Abril 01, 2016.-Ante los diferentes casos de delitos violentos ocurridos en los últimos días que han conmocionado a la opinión pública nacional, que incluye el arrollamiento de dos funcionarios policiales en el estado Táchira, en opinión del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) la situación de impunidad estructural estimula el aumento de la violencia en el país.
Hablamos de impunidad estructural cuando el irregular funcionamiento de los diferentes componentes del sistema de administración de justicia garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para conductas antisociales de todo tipo, las cuales no serán sancionadas según el marco normativo vigente, debilitándose el estado de derecho y el acceso a la justicia. Esta situación afecta especialmente a los sectores en condiciones de vulnerabilidad.
El preocupante aumento de los casos de linchamientos es un indicador de la descomposición del sistema de administración de justicia, al ser una respuesta desesperada e irracional de la ciudadanía ante la no sanción a quienes hayan cometido delitos.
En opinión de Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea: “En Venezuela el único comportamiento que se castiga es la deslealtad política. Ante la falta de oportunidades, lamentablemente se ha normalizado que la informalidad, el delito y la corrupción son los mecanismos de ascenso social para los ciudadanos del país”.
Según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia seis de cada diez delitos no son denunciados a las autoridades, lo cual demuestra la falta de confianza de la población en las instituciones.
Permisividad y anarquía
Además de las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia, para Provea la situación de hacinamiento, retardo procesal y control por parte de los denominados “líderes negativos”, o “pranes”, ocasiona que los centros penitenciarios del país lejos de ser recintos de rehabilitación se hayan convertidos en vectores de delincuencia.
La tolerancia gubernamental con las organizaciones delictivas, a quienes se les ha cedido el control de diferentes cárceles en el país, en un modelo que intentó repetirse con las llamadas “zonas de paz”, ha sido una situación que ha debilitado las garantías del derecho a la justicia.
Otro elemento destacado por Provea en el agudizamiento de las situaciones de violencia es el relativo a la militarización de la seguridad ciudadana, una visión no democrática de las políticas de orden público, expresadas en el denominado Operativo de Liberación del Pueblo (OLP). Al promover un combate a la delincuencia en términos bélicos, que implican el exterminio del contrario y no la justicia, se ha aumentado la espiral de violencia al generar una respuesta similar por parte de las bandas. Además, la tolerancia oficial hacia diferentes pranes sugiere que la OLP no es un combate a la delincuencia en general, sino focalizado contra algunos de sus integrantes. Provea insiste que la experiencia latinoamericana ha demostrado que las políticas de mano dura son insuficientes para reducir la comisión de delitos, generando además graves violaciones a los derechos humanos.
Para Provea mientras se mantenga el anómalo funcionamiento del sistema de administración de justicia y continúen las actuales condiciones de los recintos penitenciarios del país, es muy difícil revertir la grave situación de violencia e inseguridad en Venezuela.
Próximas denuncias
En cambio, hay que avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana que desarrollen acciones y planes en lo operativo, normativo y preventivo. Políticas que además, como lo sugiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del año 2009 Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, deben ser sustentables al contar con el consenso necesario de los diferentes actores públicos y sociales y, por último, sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de acceso a la información sobre sus resultados y amplia participación ciudadana, generando con ello mecanismos de control interno y externo para enfrentar tanto la impunidad como la corrupción.
Por último la CIDH recomienda que se deben asegurar estándares especiales de protección a grupos en situación de vulnerabilidad frente a la violencia y el delito.
El 4 de abril Provea y Human Rights Watch estaremos en la CIDH denunciando la visión militarista y violadora de diferentes derechos humanos promovida por la OLP en Venezuela y trataremos de describir, en los minutos que dura la sesión, cómo la estrategia de ocupación territorial realizada por los funcionarios en las zonas populares terminando afectando a toda la comunidad, y en menor medida a las bandas de delincuentes.
Hablaremos de la gran cantidad de viviendas allanadas sin orden judicial, los hurtos y robo a los inmuebles, el desahucio a familias enteras, maquillado como recuperación de viviendas, utilizando las casas de la GMVV como mecanismo punitivo para un grupo familiar entero.
Relataremos los diferentes testimonios recopilados por Provea en sus visitas de campo e intentaremos que la CIDH visibilice esta política de mano dura, exigiendo al Estado que recupere las políticas diseñadas por la Comisión de Reforma Policial en años anteriores.
http://correodelcaroni.com/index.php/opinion/item/43596-impunidad-promueve-delitos-violentos
