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Marzo 10, 2015.-En la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, han sido recluidos en el último año al menos una docena de civiles y militares que se oponen al gobierno deNicolás Maduro. Los acusan de crímenes contra el Estado.

Salvatore Lucchese considera que la razón de ello es muy clara: las facilidades para el aislamiento y los castigos. El ex director de la policía municipal de San Diego, en Carabobo, basa su opinión en hechos, pues estuvo detenido en ese penal durante 10 meses y 15 días.

“Allí nos podían torturar física y mentalmente, mientras que en el Sebin, lugar de reclusión que establecía la boleta de mi sentencia, pero donde estuve menos de una hora, de repente se les haría más difícil porque había muchos más detenidos y no hallaban cómo separarnos del resto de la población que está ahí injustamente”, dijo según lo reseñado en El Nacional.

Lucchese, condenado por incurrir en desacato al no prohibir que se trancaran las calles de San Diego durante las protestas de 2014 en el país, según determinó el Tribunal Supremo de Justicia, recordó que a él, al dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López y a los ex alcaldes de San Cristóbal y San Diego Daniel Ceballos y Enzo Scarano no se le permitía comunicarse de ninguna manera con resto de los 160 privados de libertad en el ala principal del penal.

El comisario, que se identificó no como enemigo sino como adversario del régimen de Maduro, precisó que cuando los directores del centro actuaban arbitrariamente les aseguraban a él y a sus compañeros que cumplían órdenes de sus superiores.

“Yo no sé si era Nicolás Maduro, Diosdado Cabello o quién; lo único que decían los custodios era que las órdenes venían de arriba. Les preguntábamos: ¿de arriba de dónde?”. Su hipótesis es que los dictámenes eran formulados en esferas del Ministerio de la Defensa, que depende del Ejecutivo. “A menos que exista otra azotea que nosotros no conozcamos”, expresó.

La tesis podría fortalecerse al recordar que en febrero pasado, cuando los expresidentes de Chile y Colombia Sebastián Piñera y Andrés Pastrana intentaron visitar a los presos políticos en ese centro se les prohibió luego de que, vía telefónica, el vicepresidente Jorge Arreaza negara la entrada.

Por seguridad. El presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, advirtió  que la decisión de no trasladar a los presos políticos a otro centro penitenciario pudiera implicar la intención de “aplicarle una al preso”.

“No es igual el trato de un militar hacia un civil, que el que se desarrolla entre civiles. En el primer caso se habla de un individuo formado para la guerra frente a una persona que está vencida y detenida. En el segundo escenario se presume que el civil se capacita para reintegrar al preso a la sociedad a través de la educación y no de la represión”, explicó.

El abogado señaló que el traslado de estos ciudadanos a Ramo Verde fue arbitrario y se salta la norma, pues según las leyes debieron haber sido enviados a un establecimiento carcelario civil dentro de la jurisdicción en la que se presume cometieron el delito.

Prado refirió que el gobierno justifica la decisión por “la seguridad de estos presos”, lo cual desde su punto de vista solo revela el temor de no poder garantizarles la vida en otras instituciones porque “todos los días muere un interno en Venezuela”. Destaca la necesidad de que se habiliten centro para recluir a ciudadanos con este perfil.

La organización Venezuela Awareness Foundation calcula que  en el país hay 128 presos políticos, incluidos quienes tienen casa por cárcel desde el gobierno de Hugo Chávez hasta la fecha.

La presidente de la asociación civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, expuso que en esa cárcel operan todos los códigos de funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: superioridad, obediencia y subordinación, y que en el caso de los civiles siempre está en juego la posibilidad de que resulten afectados psicológicamente.

“Es un esquema presente en casi todas las prisiones de alta seguridad en Venezuela para presos políticos, disidentes opositores, como yo las califico que son Ramo Verde, Sebin y la Dirección General de Contrainteligencia Militar”, dijo. Opinó que es evidente el aumento de presos políticos en los últimos años y que “la utilización de Ramo Verde con estos fines quedará como un emblema dentro de la quinta república”.

Coincide en que el Estado desconfía de lo que pudiese suceder con estos privados de libertad en otros penales. Sin embargo, señaló que el gobierno puede estar consintiendo la vulneración de los derechos humanos que han denunciando los detenidos en Ramo Verde y quienes fueron liberados.

Datos

Al menos 160 privados de libertad habría en Ramo Verde, según dijeron custodios al comisario Salvatore Lucchese.

128 presos políticos cuenta la organización Venezuela Awareness Foundation en el país desde el gobierno de Hugo Chávez.

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