Para tratar de controlar el contrabando, el gobierno de Nicolás Maduro determinó que los usuarios de la red de distribución de alimentos registren su huella para comprar.
Por: Elizabeth Ostos/ Caracas 8 ABR 2014
Con el inicio del registro del “sistema superior de abastecimiento seguro”, el gobierno de Nicolás Maduro aspira a controlar el contrabando de alimentos que se venden, a precios subsidiados, en la red de distribución del Estado. La idea del ministro de Alimentación, Félix Osorio, es evitar la venta indiscriminada de comida “y la protección del sistema de suministro de Mercal, Abastos Bicentenario y Venezuela. No es posible que los artículos terminen en puntos de venta informales de las calles a precios que superan mil por ciento sus costos originales y que cientos de kilos de comida barata se vayan a Colombia, como se ha demostrado. Vamos a entregar una tarjeta electrónica que regule las compras”, dijo Osorio durante la presentación del registro biométrico de consumidores.
Maduro explicó en el último programa de radio semanal que un kilo de azúcar, que en Mercal cuesta 2 bolívares (31 centavos de dólar), termina por el contrabando en Colombia, en donde cuesta 150 bolívares (23 dólares). “El contrabando da más plata que la cocaína. Por eso la derecha no quiere que instalemos un nuevo sistema para proteger al pueblo, pero lo voy a instalar”, dijo el mandatario.
Desde el 1º de abril se inició el registro biométrico de los usuarios de la red de distribución de alimentos del Gobierno. Según datos del Ministerio de la Alimentación, hay 156 puntos de inscripción en todo el país en donde se toman las huellas dactilares de los consumidores con máquinas que facilitó el Consejo Nacional Electoral. Luego se llena un cuestionario que le permite al Gobierno obtener un mapa socioeconómico de los ciudadanos que adquieren productos en los establecimientos de la red. Hasta el presente, el registro es opcional.
“Además, el presidente Maduro ha dicho que semanalmente se rifarán casas, mercados completos, computadoras, y habrá descuentos y cajas especiales para los usuarios de la tarjeta. Por lo pronto no es una obligación sacarla, pero la gente se dará cuenta de que es una ventaja tenerla”, explicó a El Espectador Nubia Rodríguez, funcionaria del Ministerio, contactada en un Mercal en Caracas.
Niega que las ventas estén limitadas en la red estatal, “lo lógico es que la gente compre semanalmente lo que necesite y le deje oportunidad a otro compatriota que busque calidad y bajos precios que sólo garantiza Maduro”. Explicó que el registro se extenderá por un mes y que las tarjetas de abastecimiento seguro serán distribuidas “cuando el presidente lo ordene”. Pero está claro que sí habrá topes de ventas. El ministro Osorio aseguró que el nuevo sistema no permitirá las compras diarias.
“No se podrá adquirir todos los días comida barata; ése es el control que queremos hacer. Es una estupidez que digan que queremos ordenarle a la gente qué comer. Si hay quien compre todos los días en grandes cantidades es porque es un ‘bachaquero’ (contrabandista) o alguien que revende las cosas en la calle”. Explicó que “la compra es bien sencilla: se va a la caja, se pone la huella y se paga; más nada. Si alguien quiere excederse por vivo o por tramposo, el sistema de venta lo rechazará”, dijo el funcionario.
La iniciativa del Gobierno fue fustigada por representantes del sector privado que estiman que no se resolverán los problemas de fondo, como lo son la ausencia de la producción nacional de alimentos y la ineficiencia en el ciclo de importaciones. Según la empresa Datanálisis, el nivel de desabastecimiento en el país es de 60%, lo cual indica que de cada 10 productos no se consiguen seis.
El economista Ángel García Banchs descartó que los venezolanos puedan comprar “sin restricciones”, ya que entonces la tarjeta carecería de razón de ser y alertó que la implementación del racionamiento “a la cubana”, pero de manera electrónica, sólo podría ser posible a través de la represión generalizada.
Haciendo la fila
“Yo pedí la tarjeta de abastecimiento porque quiero seguir comprando barato y me quiero ganar una casa en las rifas que se van a hacer. Lo que no me gusta es hacer cola y espero que Maduro invente algo para que no esperemos tanto tiempo para poder comprar comida a precios justos”, aseguró Flor Vargas, jubilada de 65 años.
Ella es una de las clientas que llegan a las puertas del Abasto Bicentenario de la zona rental de la Plaza Venezuela, en donde funcionarios de la Milicia Bolivariana tratan de ordenar una larga fila de ciudadanos. A la derecha, las personas de la tercera edad. A la izquierda, los más jóvenes. Los milicianos reparten cartones enumerados, “para que no haya tumultos entre la gente cuando lleguen alimentos que están escasos, como la leche en polvo, el café, el aceite y el azúcar. Si no ponemos orden, perderemos más tiempo”.
El promedio de la fila en ese local, el más grande de Caracas, es de unas dos horas para la entrada y entre 45 y 60 minutos para pagar y, finalmente, salir. “Hay gente que se inscribe en el programa Venezuela Productiva, que vende computadoras y teléfonos hechos aquí. Son precios insuperables y son productos de primera calidad”, asegura Carlos Peña, un miliciano “comprometidamente chavista”, como se define.
Pero un cartel colocado en la puerta del local advierte que desde el lunes 7 de abril “no hay venta de computadoras y teléfonos hasta nuevo aviso, no tenemos mercancía”. Al entrar al Bicentenario, los consumidores tienen la opción de hacer las compras de alimentos, a precios subsidiados por el Gobierno o la de inscribirse en el “sistema superior de abastecimiento seguro”.
“Si veo que la tarjeta funciona y que nos van a dejar comprar de todo con buenos descuentos, la pido. No sé por qué le piden a la gente las huellas digitales; es lo que no me convence. No estamos votando por Maduro o por Capriles, sino buscando cosas por toda Caracas para poder comer”, asegura José Marcano, mecánico de 50 años.
El difícil camino al diálogo
La mediación de la Unasur para dar inicio a un diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, que ponga fin a dos meses de sangrientas protestas callejeras, avanza con buenas perspectivas. Diplomáticos de ocho países intentan acercar posiciones, aunque la tarea no es sencilla. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, se mostró optimista por el encuentro preparatorio entre una delegación de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) y representantes del Gobierno. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD, anunció que aceptaban participar en el encuentro preparatorio, si bien no precisó fecha ni hora de cuándo se realizaría.
Sin embargo, la líder opositora María Corina Machado dijo que no acepta dialogar para “estabilizar la dictadura” de Nicolás Maduro y advirtió que no habrá diálogo mientras sigan presos Leopoldo López y varios estudiantes.
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