Las Joyas tmp721443923926450177Noviembre 16, 2015.-Todos los magistrados designados llegaron al TSJ en medio de la controversia. Su designación fue rechazada por los diputados opositores, quienes se retiraron de la sesión de la Asamblea Nacional que los nombró. La mayoría de los magistrados detentó cargos directivos dentro del máximo tribunal.

El último mes de 2004 dejó en Venezuela un nuevo capítulo de desazón. Cerraba el año del referéndum revocatorio al Presidente Hugo Chávez, el mismo en el que fue asesinado el fiscal Danilo Anderson, responsable de las investigaciones del golpe de Estado de abril de 2002, con la designación de 17 magistrados en un Tribunal Supremo de Justicia que había incrementado su número de miembros de 20 a 32. La bancada de la oposición en la Asamblea Nacional se retiró de la sesión en la que fueron nombrados por considerar que su llegada confirmaba “la destrucción del poder judicial”. Todos los jueces, de acuerdo con el Presidente del Comité de Postulaciones de entonces, Pedro Carreño, eran afectos al chavismo.

De aquel grupo de flamantes togas, a doce se les aprobó su jubilación en octubre pasado. Otro magistrado, que el mismo año había entrado como suplente al TSJ, se unió a la petición. De esta manera, trece sillas de la Sala Plena quedan vacías un año antes de lo estipulado: tres en la Sala Constitucional y en la de Casación Civil; dos en la Penal, en la Político Administrativa y en la Electoral; y una en la de Casación Social.

“Lo que pretenden es tener magistrados nuevos que los hayan nombrado ellos (los oficialistas), una mayoría que garantice doce años de magistrados favorables al régimen”, afirma la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, jubilada de la Sala Penal del TSJ en 2012 y una de las críticas más férreas del sistema judicial venezolano. Durante su paso por los tribunales fue testigo de cómo las sentencias se inclinaron hacia los dictámenes del Gobierno, cómo se ignoraron las peticiones de quienes adversaban al Ejecutivo y, más tarde y desde afuera, de cómo los magistrados de la Sala Constitucional apelaron a las ponencias conjuntas para preservar el anonimato de sus decisiones más polémicas, y también se convirtieron en “penalistas sobrevenidos” al asegurar que podían privar de libertad a los ciudadanos, como hicieron con el alcalde de San Diego (Carabobo) Enzo Scarano, a quien enviaron a prisión por no haber evitado en su municipio las protestas contra Nicolás Maduro del año pasado. “Lo que yo apreciaba era que, a la hora de votar, había apoyo al régimen. Nadie quería contrariar o buscar inconvenientes”, señala Mármol de León, quien agrega que la solicitud de jubilación de los trece magistrados apunta a una falta de autonomía o de independencia del más alto nivel del Poder Judicial si se comprueba que, tal como lo han denunciado voceros de la oposición, varios jueces dejan su cargo bajo presión.

Las salas de la polémica

Hacer un repaso por la actuación de los magistrados que parten es toparse con sentencias de escándalo. Allí están, por ejemplo, las sanciones con cárcel a los alcaldes Scarano y Daniel Ceballos, la aprobación del desafuero a María Corina Machado, la ratificación del cierre de RCTV y la entrega de sus equipos a Conatel, la suspensión de múltiples elecciones universitarias, las decisiones sobre el caso de María Lourdes Afiuni y el haber descartado la necesidad de que el presidente Hugo Chávez se sometiera a un examen médico antes de los comicios de octubre de 2012. Sala por sala, juez por juez, se muestran las costuras de un sistema de justicia que favoreció al poder.

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Sala por sala: ¿quiénes se van?

Sala Constitucional

Puertas adentro de los tribunales, a esta sala se le conoce como “la todopoderosa”. Las decisiones más controversiales han pasado por esta instancia. Fue aquí donde se admitió que el presidente Hugo Chávez asumiera su nuevo período como mandatario sin haberse juramentado en persona. La sentencia sentó un precedente, no sólo por el principio de “continuidad administrativa” que citó la Sala para permitir la ausencia, sino porque que se firmó como una “ponencia conjunta”, en lugar de atribuir el documento a un solo magistrado.

Este último instrumento, que entrega la redacción de las decisiones al anonimato, se ha utilizado en otros momentos de polémica como el desafuero a la diputada María Corina Machado y el encarcelamiento de Daniel Ceballos que, junto al de Scarano, sembró otro hito en la Sala: por primera vez envió a un ciudadano a prisión, acción que anteriormente era exclusiva de la Sala Penal.

Luisa Estella Morales

Expresidenta del TSJ

“No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado”. La declaración la dio Luisa Estella Morales en diciembre de 2009, cuando era presidenta del TSJ, en una entrevista de  VTV. Afirmaba, entonces, que dentro de la Constitución Nacional había elementos “que contradecían al régimen”. El principio de la “separación absoluta” de los poderes públicos, por ejemplo, estorbaba.

Varias veces, Morales fue el centro de la polémica, sobre todo durante el período en el que llevó las riendas del máximo tribunal del país, entre 2007 y 2013. En 2011 indicó que el modelo de justicia de Cuba era una referencia para Venezuela, mientras que en enero de 2013, se encargó de leer la decisión de “continuidad administrativa” que eximía a Hugo Chávez de tomar posesión de un nuevo período constitucional.

Al margen del TSJ, sobre ella pesan dos escándalos: su foto durante la votación en el referéndum de la reforma constitucional, solicitada por Chávez, en el que su papeleta mostraba un “no”, y la detención de su sobrino, Esau Alba Morales (fiscal décimo del Ministerio Público en Yaracuy), con ocho kilos de cocaína y 25.000 dólares.

Francisco Carrasquero López

Vicepresidente de la Sala Constitucional

El magistrado zuliano, exrector del Consejo Nacional Electoral, llegó al TSJ en medio de la polémica. Varios expertos en materia legal cuestionaron que siendo miembro del organismo comicial se autopostulara a la máxima corte judicial, cuando la ley establecía que si una persona se relacionaba hasta en cuarto grado de consanguinidad con algún miembro del Poder Electoral no podría arribar a resta instancia. Desde marzo de 2008, se desempeña como vicepresidente de la Sala Constitucional.

En diciembre pasado, durante el Diálogo Internacional sobre Justicia que conmemoró los 15 años de la Constitución, Carrasquero declaró que “Venezuela es la nación que más ha potenciado el contenido de la Carta Magna”. Pero la afirmación, a juzgar por varias de sus decisiones, choca con varias de las órdenes que ha girado gracias a su investidura.

Marco Tulio Dugarte Padrón

Es el único del grupo que no comenzó como magistrado en 2004, sino como suplente. Es hermano del exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y actual jefe de Gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, y ha sido señalado por haber metido a varios integrantes de su familia en cargos dentro del TSJ.

En 2006 sustituyó Luis Velásquez Alvaray en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), el organismo que administra 80% de los fondos del Poder Judicial y que cancela los salarios de los jueces. Allí, su asesora era su esposa, mientras que en el departamento de Recursos Humanos estaba una de sus sobrinas.

“Cuando llegas a una institución donde tienes que hacer profundos cambios y no conoces en los empleados, en quién más puedes confiar sino en tu esposa para que te ayude. Si no fuera esposa mía, nadie diría nada (…) Si me dijeran que tengo a 20 familiares lo entiendo, pero eso no es así, sólo son casos puntuales”, comentó en una entrevista en 2006 cuando se le cuestionó por ello. En ese despacho estuvo hasta 2007.

Uno de los mayores escándalos surgidos durante su gestión al frente de esta institución, fue la supuesta renuncia que varios magistrados le habían solicitado pocos meses después de haber asumido el cargo en la DEM, debido a las decenas de contratos a dedo que él había entregado y de haberse encargado de nombrar a los miembros de la Comisión de Licitaciones del organismo, designación que anteriormente le correspondía al TSJ. En una entrevista concedida a El Universal, lo negó todo.

Luego de la página de la DEM, Dugarte volvió a primera plana cuando su esposa, Subgey Saab, abogada y notaria pública en Chacao, fue acusada junto a otras trece personas de ser miembro de una notaría paralela que falsificaba documentos. A ella le fueron imputados los delitos de Peculado de Uso, Corrupción Propia y Asociación Ilícita para Delinquir en grado de continuidad. Su causa fue sobreseída en 2012.

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