ONG señalan que el Estado politiza los derechos humanos

Los descargos presentados por el Estado en el Comité contra la Tortura de la ONU no satisficieron a las organizaciones no gubernamentales que elevaron sus informes ante el organismo.

El abogado Nizar el Fakih, miembro del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, indicó que en la sesión del viernes se evidenció “la politización extrema” de la delegación del gobierno, encabezada por José Vicente Rangel Ávalos, que, a su juicio, no dio respuestas sólidas. Agregó que el presidente Nicolás Maduro debe aceptar la exhortación de los relatores de las Naciones Unidas que, ante la desacreditación gubernamental hacia las ONG, pidieron que se les permita visitar el país para constatar la situación interna.

“Venezuela dijo a las Naciones Unidas que no se dejarán sorprender en su buena fe, pero no avala la visita de relatores desde 2002, lo que impide que se haga el trabajo y genera más impunidad. El Estado ha suscrito convenios internacionales que propician estas gestiones no solo para verificar la información, sino también para hacer recomendaciones importantes”, sostuvo.

Rechazó la respuesta de Rangel sobre la presunta actuación de colectivos armados, según la cual en la oposición también hay gente armada. Provea reportó 437 incidentes en los que grupos irregulares reprimieron las protestas de los últimos meses. “En algunos casos hubo denuncias sobre la actuación de los grupos represivos con la anuencia de los organismos de seguridad”, añadió.

Cree que hubo algunos avances como el reconocimiento del Estado de la provisionalidad de más de 60% de los jueces, lo que dificulta la realización de procesos imparciales. Señaló que el hacinamiento carcelario es un elemento que llamó la atención de la ONU, que consideró una tragedia el hecho de que, por ejemplo, en la cárcel de Tocorón haya 7.000 reclusos cuando su capacidad es para 700.

Procesos. Andrés Colmenares, director de Funpaz, indicó que los informes presentados ante la ONU se basaron en el registro directo de las denuncias y rechazó que se les descalifique a partir de comparaciones con la actuación de gobiernos anteriores. Cuestionó la cifra dada por la directora de derechos fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé, quien alegó que 51% de las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, tratos crueles, inhumamos y degradantes habían sido resueltos. “Las investigaciones muchas veces no continúan”, aseguró.

También exigieron al Estado responder a casos de tortura mediante el abuso de las fuerzas de seguridad, dijo Oswaldo Cali de Espacio Público. Refirió el caso de José Márquez, en Caracas, que recibió un golpe en la cabeza y murió, y el de Marvinia Jiménez (Valencia), que fue golpeada con el casco de un guardia nacional. “Sorprende que pese a pruebas y videos, y luego de identificados a los agresores, no se procese a los culpables”, destacó.

Esperan recomendaciones
El Foro Penal informó que para finales de noviembre esperan que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas haga pública sus consideraciones y recomendaciones para Venezuela. En un comunicado, el director ejecutivo de la ONG, Alfredo Romero, consideró que la delegación del Estado venezolano respondió “parcial y evasivamente” a los cuestionamientos de los comisionados del Comité contra la Tortura el  viernes pasado. “Los comisionados dejaron claro lo que hemos señalado constantemente: en los casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes la actuación de las instituciones no puede paralizarse a la espera de una denuncia de la víctima, quien siempre estará atemorizada”, dice el escrito.

http://www.el-nacional.com/politica/ONG-senalan-politiza-derechos-humanos_0_515948529.html