Especialistas alertan que la provisionalidad es la raíz del problema

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Expertos llaman a depurar el Poder Judicial GABRIELA PULIDO/ACHIVO
JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
martes 21 de enero de 2014  12:00 AM
La justicia penal venezolana es vista como la peor del mundo. Así lo reveló el Índice de Estado de Derecho 2012-2013 publicado días atrás por la organización estadounidense The World Justice Projec, en el cual los juzgados nacionales quedaron por debajo de los de países como Irán, donde los homosexuales son ahorcados en plazas públicas o como China, donde desde en febrero de 2013 unos 53 disidentes fueron a parar a las cárceles.

¿Cómo es posible que en países autoritarios o dictatoriales sus ciudadanos tengan mejor percepción de sus tribunales que los venezolanos de los suyos? Según el reporte, elaborado a partir de entrevistas a académicos, abogados y líderes comunitarios, la razón reside en que el sistema es visto como corrupto, incapaz de actuar libre de discriminación y que está controlado por el Gobierno.

Este último motivo es el para el exdirector del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Simón Bello, el que explica fundamentalmente los desastrosos resultados.

“No sé como funciona la justicia penal en Rusia, Belarús, China o Vietnam, pero la nuestra funciona muy mal”, afirmó el catedrático, quien agregó: “Mientras los jueces en Venezuela no sean escogidos por sus conocimientos sino por su filiación política la situación no mejorará, porque así se crea una situación de servidumbre. ¿La razón? El escogido sabe perfectamente que en condiciones normales no habría llegado a donde está y se coloca en condición de sumisión frente a quien lo nombró”.

No todo es malo, pero…

En similares términos se pronunció el ex fiscal del Ministerio Público, Juan Carlos Gutiérrez quien, aunque reconoció que en los últimos tiempos se han producido avances en materia de traslado de reos hacia los tribunales y se han tomado medidas para reducir los diferimientos de los procesos, indicó que “mientras no exista carrera judicial el sistema seguirá siendo débil y así lo verán los ciudadanos”.

Aunque la Constitución en su artículo 255 establece: “El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales”, en Venezuela desde 2006 no se ha realizado un solo concurso y el grueso de los jueces los ha designado la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la condición de provisorios; es decir los considera de libre nombramiento y remoción.

En 2009, el Ejecutivo nacional informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en Venezuela había 1.896 jueces, de los cuales 936 (40,3%) eran titulares y 960 (50,64%) provisorios, temporales o transitorios.

Sin embargo, esta cifra se ha incrementado en los últimos cinco años fundamentalmente por dos razones: La suspensión de jueces titulares en el marco de procedimientos administrativos abiertos por supuestas irregularidades, los cuales son reemplazados por provisorios; y por la apertura de nuevos tribunales.

Fiscales y defensores también

El profesor Bello dejó en claro que el problema de la justicia no pasa por reformar leyes, sino por aplicarlas.

Opinión que es compartida por Gutiérrez, quien abogó por “una depuración profunda del Poder Judicial que debe comenzar por el TSJ. No es posible que en la actualidad más de un tercio de los magistrados sean suplentes. La Asamblea Nacional debe tomar cartas en el asunto y realizar los nombramientos ajustados a lo que establece la Constitución, respetando las credenciales y dejar de buscar simpatizantes partidistas”.

Acto seguido Gutiérrez dejó en claro que el combate de la provisionalidad no se debe limitar a los tribunales, sino que debe llegar al Ministerio Público y a la Defensa Pública, donde la totalidad de los funcionarios puede ser removidos en cualquier momento. “Hay que fortalecer la función fiscal y defensorial, pues los constantes cambios que se dan ahora fomentan la impunidad, porque quien es nombrado comienza su trabajo desde 0”.

A finales de 2012 la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, convocó los primeros concursos para entregarle la titularidad y darle la estabilidad a los fiscales, con lo cual cumplió la palabra que dio al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año previo durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos al que fue sometido el país.

Por su parte, el defensor público, Ciro Araujo, entrevista concedida a este diario en diciembre, anunció que este año hará lo propio.

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http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140121/achacan-mala-percepcion-de-la-justicia-a-su-falta-de-autonomia