Agosto 02, 2016.-Venezolanos denuncian que con la nueva resolución laboral el Gobierno suspende garantías constitucionales y dispone arbitrariamente de los trabajadores
Ante la resolución 9855 publicada en Gaceta Oficial por el Gobierno Nacional, Amnistía Internacional advirtió que en Venezuela estaría de regreso el “trabajo forzado”.
La normativa impuesta por el Ejecutivo obliga a las empresas privadas y públicas a que parte de sus trabajadores presten su mano de obra para ejercer labores agrícolas por al menos 60 días.
La resolución ha causado gran polémica entre los venezolanos, pues aseguran que con esta ley la esclavitud estaría de regreso, ya que el Gobierno venezolano, a través del Ministerio del Trabajo estarían obligando a los empleados a prestar un servicio sin consultarles; además los estarían apartando de las condiciones de trabajo para la cual inicialmente fueron contratados.
“Tratar de abordar la fuerte falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como tratar de curar una pierna quebrada con una curita” dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La medida del Gobierno establece que aquellos empleados que trabajen en empresas públicas y privadas pueden ser llamados a laborar en “aquellas entidades que son objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción”. También dispone que los trabajadores deberán laborar temporalmente en estas compañías por un mínimo de 60 días, cuando sus “contratos” pueden ser renovados automáticamente por un período extra de 60 días más o se les permitirá regresar a sus trabajos originarios.
Este viernes 29 de julio, Francisco Martínez, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) informó en una rueda de prensa que con la resolución inconsulta del Gobierno, la situación en el país empeorará.
El gobierno nuevamente anuncia un decreto en materia laboral de forma inconsulta y de forma impuesta, que tiende a (crear) complicaciones. Hemos visto que nos han confiscado tierras, activos, han confiscado inventarios de materia prima como de productos terminados y ahora van a la confiscación de la mano de obra. Nos parece que esto no agrega valor a las soluciones sino, por el contrario, va a empeorar la situación”, dijo.
Derechos “pisoteados”
Para la ONG Laboratorio de Paz, la resolución atenta contra el derecho a la libertad del trabajo, que implica el derecho de toda persona de realizar cualquier actividad socioproductiva que sea lícita, y que nadie puede ser forzado u obligado a trabajar contra su voluntad.
Agrega que la imposición de relaciones laborales no voluntarias implica una relación forzada de trabajo, punto en el que la Constitución Bolivariana de Venezuela es clara al establecer en el artículo 89 que “toda medida o acto del patrono contrario a la misma es nulo”.
Señala la ONG que las recientes decisiones del Ejecutivo nacional, como la militarización del sector de la producción y distribución de alimentos, además de la fuerza laboral del sector público y privado, significan la suspensión de las garantías constitucionales de diferentes derechos humanos, tomando en cuenta el contexto del Estado de Excepción y Emergencia Económica decretados por el Gobierno.
El Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) planteó a la Asamblea Nacional la destitución inmediata de los ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, por ser el responsable de la resolución 1855 sobre el régimen de trabajo obligatorio.
En un comunicado, Fadess también requirió al presidente Nicolás Maduro “la suspensión inmediata de esta ilegal y arbitraria resolución” contra la libertad del trabajo, que está garantizada en la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, organismo al que se le envió la queja correspondiente contra el gobierno venezolano.
Asimismo, insta a ejercer una acción de solicitud de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la medida, a partir del artículo 266, numeral 5 de los actos administrativos del Ejecutivo nacional.
La Unión Nacional de Trabajadores rechazó la resolución por tratarse de una medida arbitraria del gobierno, que “trata a los trabajadores como si fueran soldados que se pueden mover inconsultamente”, afirmó Roger Palacios, coordinador de la Unete y directivo del sindicato de Alimentos Polar.
Cabe destacar que el pasado 11 de julio, el presidente Nicolás Maduro entregó el poder económico del país al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
Maduro puso en manos del Alto Mando militar a todos los ministros y ministerios que manejan la Economía de Venezuela.
http://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/07/29/venezolanos-denuncian-maduro-legaliza-esclavitud/
