Afirman que “represión legal” ayudará a poner coto a la criminalidad.
Sin embargo, acto seguido matizó: “Esto no es una orden de guerra al hampa ni nada por el estilo. No, nada de eso de plomo al hampa”.
Días atrás la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, consideró “valioso” que el Gobierno “no haya pisado la concha de mango de promover una política represiva; aún y cuando Venezuela ha sido víctima de una violencia criminal”.
Sin embargo, especialistas consultados por El Universal criticaron esta visión, por considerarla errada, pues parte de la visión de que la represión necesariamente es abusadora.
“Cuando un Estado no castiga un delito le abre las puertas a una violación de los Derechos Humanos, porque si algo tiene seguro un criminal es que no habrá castigo y que puede hacer lo que quiera”, afirmó la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien agregó: “Los Derechos Humanos no son una excusa para no castigar delitos”.
La activista, por el contrario, sostuvo que el déficit institucional que sufre Venezuela, el cual “queda patente con los altos índices de impunidad, es un potenciador de la violencia”.
Esta visión es compartida por el criminólogo Fermín Mármol García, quien apelando al proverbio que reza: “Si quieres obtener resultados distintos, no hagas las cosas siempre igual”, indicó: “Capaz lo que deberíamos hacer es lo que no se ha hecho en todo el siglo XXI en materia de criminalidad y eso es reprimir a los criminales, de acuerdo a lo que permite la Ley, tal y como lo han hecho en Brasil y Colombia”.
Tras aclarar que cuando habla de reprimir no habla de aplicar la ley de fuga o maltratar a los ciudadanos por su aspecto u orígenes, el experto precisó: “Hay que mandar el mensaje de que no hay intocables. Hay que desmontar los micro estados que hay en Venezuela. Hay que desmontar a los pranes, a los colectivos armados que están en el 20% de las parroquias, a los motorizados, a las mafias de invasores y a los sindicatos que están armados”.
García estimó que de tomarse medidas para meter en cintura a los grupos antes mencionados en 18 meses los índices de criminalidad mejorarían.
Lo primero es la voluntad
Por su parte, la profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, Magaly Vázquez, dejó en claro que el primer obstáculo a vencer para atacar de raíz la violencia criminal es la falta de voluntad política.
“No se necesitan más leyes ni reformar las actuales el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) se ha reformado seis veces desde 1999. ¿Estamos mejor? No, peor, porque el problema no es de leyes sino de quienes las aplican. Las autoridades saben qué hacer, el problema es que lo hagan”, indicó la corredactora de esta norma.
¿Pero se puede hacer algo a corto y mediano plazo o estamos condenados a padecer esta situación por décadas? Los consultados aseguraron que sí y coincidieron en señalar cuatro sectores en los que habría que actuar: El policial, el de investigación criminal (Ministerio Público), el judicial y, por último, el penitenciario. Las sugerencias que hicieron los expertos y la situación en la que están las áreas se presentan a continuación.
Dónde se debe actuar y qué se debe hacer
– El aumento en el número de policías es una de las medidas a adoptar para combatir el crimen. El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, informó que actualmente hay 103 mil policías, distribuidos en tres cuerpos nacionales, 24 estadales y 135 municipales. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el país tiene 297,8 policías por cada 100 mil habitantes, tasa menor a la de Uruguay, México, Bolivia y Colombia.
– Especialistas como el criminólogo Fermín Mármol García consideran que en Venezuela debería haber al menos 50 mil policías más. Indicó que la situación de la policía científica (Cicpc) es muy grave, pues, según sus cálculos, tiene un déficit del 300%.
– La Contraloría General de la República, por su parte, en un informe publicado el año pasado indicó que ese organismo de investigación necesitaba sumar a sus actuales 8.922 agentes unos seis mil más.
– García indicó que mientras se forma a estos nuevos agentes las autoridades deberían invertir en tecnología para hacer más eficiente el trabajo de los funcionarios existentes. “Hayque instalar circuitos cerrados de televisión para vigilar calles y avenidas e interconectar los privados existentes en urbanización a la red pública. Se debe instalar GPS a las patrullas para verificar dónde están los policías, si están haciendo sus rondas y así evitar desviaciones”, agregó.
40 por ciento de los efectivos policiales hay en el país están realizando actividades distintas a las relacionadas con la seguridad, según estadísticas de la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol).
En la Investigación criminal
– Para los expertos consultados otra de las medidas necesarias es el aumento del número de fiscales. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en su último informe de gestión reveló que su despacho tiene 708 fiscalías dedicadas a investigar los delitos que se cometen en el país, de los cuales 336 conocen de robos, lesiones, extorsiones y asesinatos.
– Aunque en el reporte no se precisa el número de fiscales, en promedio cada fiscalía tiene dos fiscales (un principal y otro auxiliar), es decir hay más de 1.400 funcionarios encargados de investigar los crímenes y llevar a los tribunales a sus responsables. En 2013, el Ministerio Público aseguró haber resuelto más de un millón de causas aunque recibió 600 mil.
– Ortega Díaz aseguró cuando asumió el Ministerio Público había fiscales que tenían “33 mil investigaciones” y que hoy “no hay fiscalías con más de 2.000 investigaciones, estamos tratando de llegar a 200 y 300”. Para lograr ese objetivo en el país debería haber 2.500 fiscales.
– La profesora Magaly Vásquez saludó iniciativas como la creación de la Unidad Criminalística, equipo encargado de investigar los casos de abusos policiales, pero cree que es necesario darles la estabilidad a los fiscales. “No podemos seguir con fiscales que pueden ser removidos de un momento a otro, eso reduce su independencia”. Ortega Díaz prometió que este año someterá a concurso de oposición las 160 fiscalías que hay en Caracas.
708 son las fiscalías dedicadas a investigar delitos en todo el país, de acuerdo con el último informe que Luisa Ortega Díaz presentó hace dos semanas a la Asamblea Nacional.
Sobre la justicia
– Al Poder Judicial los especialistas consultados recomiendan una receta similar a la del Ministerio Público: Más jueces y más estabilidad en el cargo. En la actualidad en el país hay 900 jueces penales, es decir unos 6,8 por cada 100 mil habitantes, cifra coloca al país en la cola de la región si le compara con Costa Rica donde hay 18 por cada 100 mil habitantes, Paraguay donde hay 16 o Uruguay donde hay 14.
– En su informe de gestión la Fiscal General dijo que resolvió más de un millón de casos en 2013, aunque no precisó cuántos llevó a los tribunales. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Supremo, magistrada Gladys Gutiérrez, dijo que los jueces penales dictaron 368.161 sentencias.
– En 2012 la entonces presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, dijo que en 2013 se abrirían 150 tribunales penales municipales, los cuales conocen los casos castigados con menos de ocho años de prisión y que no requieren cárcel; y 100 ordinarios, pero solo se abrieron 23.
– Pese a que la Constitución establece que los jueces solo pueden llegar a ese cargo por medio de concursos, desde 2006 no se celebra uno. Más del 60% de los jueces son provisorios. “Buena parte llegaron por cuestiones políticas y no por sus conocimientos. Hay que mandar el mensaje al país de que quien delinque debe pagarlo, pero para ello se necesitan jueces bien formados e independientes”, dijo Vázquez.
250 nuevos tribunales penales, entre municipales y ordinarios, prometió en 2012 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que abriría para combatir el crimen, pero apenas inauguró 23.
En el castigo y la reinserción
– En materia carcelaria es donde hay más tema que cortar. Liliana Ortega y Magaly Vázquez afirmaron que es necesario “desarmar” a los reos y lograr que el Estado vuelva a ejercer la autoridad dentro de los penales. Asimismo es indispensable mejorar las condiciones de reclusión. “Los presos deben tener la comida y la salud garantizadas, sin condiciones de hacinamiento”, dijo Ortega, mientras que Vázquez agregó: “Deben estar trabajando o estudiando. No pueden estar todo el día sin hacer nada”.
– De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVV) en Venezuela hay 53.566 presos. 63% de ellos están en condición de procesados, 29% de penados, 5% en destacamento de trabajo y 1% en depósito.
– Sin embargo, las 51 prisiones que hay en el país solamente tienen capacidad para albergar a 16.189 reclusos, es decir hoy por hoy el hacinamiento supera el 230%. Para el OVV esta situación junto a las malas condiciones sanitarias y el hecho de que los reos estén armados explica la violencia carcelaria, que el año pasado se saldó con 506 muertos y 616 heridos. Un récord peor que el de Brasil, Colombia o México, países con poblaciones penitenciarias más grandes.
– Mármol García lamentó que las autoridades venezolanas no hayan construido más que tres cárceles en los últimos tres lustros, mientras que en el mismo tiempo países como Colombia y República Dominicana pusieron en funcionamiento 12.
3 cárceles solamente se han abierto en el país en los últimos 15 años, a pesar de que la tasa de encarcelamiento ha pasado de 79 a 170 por cada 100 mil habitantes solo en el último lustro.
