Cofavic alertó que en el país “se aplica de facto la pena de muerte”

“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. Así comienza el artículo 43 de la Constitución. Sin embargo, el anuncio del ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, de que el 76% de los homicidios ocurridos en el país son por enfrentamientos entre bandas criminales o entre bandas y las policías ponen en entredicho su vigencia.

Así lo denunció la directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien aseveró: “En Venezuela se aplica la pena de muerte de facto”.

Para la activista las estadísticas que el funcionario dio, entrevista a El Universal publicada el domingo, revelan que el problema se ha agudizado en los últimos años. “En 2013 monitoreamos 669 casos en 23 estados, pero entre enero y junio de este año ya contabilizamos más de 500”.

Ortega atribuyó esta situación a dos razones: “La debilidad institucional, que hace que un policía que comete un crimen se sienta seguro de que no será castigado; y el aumento de la inseguridad, que hace que una parte de la sociedad tolere estos crímenes bajo la creencia de que eliminando a delincuentes se resuelve el problema y no vea que si un policía se convierte en un criminal entonces toda la sociedad está en peligro”.

Tras aseverar que la situación del país es más grave que la ocurrida en Colombia, con el caso de los llamados “falsos positivos”, la directora de Cofavic lanzó el siguiente mensaje tanto a las autoridades como a los ciudadanos: “Los países con altos niveles de seguridad son aquellos donde más se respetan los Derechos Humanos. Allí están los casos de Noruega, Dinamarca o Suecia”.

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