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Eliécer Jiménez, abogado. (Foto Archivo/El Carabobeño)
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Eliécer Jiménez, abogado. (Foto Archivo/El Carabobeño)
Alfredo Fermín || [email protected]

El abogado Eliécer Jiménez está esperando que un tribunal lo pase a juicio sin haber cometido delito, pues de acuerdo a su testimonio, su detención por la Guardia del Pueblo se produjo cuando presenciaba una concentración para exigir derechos ciudadanos.

El 19 de febrero a las 9 a.m. Jiménez se encontraba frente al centro comercial Omnicentro, en el edificio de El Carabobeño, donde estaban alrededor de 200 personas dispuestas a participar en una manifestación. De repente llegó un piquete de 35 funcionarios que dispersó violentamente la reunión.

Un coronel de apellidos Rojas Patiño ordenó que siete personas entre las cuales estaba Eliécer Jiménez fuesen detenidas y, sin causa justificada, las llevaron al comando de la GDP, frente a Makro, en la autopista Valencia-Maracay.

Allí nos tuvieron incomunicados, afirmó el abogado. “No se presentó ningún fiscal del Ministerio Público para constatar lo ocurrido, ni se nos permitió que hiciéramos contacto con abogados. A los tres días, cuando se había vencido el lapso de 48 horas que ordena la ley, nos llevaron a la presentación y para la firma de lo relacionado con los derechos fundamentales, lo cual se realizó bajo coacción de funcionarios de la guardia”.

A las siete personas detenidas se les dictaron medidas cautelares contenidas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal: prohibición de salida del país y de asistir a manifestaciones. Además de presentación cada 30 días.

Jiménez relató que cuando se realizó la audiencia preliminar el 30 de octubre, el Ministerio Público presentó una acusación de acuerdo con las declaraciones de los funcionarios de la Guardia del Pueblo que actuaron en el procedimiento. “La acusación, presentada por la fiscal 7 del Ministerio Público, Julisa Ramírez, lo que contiene son las acusaciones de los funcionarios. En esa audiencia, el Tribunal número 1, a cargo de Miguel Ángel Pantaleón, desestimó todos los alegatos presentados por la defensa y acordó pasarnos a juicio”.

El abogado acompaña a las víctimas de la represión que hubo desde el 12 de febrero de este año en Carabobo. “Las detenciones arbitrarias pasan de 325 y las violaciones por tratos crueles e inhumanos se estiman en 35”. De esos casos, solo en el de la muerte de Geraldín Moreno se ha evidenciado que los funcionarios actuantes serán sometidos a juicio”.

http://m.el-carabobeno.com/articles/show/94293