El asesinato de la exreina y actriz Mónica Spear movilizó a la sociedad venezolana, que salió el domingo a las calles para exigir seguridad. / EFE

El asesinato de una popular figura de la televisión venezolana desnudó ante el mundo la situación de inseguridad ciudadana que está mermando, lenta pero sostenidamente, a la población de esta nación sudamericana. Hace una semana estalló un escándalo de grandes proporciones por el crimen de Mónica Spear y de su expareja y, sobre todo, por la violencia con la cual fue ejecutado.

No sólo fueron la exmiss Venezuela 2004, el empresario turístico Thomas Henry Berry y la hija de ambos, Maya, las víctimas. Son cientos de miles de venezolanos los que sufren ataques de bandas organizadas. Según cálculos conservadores de organizaciones no gubernamentales, basados en algunas estadísticas oficiales y en estudios de campo, en los últimos 15 años han fallecido más de 200.000 personas a manos del hampa.

Varios factores han propiciado que Venezuela sea el segundo país más violento del continente; se reportan 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes, muy cerca de Honduras, en donde la cifra es de 85 homicidios por cada 100.000. El abogado y criminólogo Luis Izquiel dijo a este diario que “esta situación extrema es el resultado de la destrucción de las instituciones que los gobiernos de Chávez y de Maduro han venido propiciando. La Fiscalía y los tribunales penales fueron prácticamente desmantelados luego de que entrara en vigencia el decreto de emergencia judicial, en el año 1999”. Esto generó, explica, que los jueces en esta nación sudamericana sean designados por una comisión del Tribunal Supremo de Justicia y no por tradicionales concursos de oposición y de credenciales.

“La medida les restó autonomía a los encargados de administrar la justicia, en especial en el área penal. Los fiscales y los policías no son suficientes para atender las demandas de la población. Hay un déficit de 40.000 funcionarios de seguridad en todo el país, y sumemos a esto que la nueva Policía nacional cuenta con una unidad de escoltas a personalidades, lo cual resta el 50% del personal activo que debería estar en las calles para servir a la comunidad y no cuidando a la gente del Gobierno”, explica Izquiel.

Impunidad, la clave del mal

Para el sociólogo y estudioso del tema de la violencia Roberto Briceño León, la impunidad es clave en el aumento de los crímenes en Venezuela. En conversación con El Espectador revela que, según estadísticas oficiales, la curva de detención de homicidas ha bajado en los últimos 15 años.

“En 1998, por cada 100 homicidios había 118 detenciones. Esta cifra se ha ido modificando en la última década. Desde hace cinco años, el promedio de aprehensiones es que por cada 100 crímenes hay entre ocho y nueve detenidos. Sumemos a esto el tema de la gerencia de los cuerpos de seguridad del Estado, en donde hubo un proceso sistemático de desarme y de eliminación de competencias a las policías estatales y municipales, la poca efectividad de los tribunales penales y la ausencia de testigos en los pocos juicios que se abren”.

Considera el también director de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) que el tema de fondo es el modelo político que impera en el país desde 1999. “Este gobierno asegura que su visión del control de la inseguridad y de la prevención del delito es de izquierda y sustituye la represión de la derecha, la cual era profundamente antipopular y no atacaba las causas del problema sino sus consecuencias. La prédica oficial promueve la prevención e inclusión social, sin trabajar en paralelo con el tema del desarme de la población y con las graves fallas del sistema judicial. Es la norma que la Policía no actúe con contundencia. Es un asunto de visión de una nación cuyos ciudadanos están a merced del hampa”, reflexiona Briceño.

Otro de los ingredientes de este complejo cuadro se relaciona con la circulación de armas en Venezuela. Roberto Briceño advierte que no hay un estimado oficial: “El Gobierno no aporta ningún dato en este aspecto. La opacidad no sólo es en las cifras sobre economía u otros indicadores de importancia. Este tema tan sensible de la inseguridad está vedado a los investigadores y a los medios independientes”.

No obstante, desde el propio oficialismo se reconoce que se debe regular el porte de armas. El presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional (AN), el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela Juan Mendoza, aseguró a la prensa local que en los próximos meses se verá “el efecto de la puesta en práctica de la reforma de la Ley de Armas, Explosivos y Municiones”. Esta disposición fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional en junio pasado.

Dijo el diputado que en el país circulan “entre 9 y 15 millones de armas legales e ilícitas, pistolas y revólveres, que están en poder de la población civil, y la idea fundamental del proyecto es sacarlas de circulación y poner orden en este tema”. La norma establece que una persona tendrá derecho a portar una sola arma (de fuego) para su defensa personal y podrá comprar 50 municiones al año.

Argumenta Mendoza que la gran cantidad de armas en manos de la ciudadanía es consecuencia de un extendido negocio “del que se beneficia un reducido grupo, a costa de la vida de muchos”.

El director del OVV sostiene que “hay diversas lecturas y versiones de estos datos. Algo que pareciera estar claro es que el número de armas con porte legal ronda las 25.000 unidades. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas son las armas sin registro. Hay quien dice que son más de 10 millones”.

Roberto Briceño León explica además que otro elemento a ser tomado en cuenta es la importancia para el modelo político bolivariano de las milicias (grupos civiles paralelos a las Fuerzas Armadas). “¿Y qué son las milicias? El pueblo en armas. ¿Y quién las financia?”, se pregunta.

Luis Izquiel agrega otro elemento: la introducción de los “colectivos” o grupos parapoliciales armados que tienen el control de barrios populares de las principales ciudades del país, con la misión de defender a la revolución bolivariana. “Estos grupos han crecido exponencialmente en los últimos diez años y están armados. Hay videos, fotos y testimonios de gente valiente de los barrios que no quiere vivir en ciudades extremadamente violentas. El que armó a estos grupos se debe sentar con sus líderes y desarmarlos o desarticularlos”.

Explica que este es un punto fundamental en el proceso de desarme y que debe activarse “y comenzar a parar el baño de sangre en Venezuela. Además, el Gobierno debe reconocer que tiene un enorme problema como el de la inseguridad ciudadana”.

http://www.elespectador.com/venezuela-estado-de-alerta-articulo-468595

 

La captura y sentencia de Alexánder Ramón Córdoba, asesino del estudiante venezolano Juan José Cedeño Herrera, es una de las excepciones entre los casos de impunidad en Venezuela. Sin embargo, el caso no está cerrado y las leyes penales podrían favorecerlo.

Por: Redacción Internacional

Juan José era hijo de la reconocida periodista y analista política Ernestina Herrera Salazar y falleció el 21 de enero de 2010 en el estado de Vargas. Su amigo José Alejandro Morell también fue asesinado por Córdoba, exrecluso reincidente que tenía permiso para portar armas. Ernestina cuenta su historia:
“Alexánder Ramón Córdoba (autor del disparo), Leonardo Sánchez Nucete y Jean Manuel Curapa llegan a un restaurante en donde comían los fallecidos y la novia de uno de ellos, Valentina, a quien le faltan al respeto. José Alejandro reclama el intento de abuso y Córdoba le dispara sin mediar palabra. Mi hijo estaba en la puerta del restaurante y le disparan dos balazos por la espalda y muere en el acto. Arrodillan a Valentina para balearla y la pistola se le encasquilla. Los asesinos huyen.

Una joven y su novio ven todo y son los héroes de esta acusación, se suben a una moto y siguen a los hombres, quienes huían en una camioneta. Logran alertar a la policía y detienen a los responsables. A partir de ese momento comienza el drama jurídico. Hay testigos que señalan que los asesinos intentaron sobornar a los policías con el pago de 40.000 bolívares (US$6.300) a cambio de la libertad. A la semana del suceso uno de los cómplices sale en libertad, por una decisión de la Corte de Apelaciones de Vargas. Hasta el presente sigue en libertad. El otro cómplice también está libre.
El caso cae en el Tribunal IV de Control de Vargas. Durante año y medio cada día se hacía la convocatoria del asesino, quien no acudía a las audiencias. ¿Por qué? Los criminales venezolanos utilizan como estrategia faltar a los llamados del tribunal para demorar los casos y buscar una salida con aplicación del artículo 235 del Código Orgánico Procesal Penal. Este establece que luego de dos años sin haber pasado de un Tribunal de Control, el delincuente debe ser juzgado en libertad.

El asesino contrata a un abogado, Roberto Taricani, reconocido por sus ardorosas defensas de narcotraficantes. Envié una carta a la ministra de Prisiones, Iris Varela, exigiendo el traslado del asesino de mi hijo al Tribunal de Control. La respuesta de la Ministra fue: ‘Nadie puede obligar a un detenido a ir a las audiencias, no pueden violarse sus derechos constitucionales’.

También pido una reunión con Alejandro Castillo, segundo a bordo en la Fiscalía, y con la presidenta de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Además expongo mi caso en un programa de televisión. A los días, mi abogado, el tercero contratado por nuestra familia, recibe una llamada de Taricani, quien dice que el asesino iría a la audiencia y confesaría, a cambio de una sentencia por veinte años de presidio y no la de treinta que solicitaba la Fiscalía.
Las dos madres de las víctimas aceptamos agotadas y, en mi caso, arruinada por los abogados. En cuestión de horas, el asesino fue sentenciado. Ha pasado año y medio desde la condena y en estos momentos se produce una revisión del caso. El abogado del asesino alega una deficiencia renal y pide una medida humanitaria de casa por cárcel. Cansada, agotada y con un dolor cada vez más lacerante, no he tenido fuerzas para ver en qué ha quedado tal solicitud”.

http://www.elespectador.com/historia-de-juan-articulo-468613