Enero 11, 2016.-Las primeras señales que surgieron, luego de la juramentación de la nueva legislatura en el Palacio Legislativo, son “desalentadoras”, dice el abogado constitucionalista Carlos Ayala Corao. “Espero que sean sólo eso, las primeras señales”.
Miembro de la Comisión Internacional de Juristas, ex presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Ayala Corao afirma que lo más aconsejable es que el Tribunal Supremo de Justicia deje sin efecto, a la brevedad posible, el amparo cautelar que ha provocado un corto circuito que amenaza con desatar una crisis constitucional en Venezuela. La medida contribuiría a restablecer las reglas de juego del sistema democrático.
Los actores políticos, a conveniencia, están haciendo su lectura de los resultados electorales del 6-D y, por supuesto, cada uno está arrimando la sardina a su brasa. ¿Cuál de ellos está haciendo la lectura correcta?
A mí juicio, el gobierno todavía no ha leído los resultados o no los ha asimilados, porque objetivamente siguen los grandes problemas: la escasez de medicinas, de alimentos. Que tú le atribuyas eso a la “guerra económica” a la “ineficiencia” de las políticas públicas, al pueblo no le importa. Lo que quiere la gente es tener acceso a la salud, a la alimentación, que en Venezuela, además, son derechos. Entonces, la diatriba ideológica no forma parte de las necesidades diarias de la gente, ¿verdad? Mantenerse en la esfera del debate ideológico no es una respuesta a las necesidades. Desde ese punto de vista, quien pueda interpretar que ahí subyace una voluntad de cambio, independientemente de sus causas, está respondiendo a ese clamor de que se expresó claramente el 6-D. Creo que el gobierno todavía no ha sabido interpretar las consecuencias que conlleva ese cambio.
Si uno se pasea por los modelos del socialismo real —la extinta Unión Soviética, China o Cuba—, advierte que el liderazgo de esos países ponía énfasis en la formación ideológica para contrarrestar el impacto de la escasez y las penurias. La vida se asumía como un sacrificio en pos de un mundo ideal. Quizás por el eso, el presidente Maduro dijo que el pueblo se había equivocado al votar por sus “enemigos”.
En las democracias hay partidos, hay ideologías, pero a la hora de gobernar, se trata de diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades de la gente. Puede haber énfasis, bajo gobiernos socialistas, en políticas de mayor tributación y en políticas claras de acceso a los servicios públicos o, bajo gobiernos conservadores, en justamente lo contrario. Pero lo interesante en las democracias es que el ámbito de lo ideológico, al momento de responder a necesidades, implica la formación de consensos para solucionar problemas. Con ideologías solo no se come. Es necesaria unas dosis de realismo. Incluso, una dosis de pragmatismo para solucionar los problemas.
Julio Borges dijo una frase interesante: “En Venezuela hay más escasez de sensatez que de papel higiénico. Teniendo en cuenta esa dificultad, ¿sobre qué temas se puede explorar el consenso, para que no veamos la falta de miras que tiene al país en vilo?
Efectivamente, a lo largo de 17 años hemos transitado un modelo de Estado total, en donde una mayoría venía imponiendo su punto de vista sin tomar en cuenta la opinión de los otros. La democracia exige tolerancia y pluralismo. Entonces, en problemas concretos, como la escasez de alimentos, por ejemplo, hay que construir un gran consenso para aumentar la producción nacional No es enriqueciendo a capitalistas internacionales, importando desde Brasil, Argentina o Nicaragua, como vamos a resolver el problema de los alimentos. Tenemos que sembrar el petróleo en la producción nacional. Otro tema es el de la inseguridad. Necesitamos aplicar, en forma simultánea, políticas de prevención y de sanción del delito. La justicia en Venezuela, simplemente, no funciona. Esa es una de las consecuencias de la politización de la justicia. Los índices de impunidad son groseros. Superan el 95% y eso incentiva el delito. No hay razones para no delinquir, porque el delincuente, normalmente, escapa de la justicia. Ahí podría haber áreas concretas de consenso.
La Asamblea Nacional es el foro público por excelencia donde cabría llegar a esos acuerdos. La Conferencia Episcopal de Venezuela lo acaba de advertir: este es el momento de reinstitucionalizar el país. Pero las primeras señas, después del 6-D, son muy negativas. ¿Qué ha pasado?
Las primeras señas son desalentadoras y espero que sean sólo eso: las primeras señas. Se ve que no ha sido asimilado el resultado, el cambio, después de 17 años de un modelo de Estado total, a una oposición que obtiene una mayoría en uno de los órganos fundamentales del Estado como es la AN. Eso implicaría un reajuste del modelo chavista original hacia un modelo más democrático. Más tolerante. Que propicie acuerdos. El deber de un demócrata es buscar acuerdos. No es traicionar una ideología.
¿Por qué se produce el conflicto de poderes?
Para mí el choque de poderes lo inició el TSJ, con esas medidas cautelares, donde excluye a todo un estado (Amazonas) de su representación. Eso es un gravísimo error no solamente jurídico, procesal, constitucional, sino político. Eso nunca había pasado de esa forma y el propio TSJ había declarado que no se puede, por vía de amparo hacer eso, sino al final de todo un proceso. Es una decisión inconstitucional, pero dictada por el TSJ, que además ha sido empaquetado y tomado políticamente desde hace años por el PSUV. El TSJ cometió un error histórico que tiene que rectificar de inmediato, dejando sin efecto esa suspensión para regresar al juego democrático y constitucional, independientemente de que allí haya un debate y un proceso judicial sobre el fondo de ese asunto.
Lo acaba de decir, ¿no? La decisión la tomó el TSJ. ¿Qué es lo que nos queda? ¿La corte celestial?
Indudablemente que vivimos en un mundo que aspira una mayor vida democrática, un respeto a la dignidad de la persona humana. Yo creo que con algunas excepciones, con algunos retrocesos, el mundo va hacia allá. Por eso la comunidad internacional se preocupa por lo que ocurre en Venezuela. Hay principios y normas objetivas como la Carta Democrática Interamericana, donde prevalece el respeto a la independencia de poderes y al orden constitucional, por tanto, son lineamientos que le competen a la comunidad internacional. Yo insisto en que lo que debe hacer el TSJ es dejar sin efecto esa medida y regresar al juego institucional. Eso no ha debido ocurrir. Además, ocurrió con todas las irregularidades del caso, como se sabe, procesales, fue una justicia vacacional. De tal manera que hay una sensación en el país de que hubo un despojo de la soberanía popular de todo un estado. Si el TSJ se nos convierte en la voz del PSUV hay una sensación de fraude a la Constitución que debe ser dejada de lado a la brevedad posible.
Es algo muy curioso, porque en menos de una semana laboral, no sabemos si vamos a tener Asamblea Nacional y Tribunal Supremo de Justicia. Según la minoría del PSUV, la AN está desconociendo al TSJ y según la mayoría de la MUD la AN está ejerciendo soberanía de acuerdo al voto popular. En apenas cuatro días estamos viendo este choque de poderes. ¿Qué implicaciones puede haber en el plano jurídico? ¿En el plano político?
Una crisis constitucional. En muchos países donde ha ocurrido ese choque de poderes te lleva a una crisis constitucional. Y la única manera de resolverlo es o apelando al pueblo o mediante el diálogo y la sindéresis constitucional. Por eso digo que hay que regresar las cosas al momento antes de que hubiera lugar a todo este desarrollo. Es decir, a la mayoría de la Asamblea hay que pedirle, hay que exigirle, que ejerza su mayoría, pero por supuesto, dentro de lo que significa una mayoría parlamentaria, que ejerza sus controles, sus facultades, pero que no lleve a cabo actos más allá de la Constitución y que deje espacio para el debate. El diálogo y el consenso es un deber de todo político. No es un privilegio ni una concesión graciosa, es un deber democrático.
Para algunos es una mortificación.
Sí, incluso una traición, pero no hay una sola democracia que haya sobrevivido sin una capacidad de entendimiento, de diálogo, donde a veces las partes tienen que avenirse.
Usted conoce el continente latinoamericano, ¿podría mencionar algunos casos donde se haya producido una crisis constitucional? Ejemplos donde se apeló al pueblo, donde se apeló al diálogo y donde se apeló al atajo, que los hay.
Lo primero que hay que aclarar es que esto solamente ocurre en los países con sistemas presidenciales. Pero a su vez en los sistemas presidenciales con incapacidad para llegar a acuerdos, diálogos y compromisos. Vemos en Estados Unidos, por ejemplo, como el presidente Obama no tiene mayoría en las cámaras, pero se llevan a cabo conversaciones y acuerdos. A veces hay algunos vacíos, se cierran dependencias del gobierno porque no les han aprobado el presupuesto, pero se establecen compromisos. En Perú fue una constante que los presidentes que tenían minorías parlamentarias terminaban en una ruptura constitucional, en la búsqueda del atajo (autogolpe de Fujimori). En el caso de Chile, el conflicto de poderes se trató de resolver mediante una consulta popular, mediante una elección parlamentaria parcial. Sin embargo, eso no logró solucionar el impase que había entre varios poderes, la Fuerza Armada intervino con esa lamentable y sangrienta dictadura de Pinochet. Modelos exitosos de superación de la crisis: Costa Rica, donde presidentes con minorías parlamentarias han buscado pactos de gobernabilidad. Ollanta Humala en Perú, que no tiene mayoría parlamentaria, y donde se han censurado a varios ministros, ha buscado fórmulas de entendimiento.
La tradición en América Latina, digamos, es el golpe de Estado.
De golpes cuando no son capaces de entenderse. Diría que eso es más siglo XIX y siglo XX, ¿verdad? No puede ser que en el siglo XXI, frente a los impases, que no la novedad en una democracia, no haya capacidad de entendimiento. Yo insisto en eso: para un gobernante y para un político es un deber buscar esos consenso, porque es irresponsable no buscarlos.
¿Por qué dice eso? El modelo del socialismo del siglo XXI, en muchos sentidos, es autoritario y anacrónico.
Ahí es donde yo digo que ha habido una comunidad internacional, que a veces no ha sido consecuente, pero que también ha jugado un papel responsable, porque la estabilidad de Venezuela es importante para la región. Triste decirlo, a veces son intereses económicos, pero a un país como Brasil, por ejemplo, más allá de quien esté en el gobierno, le interesa que un país vecino tenga estabilidad y logre solucionar sus problemas. De hecho, vimos como el gobierno de Dilma Rousseff jugó un papel activo, de apoyo, a la transparencia electoral en Venezuela. Y vemos, además, a un secretario general en la OEA, como Almagro, que ha marcado diferencias con su predecesor (Insulsa), donde ha llamado la atención de la comunidad internacional sobre la situación que estamos viviendo en Venezuela. ¿Por qué no debería ser? Porque el mundo ha avanzado hacia un estadio superior, donde la constitucionalidad y el estado de derecho son los vehículos civilizados, independientemente de las ideologías, para solucionar los conflictos. Ni dentro ni fuera de Venezuela sería aceptable llegar a esos extremos.
Una forma de apelar al pueblo seria convocar el referéndum revocatorio.
Efectivamente, con los votos que sacó la oposición el 6-D sería suficiente para revocarle el mandato a Maduro. Es una votación mayor a la que sacó Maduro cuando salió electo. Esa es la condición, digamos. Pero para que tenga efectos de elección popular, tendría que cumplirse este año. Ahora, es una forma de arbitrar una crisis que tenga como epicentro la presidencia de la República. Eso lo vimos en el 92-93, durante el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. Los sistemas presidenciales necesitan arbitrar mecanismos de consulta popular cuando sea necesario terminar, anticipadamente, el mandato. De ahí nace el referéndum revocatorio que ya existía en nuestra primera Constitución y a nivel municipal. Esa es una forma de trasladar la solución del conflicto a una consulta electoral.
En medio del conflicto entre poderes, vimos a una Fuerza Armada mostrando adhesión a una ideología, a una forma de gobierno que es autoritario.
Creo que fue un error y es distinto a los discursos que vimos ante los resultados electorales. Efectivamente, es un error que no sabemos qué tan compartido sea por la institucionalidad de la Fuerza Armada.
Si en apenas tres días llegamos a esto, ¿qué plazo le da usted a la crisis constitucional?
No, yo soy optimista. Pienso que en el ADN del venezolano hay un gen democrático que se ha formado luego de tantos caudillismos, de tanto militarismo, de tantas rupturas en el siglo XIX y hasta en el siglo XX. Creo que las desviaciones autoritarias evidentes, que han prevalecido en el país, deben ir cediendo a la sindéresis, antes de que el choque de trenes se produzca. Creo que es lo que más le conviene al gobierno. En ese sentido creo que la fracción parlamentaria del gobierno debe buscar entendimientos sobre los temas que más les preocupan a los venezolanos. Porque eso es lo que quiere la gente. Por eso votó la gente, incluida la que votó por el PSUV, porque ellos hicieron una oferta que no convenció a la mayoría, pero entonces sus electores también les van a reclamar. Creo que al final va a prevalecer la sindéresis.
Carlos Ayala Corao: “El TSJ debe regresar al juego institucional”; por Hugo Prieto
