La condición provisional de los jueces que llega a 66% son un elemento que incide en la impunidad. Así lo destaca el informe de Cofavic que se presentará esta semana en la ONU. FOTÓGRAFO
La condición provisional de los jueces que llega a 66% son un elemento que incide en la impunidad. Así lo destaca el informe de Cofavic que se presentará esta semana en la ONU.FOTÓGRAFO
La condición provisional de los jueces que llega a 66% son un elemento que incide en la impunidad. Así lo destaca el informe de Cofavic que se presentará esta semana en la ONU. FOTÓGRAFO

Junio 28, 2015.-La Fiscalía registró en su informe anual de 2014 que 99% de las denuncias consignadas por violaciones a los Derechos Humanos no llegaron a la fase de juicio.

Si uno observa la agenda de Derechos Humanos en Venezuela y los informes que se presentan en cada año hay un aspecto presente y que es denominador común en cada una de ellos: la impunidad que se produce tras la violación de derechos como: libertad de expresión, derechos políticos, derecho a la vida e integridad personal, cuyos índices de valoración nos colocan en los primeros lugares en el mundo.

A esa conclusión llega la directora de la organización de defensa de derechos humanos Cofavic, Liliana Ortega, quien junto a una coalición de organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y sociedad civil organizada, presentará su informe de 2014 ante la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, a partir de este lunes 29 de junio.

El informe alternativo sobre la situación venezolana corresponde al “cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en esta ocasión le corresponde comparecer a Venezuela.

“La impunidad es en Venezuela un potenciador de la violencia”, sostiene la especialista en DDHH. “El déficit de institucionalidad democrática, la desaparición del Estado democrático, los espacios que son vitales para el ejercicio de los derechos humanos como son el monopolio de la fuerza, la existencia de zonas controladas por grupos armados civiles y bandas delictivas, el auge de la violencia y la inseguridad, todos esos temas están vinculados. Al buscar una razón explicativa de por qué tenemos en Venezuela uno de los índices de violencia más altos del mundo, encontramos un elemento común que es la impunidad”, asegura la experta, quien coordinó la recopilación de una amplia información de casos de violencia en todo el país.

Lo que dice Fiscalía

Para Liliana Ortega la impunidad comienza en el Poder Judicial que es la punta de esa pirámide. Si acudimos a las cifras oficiales encontramos que el propio Estado venezolano en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó que 66% de los jueces en Venezuela son provisorios. A juicio de Ortega, ello significa que son jueces que no tienen ninguna estabilidad, lo que le da una enorme fragilidad al Poder Judicial. Estamos hablando que 66% de los jueces en Venezuela son de libre remoción por lo que la autonomía de criterio es muy limitada.

Otra cifra oficial que explica por qué la impunidad es un elemento común del cuadro de violencia en Venezuela es aportado por el Ministerio Público cuando afirma que 99% de los casos correspondientes a denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos no llegó a fase de juicio, indica el Informe Anual del Ministerio Público del año 2014.

La Fiscalía señala en su informe que recibieron 8.049 casos de presuntas violaciones a DDHH. Se realizaron 105 juicios, lo cual representa 1,3%. Es decir que 99% de los casos no llegaron a esa fase. Es de destacar que la etapa de juicio es “la oportunidad procesal para que una víctima pueda presentarse ante un juez, pueda presentar sus pruebas, obtener una sentencia, obtener una decisión, un establecimiento de la verdad desde el punto de vista de la perspectiva jurídica. Esa oportunidad no ocurrió en 99% de los casos que fueron denunciados como violación a los Derechos Humanos”.

Ejecuciones Extrajudiciales

Las ejecuciones extrajudiciales a manos de autoridades policiales y militares registraron un aumento en 2014, según destaca el informe de las ONG que comparecerán ante la ONU.

Durante el período enero a diciembre 2013, Cofavic documentó en 23 estados del país 802 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Mientras que en el período enero a diciembre 2014, registró en las 24 regiones del país, 1.018 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, siendo llamativas las cifras del tercer trimestre del año, en el cual ocurrieron 334 casos. Lo anterior constituye un aumento de 34,28% en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales con respecto a los casos reportados durante el 2013.

El Ministerio Público dejó de registrar este tipo de delitos a partir del año 2008. Pero del 2000 al 2008 el organismo informó que en Venezuela se cometieron “al menos” 1.044 casos, una de las cifras más altas de América Latina. Es de aclarar que un caso puede registrar más de una víctima de ajusticiamiento. Es importante aclarar que las cifras de la Fiscalía hasta el 2008 disgregaban los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas etc.

Torturas y tratos crueles

En Venezuela, un número importante de casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes se presentaron en el contexto represivo de manifestaciones públicas en el 2013 y 2014. Los dos días siguientes a las elecciones presidenciales del año 2013 estuvieron marcados por las protestas en varias ciudades del país, dejando un saldo de aproximadamente setenta presuntas víctimas de estos tipos de delitos en los estados Lara, Carabobo y Barinas, en su mayoría jóvenes entre dieciocho y veinticinco años. Posteriormente, durante los meses de febrero a junio de 2014, se registraron en distintas ciudades del país protestas sociales, en su mayoría pacíficas, donde se evidenciaron acciones represivas por parte de cuerpos policiales, militares, e inclusive de grupos civiles armados que han actuado presuntamente bajo la aquiescencia de órganos del Estado. Durante estos eventos, la organización Cofavic, logró documentar noventa casos de presuntas torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, además de veinte casos de presuntos hostigamiento a residencias.

Por su parte, el Ministerio Público indicó el 10 de febrero del 2015, que a través de la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales se iniciaron 238 investigaciones por afectación de derechos. Igualmente, se reportaron 878 personas lesionadas, de las cuales, al menos 600 eran civiles y 278 funcionarios públicos, además de 43 personas fallecidas, de las cuales 33 eran civiles y 10 funcionarios públicos.

En cuanto al proceso de investigación, se indicó que se presentaron 216 actos conclusivos relacionados con las 238 investigaciones iniciadas. De los actos conclusivos presentados existen 184 sobreseimientos, lo que significa que no se consiguieron elementos convincentes que los llevara a determinar la existencia de un delito. El informe incluye además que hubo 19 archivos fiscales y 13 acusaciones. Todo lo anterior, implica que en 85% de los casos, no se continuó con el proceso, y en lo que sí prosiguieron, están en etapa de investigación o juicio, y a la fecha no se sabe de alguna sentencia.

Para la directora de Cofavic esas cifras del Ministerio Público son reveladoras del nivel de impunidad que se ha venido estableciendo. “Hoy día no es posible minimizar los casos de torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes que están en los informes de la ONU”.

Grupos Armados

En los hechos de 2014 se pudieron identificar varios casos de acciones de grupos armados, especialmente con ataques a residencias en zonas urbanas de Barquisimeto, Caracas, Maracaibo y Táchira, en donde las fuerzas de seguridad del Estado actuaban conjuntamente con grupos armados civiles.

Esto no solo lo están señalando las organizaciones que presentaron este informe ante la ONU. También lo reconoce el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, que hace un llamado al desarme de estos grupos civiles y determina muy claramente que Venezuela tiene una responsabilidad en esa materia.

En el informe se destaca como ejemplo, el llamado hecho por Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo, el día 16 de febrero de 2014, en las cuales señaló: “UBCH a prepararse para el contra ataque fulminante…” Igualmente, son diversos los testimonios que afirman haber visto a los presuntos cuerpos de seguridad actuando en conjunto con los grupos armados, en muchos casos sirviéndole incluso de escoltas o dejando las zonas sin vigilancia, permitiendo su libre actuación.

“El monopolio de la fuerza tiene que estar en manos del Estado, es el Estado el que debe usar la fuerza para proteger a los ciudadanos, no en contra de los ciudadanos”, argumenta Ortega.

Derecho a la manifestación

En Venezuela el derecho a la manifestación se ha asimilado al derecho penal del enemigo, es decir, cualquier persona que manifiesta tiene que ser investigada y le imputan una serie de delitos.

“Un ciudadano que manifiesta no es un enemigo interno, es un ciudadano que manifiesta. El Estado por lo que tiene que velar es porque esa manifestación sea pacífica, él (Estado) tiene que ser el garante de que esa manifestación se produzca. Un ciudadano que manifiesta por agua, por vivienda o por la inseguridad no es un enemigo interno, es alguien que está exigiendo un derecho y el Estado lo que debe hacer es darle una respuesta a esa demanda”, dice Liliana Ortega.

El informe señala que la mayor parte de las imputaciones contra las personas detenidas en los hechos de 2014 fueron genéricas, lo cual “es contrario al derecho penal que establece como una garantía judicial básica que si se comete un delito debe estar individualizada su responsabilidad. Si el imputado cometió el delito de obstrucción de la vía pública, destrucción de bienes públicos, se debe establecer cuál fue su grado directo de participación”, explica Ortega.

Sobre el derecho a manifestar el informe cuestiona la resolución 008610 emitida por el Ministerio de Defensa el pasado 23 de enero sobre el control de manifestaciones, en el que en su artículo 15 indica que “la FANB podría usar agentes químicos, así como portar y hacer uso de armas de fuego en el control de reuniones y manifestaciones públicas”. Esto según el informe de las ONG, es contrario a los artículos 68 y 332 de la Constitución Bolivariana de Venezuela que prohibe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones.

Contra la mujer

Destaca el informe que se estableció un especial ensañamiento contra las mujeres, en delito de género por parte de los funcionarios.

En los casos de detenciones durante las manifestaciones se encontró el uso recurrente de un lenguaje despectivo hacia la condición de género de las mujeres, reiteradas amenazas de violencia sexual, criminalizaciones por el sexo, por la forma de conducirse de las mujeres y falta de atención por necesidades de género.

Otros elementos que señala el informe son las malas condiciones de los centros de reclusión, la violación de la garantía judicial del debido proceso y la falta de centros penitenciarios adecuados para las mujeres.

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150628/impunidad-llega-a-la-onu

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