Agosto 05, 2015.-La respuesta del gobierno británico a la crisis de Calais, y los imparables intentos de miles de personas hacinadas frente al eurotúnel de acceder al Reino Unido, es reforzar las ya drásticas medidas.David Cameron pretende desbaratar la idea de que el país es un destino de acogida. El último gesto, anunciado ayer, pasa por exigir a los caseros británicos que expulsen a los inquilinos sin derecho de residencia, bajo la amenaza de penas de hasta cinco años de cárcel. La medida es tan expeditiva que en algunos casos podrán echarlos sin autorización judicial.
Con el anuncio de esta medida, que será introducida en la nueva ley de inmigración, el gobierno de David Cameron esgrime la mano dura como respuesta a la crisis migratoria de Calais (Francia), que amenaza con desbordar a su administración. “Las calles del Reino Unido no están pavimentadas de oro”, ha manifestado la ministra del Interior británico, Theresa May, en una frase que resume los intentos de su Gobierno de disuadir a los inmigrantes hacinados en el puerto francés de Calais de intentar acceder clandestinamente a Reino Unido a través del Eurotúnel. El paquete legislativo contra la inmigración irregular anunciado por el Gobierno británico el pasado mayo, que entre otros convertirá en delito dar empleo a los indocumentados, va a ser reforzado con la introducción de duras sanciones a los propietarios de inmuebles que alquilen pisos a los sin papeles, confirmó el ministro de Comunidades, Greg Clark.
Una vez aprobada la ley -una de las prioridades de Cameron en la reanudación del curso parlamentario tras el verano-, los caseros deberán asegurarse de que no alquilan sus inmuebles a personas que no puedan demostrar su derecho de residencia. En el caso de que los inquilinos pierdan ese derecho, les caduque el visado o les sea denegada la petición de asilo, podrán ser expulsados en algunos casos sin necesidad de una autorización judicial que hasta ahora era preceptiva. El Ministerio del Interior comunicará a quienes arriendan pisos los nombres de aquellos inquilinos que no tienen derecho a permanecer en el país, conminándoles a expulsarlos bajo amenaza de sanciones (que abarcan desde una multa hasta una pena de cárcel de cinco años) a quien incumpla la medida.
La aplicación de ese punto de la nueva ley podría conducir a “situaciones violentas”, ha advertido la asociación que agrupa a los propietarios que alquilan inmuebles (National Landlords Association). “Un inmigrante ilegal es una persona desesperada en una situación desesperada, y eso conduce a la gente a acciones también desesperadas. Afrontamos el riego de que (el inquilino) intente atrincherarse por todos los medios, incluido el uso de la fuerza”, reflexionaba en una entrevista radiofónica el director ejecutivo de ese organismo, Richard Lambert, sobre las consecuencias de las expulsiones expeditivas. El ministro Clark respondió alegando que la medida pretende “combatir a los caseros que se enriquecen con la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración”.
En el trasfondo de las nuevas medidas anunciadas están los intentos del Gobierno conservador de proyectar una imagen de firmeza ante las críticas recibidas por su gestión de la crisis de Calais. La prensa conservadora británica, y con especial ahínco los poderosos tabloides, proyectan a diario una situación de caos en la frontera con Francia que cobraría los visos de situación de emergencia nacional. Incapaces de hacer frente al elevado número de peticiones de asilo que afrontan a diario, y desbordados por la falta de albergues de acogida, los servicios sociales del condado de Kent, en el lado inglés del Eurotúnel, están pagando a razón de 150 libras a los taxistas locales para que desplacen a los inmigrantes desde Dover a Londres, ciudades a las que separan más de 100 kilómetros, informó este lunes el Daily Telegraph.
La difícil situación que se vive a ambos lados del canal de la Mancha impide determinar cifras verídicas sobre el volumen de personas que han conseguido penetrar ilegalmente en el Reino Unido desde el inicio de la crisis, aunque las autoridades de Kent estiman que en la última semana se han registrado unos 3,500 intentos de entrar en el Eurotúnel que conecta el país con Francia.
La crisis migratoria inquieta también al mundo empresarial –subrayaba este lunes el diario económico The Financial Times-, que afronta un drástico aumento de los costes al verse forzadas las compañías a buscar rutas alternativas y mucho más caras para transportar sus productos al otro lado del Canal.
Le Pen carga contra la política migratoria de Francia
La presidenta del ultraderechista Frente Nacional (FN) francés, Marine Le Pen, cargó este lunes contra la “laxa” política de inmigración tanto de la derecha como de la izquierda, a la que responsabiliza de la crisis migratoria de Calais.
“Hay que impedir la entrada de inmigrantes a Francia”, aseguró en declaraciones a la radio pública. Con ello, la líder del partido antieuropeo y anti-inmigración reitera sus posiciones y entra en precampaña para las regionales de diciembre. Le Pen aspira precisamente a presidir la región de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, a la que pertenece la ciudad portuaria del norte de Francia donde se encuentran entre 3,000 y 5,000 inmigrantes sin papeles a la espera de cruzar al Reino Unido.
“El Frente Nacional es el único en proponer una verdadera política de lucha contra la inmigración masiva, basada en la tolerancia cero y la expulsión sistemática de los clandestinos”, añadió el partido en un comunicado publicado también este lunes. El FN recomienda no ayudar a los barcos con inmigrantes y suprimir lo que, a su parecer, son medidas de efecto llamada, como la cobertura médica a los sin papeles y las ayudas en política de asilo. “Tal política supone romper con las reglas de la UE y salir sin demora del espacio Schengen con vistas a retomar el control de nuestras fronteras nacionales”.
Marine Le Pen, enzarzada en una batalla judicial para expulsar del partido a su padre y fundador de la formación, Jean-Marie Le Pen, se había mostrado relativamente discreta desde la intensificación de la crisis migratoria en Calais la semana pasada. Su salida de este lunes es una respuesta directa a las declaraciones la víspera de uno de sus principales contrincantes en las elecciones de diciembre, el conservador de los republicanos Xavier Bertrand.
El exministro de trabajo de Nicolas Sarkozy reclamó a Reino Unido luchar contra el trabajo ilegal y amenazó con pedir dejar pasar a los inmigrantes. Unas declaraciones que Le Pen acusó de “electoralistas” y de maniobra para esconder la responsabilidad de su propio partido en la crisis. Los últimos sondeos, de junio, dan a Le Pen como ganadora con el 37% de los votos en segunda vuelta, frente al 32% para Bertrand y el 31% para el socialista Pierre de Saintignon.
