Enero 10, 2016.-Una audiencia congresional destapó nuevas dudas sobre seguridad nacional y eficacia del sistema de visas. Funcionarios reconocieron que no se puede saber quiénes se quedan después del plazo permitido
Las autoridades están preocupadas porque EEUU no recopila información biométrica de las personas que salen del país
La pregunta del congresista a un funcionario del gobierno de Obama fue bastante directa: ¿Cuántos visitantes extranjeros se quedan después de que se les vence la visa cada año?
La respuesta también fue simple, pero en lo absoluto satisfactoria. “No sabemos”, dijo el funcionario.
segEl intercambio durante una comparecencia congresional reciente entre el representante republicano por Carolina del Norte, Mark Meadows, y Alan Bersin, el secretario adjunto para relaciones internacionales del Departamento de Seguridad Interna, resalta lo que algunas autoridades del orden público llaman una debilidad crítica en el programa estadounidense de visas.El tema ha adquirido mayor urgencia como parte de un examen más amplio de la política de inmigración después del tiroteo en San Bernardino, California, en el que resultaron muertas 14 personas y heridas 22. A Tashfin Malik, una de los atacantes, se le permitió la entrada a Estados Unidos con una visa K-1, también conocida como visa para prometidos. Su esposo, Syed Rizwan Farook, era ciudadano estadounidense, nacido en Estados Unidos. Ambos murieron en una balacera con la policía. Si bien Malik no se quedó más tiempo del debido, el ataque se añadió a los temores de que un terrorista podría explotar los vacíos del sistema.
El sistema de rastreo de entradas y salidas
Hace casi 20 años, el Congreso aprobó una ley por la cual se exigía al gobierno federal la elaboración de un sistema para rastrear a las personas que se quedan más tiempo del autorizado por la visa. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, se percibía el sistema de rastreo de entradas y salidas como una herramienta vital de seguridad nacional y contraterrorismo, y la Comisión del 11 de septiembre recomendó que el Departamento de Seguridad Interna completara un sistema “tan pronto como fuera posible”. Satam al Suqami y Nawaf al Hazmi, dos de los secuestradores, se quedaron después de vencerse sus visas.
Desde entonces, el gobierno federal ha gastado millones de dólares en el esfuerzo, pero los funcionarios solo pueden estimar aproximadamente la cantidad de personas que están ilegalmente en Estados Unidos por quedarse después que se les ha vencido la visa.
Los funcionarios responsabilizan a la falta de tecnología para realizar la recopilación de datos más avanzada, como el escaneo del iris; a la resistencia de las líneas aéreas y del sector del turismo debido al costo, y las preguntas sobre la utilidad de rastrear a las personas que salen del país como una medida de contraterrorismo.
Algunos expertos también notan que una cantidad considerable de quienes se han quedado después del vencimiento de la visa son estudiantes extranjeros o empleados altamente cualificados que llegan como parte del programa H-1B.
Una estadística que se menciona muchísimo, de un informe del Servicio de Inmigración y Naturalización de 1997, incluye la cantidad de las personas que permanecen después del vencimiento de la visa de 40 por ciento, alrededor de 4.4 millones de los estimados 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Diversos legisladores, incluidos los precandidatos presidenciales del Partido Republicano, Marco Rubio y Ted Cruz, han utilizado esa cifra cuando tratan de describir el alcance del problema. Sin embargo, nunca se ha
Los aeropuertos se resisten a instalar sistema biométrico
En el informe de la Comisión del 11 de Septiembre se dice que el establecimiento de un sistema biométrico de entradas y salidas es “fundamental para interceptar a los terroristas” que tratan de entrar en Estados Unidos, porque permitiría que las autoridades de las fuerzas del orden determinaran si un viajero se había quedado más del tiempo debido.
No obstante, los esfuerzos para desarrollar el sistema de recolección de información han estado estancados durante décadas.
En el 2004, los legisladores aprobaron la legislación por la cual se exigía que los funcionarios de Seguridad Interna aceleren los esfuerzos para crear un sistema de datos biométricos automatizado a la entrada y la salida.
El Congreso repitió su exigencia de un sistema biométrico de salida en el 2007 y estableció al 2009 como fecha límite. Sin embargo, se venció el plazo y el Departamento solo echó a andar un puñado de programas piloto.
Desde entonces, el Departamento ha seguido batallando para cumplir con el requerimiento. En un informe del 2013, de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno se dice que el Departamento de Seguridad Interna tenía más de un millón de expedientes de llegadas “sin par”, es decir, que no podían comprobarse contra otra información que mostrara que los individuos habían salido del país, pero, de nuevo, el Departamento no pudo dar una cantidad precisa.
A pesar del llamado de algunos legisladores para establecer un sistema de salidas, los aeropuertos y las aerolíneas se han resistido porque les costaría a estas $3,000 millones, según estimaciones de Seguridad Interna del 2013. El Departamento emitió regulaciones en el 2007 por las que se ordena a los aeropuertos que recopilen información biométrica a la salida, pero no las han acatado y no se los ha sancionado.
Algunos expertos en seguridad nacional no están convencidos de que un sistema biométrico sería una herramienta efectiva de contraterrorismo.
“Un sistema biométrico de salida hace poco para ayudar a detener a quienes no registran una salida –por ejemplo, quedarse al vencimiento de la visa”, dijo David Inserra, analista de políticas de seguridad interna en la Fundación Heritage. “El sistema solo les dice a los funcionarios que ocurrió una permanencia al vencimiento de una visa, no si se trata de un error en los análisis, un riesgo de seguridad nacional o solo un error honesto”.
