramilitares y nos pusieron a los consejos comunales como unos corruptos. Cuando la OLP te quita tu casa ya no sabes en quién creer, porque si nos trataron así a nosotros que trabajamos con ellos y votamos por ellos. Eso duele”, lamentó Carmen.

Recordó que los primeros días durmió a la intemperie, entre las ruinas de un barrio que tenía más de 20 años de formado. Luego de reclamos al coronel Machuca de la GNB, casi 200 familias terminaron en un refugio en El Cementerio, que compartían con otras provenientes de la Torre de David, el barrio vertical en La Candelaria que desalojaron en 2014.

Ocho meses estuvo Carmen, su esposo y sus cuatro hijos compartiendo las literas de siete galpones del refugio Ciudadela detrás del Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton, al final de la avenida Roosevelt de El Cementerio. Y en marzo de 2016, atendieron el llamado que le hizo a la Misión Vivienda en 2011. Le otorgaron un apartamento en Ciudad Tiuna.

Estado raspado

“Junto a las ejecuciones policiales y las detenciones arbitrarias masivas, uno de los aspectos más resaltantes es que por primera vez en Venezuela se usó la vivienda no como derecho sino como castigo. 976 viviendas han sido destruidas de forma ilegal y arbitraria por la fuerza pública que han actuado en la OLP”, explica el Informe Anual de Provea para 2015 sobre los desalojos que, como a Carmen, dejaron a cientos de personas damnificadas.

A estas arbitrariedades se suman las 1.490 viviendas “recuperadas” de la Misión Vivienda. Esta es la situación que Provea plantea como “castigo”, pues la medida se realizó después de que el presidente Nicolás Maduro ordenó desalojar de complejos urbanísticos del Estado a todo implicado en un delito. Estas cifras son parte del Informe Anual del Ministerio Público de 2015.

“Se demuestra que los beneficiarios de la Misión Vivienda no cuenta con la protección necesaria contra los desalojos forzosos lo cual es parte de los derechos humanos, del derecho a la vivienda digna. Es decir, no tienen título de propiedad”, explicó Rafael Uzcátegui, director de Provea.

El Estado sacó 01 en Derecho a la Vivienda Digna al aplicar la OLP. Para poder desalojar de manera forzosa a los ciudadanos de una vivienda el Estado debe cumplir los requisitos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas suscritos en 1993. Ninguno de los 10 fue aplicado con los 2.466 casos registrados por Provea en 2015.

Para Uzcátegui, no existe una política democrática de control de la seguridad ciudadana. Aclaró que la OLP está de espalda a la Conarepol (diagnóstico de la criminalidad en 2007 y serie de recomendaciones creadas luego de una consulta nacional y con colaboración de diferentes expertos, opositores y oficialistas).

“Un año después, nuestra conclusión es que la OLP no intentar mermar la delincuencia sino intimidar a los sectores populares para que no tengan  respuesta ante una crisis económica”, manifestó el especialista.

Nueva rutina

Para la familia de Carmen el proceso de adaptación al refugio en El Cementerio no solo fue difícil por tener que compartir con otras personas, sino también por la delincuencia que los azotaba. Esta es una de las zonas con conflictos delictivos de mayor trascendencia en Caracas.

“Esa zona era peligrosa. En la parte de atrás, que da al barrio, se caían a tiros y uno tenía que resguardarse debajo de las literas. Las personas no podían llegar después de las 7:00 pm porque los robaban e incluso a dos vecinos les quitaron sus motos”, narró la mujer.

Además de eso, la rutina de sus cuatro hijos (15, 14 y dos de 7) cambió: comenzaron a despertar más temprano para ir al liceo y colegio en Coche. El trayecto que antes, en la Panamericana, les llevaba media hora, ahora les llevaba dos.

Luego vino el cambio de residencia a la Misión Vivienda de Ciudad Tiuna. Pese a que ella comenzó a trabajar como comerciante, todavía no ha podido comprar sus electrodomésticos y muebles. Extraña la libertad que tenía en su casa de la Panamericana, pero da gracias a Dios por su nueva vivienda porque en el refugio todavía quedan 130 familias.

“Mis hijos se quejan porque antes teníamos siembras, ellos podían salir al patio y comer cambur, yuca, plátano, papa, guayaba y hasta huevos por las gallinas que teníamos. Sinceramente yo no quiero saber más nada de consejos comunales, de socialismo, de nada. Me acuerdo del día que nos sacaron y lo que me da es dolor, un profundo dolor”, expresó.

Foto portada: Gabriela García

Desplazados por la violencia: “Cuando la OLP te quita tu casa ya no sabes en quién creer” ( y IV)

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