– Ese año se aprobó la primera Ley de Habilitante para Hugo Chávez Frías. El grueso de los  marcos legales redactados fueron leyes financieras (impuesto al débito bancario, reformas del IVA e ISLR, etc) que tenían como objetivo incrementar los ingresos tributarios ante la merma que tenía la contribución petrolera. Las leyes productivas fueron para la promoción y protección de las inversiones.

2001

– En ese ejercicio Chávez tuvo su segunda Habilitante que le permitió aumentar el control estatal en diversos sectores. El instrumento más polémico fue la Ley de Tierras que declaró de utilidad pública e interés social las tierras. Eliminó el latifundio y permitió la intervención preventiva de las tierras públicas y privadas. Se limitó la entrega de terrenos como garantía de los créditos y para ejecutar las medidas fue creado el Instituto Nacional de Tierras.

– Además de la Ley de Tierras se aprobó la Ley de Zonas Costeras. En ese instrumento se estableció que los bienes ubicados a 80 metros contiguos a las playas, ríos y lagos son de dominio público. Se fijó una franja de 500 metros que no es de dominio público, pero que queda afectada para los planes de desarrollo estratégico.

– Por medio de la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo se autorizó la afectación de tierras municipales o privadas para desarrollar los planes que defina el Ejecutivo Nacional.

– La Ley de Pesca reservó a los pescadores artesanales la explotación de sardina, pepitona, camarones y cangrejos distribuidos en bahías y lagunas, así como los recursos pesqueros próximos a la línea de costa dentro de una franja de hasta 6 millas de ancho. No se permitía realizar pesca de arrastre dentro de una distancia inferior a 6 millas en costa continental y dentro de 10 millas alrededor de las áreas insulares.

– La Ley para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa tuvo como objetivo regular el apoyo, fomento y recuperación de la pequeña y mediana industria. Para ello se recuperaría la capacidad instalada de la empresas y se darían preferencias en las compras del sector público. Este texto posteriormente se reformó.

– Ese año se autorizó la Ley de Hidrocarburos para regular la participación en la explotación y exploración de crudo. Por esa vía se decidió que el Estado tiene una participación de 51% en las empresas. La regalía petrolera se bajó a 30%.

2007
2008

– En la tercera Habilitante de Chávez uno de los textos aprobado fue la Ley para la Defensa en el Acceso de los Bienes y Servicios, que declaró de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para la producción, distribución y comercialización de alimentos y otros productos controlados. Prohibió  el incremento de precios de bienes en existencia que estén marcados.

– Con la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria se le permite al Gobierno regular las actividades de producción, procesamiento, intercambio, distribución, comercialización, almacenamiento, importación y exportación de alimentos. En el texto se indica que “es preciso someter el abastecimiento y distribución de rubros a la regulación social”.

– La Ley de Pesca fue modificada por la soberanía alimentaria. En el instrumento se limita la pesca industrial y de arrastre y se ordena a los pescadores y acuicultores a contribuir solidariamente con la entrega gratuita y directa del 5% de su producción a los consejos comunales.

– La Ley de Fomento a la Economía Popular crea las organizaciones socioproductivas comunitarias y las unidades de producción enfocadas en el modelo socialista. Incorporó a la propiedad social indirecta y contempló la existencia de las empresas de producción social y de distribución social. Luego este fue derogado porque la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Sistema Económico Comunal.

– La Ley para la promoción de la pequeña y mediana industria se cambia para adaptarla al modelo socialista. El texto señala que se  debe “promover el desarrollo integral de la pequeña y mediana industria y las unidades de producción social”. Se indica que hay que “modificar las relaciones de producción y transformarlas en un modelo socioproductivo”.

– La Ley de Crédito para el Sector Agrícola es modificada para que los fundos estructurados, conocidos como fundos zamoranos, estén incluidos entre los destinos de la cartera agrícola. Se indica que “los Consejos Comunales y cualquier otra forma de participación popular” podrán opinar ante el Comité de Seguimiento de la Cartera Agraria  para fijas las condiciones de la gaveta.

– La Ley de Turismo declara a la actividad turística como de utilidad pública y de interés general y debe estar orientada al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades receptoras. Se crean zonas de interés turístico que se consideran como las áreas que por sus “características naturales, ecológicas, demográficas, urbanísticas y socioculturales sean capaces de generar corrientes turísticas”.

– La Ley de Licitaciones se deroga y se aprueba la Ley de Contrataciones. Por esa vía se amplían las motivaciones para realizar contrataciones directas, en especial para la seguridad alimentaria; se incrementan los montos para proceder a la compra de bienes y ejecución de proyectos en contrataciones abiertas y se incluyen a los consejos comunales.

– Con la Ley de Migración de los Convenios de Asociación de la Faja a Empresas Mixtas se conforman nuevas empresas en las que Pdvsa tiene al menos una participación de 60%.

– La Ley de la Comisión Central de Planificación permite avanzar en la planificación centralizada. Dicha instancia tiene entre sus objetivos elaborar un mapa central de la estructura económica nacional pública y privada para definir los planes de los dos sectores. En ese instrumento se apunta que la Comisión se encargará de sugerir las líneas de acción del Consejo Federal de Gobierno.

– Con la Habiliante se aprobó la Ley de Reorganización del Sector Eléctrico. Este instrumento se autorizó luego de la nacionalización de las empresas eléctricas.

– Por la estatización de las tres cementeras, el Gobierno publicó la Ley que ordena a las Empresas Productoras de Cemento. Se conformó la Corporación Socialista del Cemento, que coordina a esas industrias.

– Por medio de los poderes especiales se aprobó la Ley para la Captación de los Fondos Excedentarios que le permite al Presidente manejar los fondos excedentes de las empresas estatales.

2011
2012

– En la cuarta Habilitante se afianzaron los controles y el Estado amplió su participación en la economía. Para cumplir el objetivo se redactó la Ley de Costos y Precios Justos que permite al Ejecutivo tener acceso a toda la información de producción, distribución y comercialización de los bienes, nacionales e importados, considerados de primera necesidad, con el fin de fijar precios “justos” y ganancias “justas”.

– En ese lapso se aprobó la Ley que regula las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado y la Iniciativa Comunitaria y Privada para el desarrollo de la economía nacional. Por esa vía el Estado puede tener participación accionaria de 40% en las empresas que disfrutarán de incentivos especiales. También estará en los conglomerados, donde distintas compañías pueden unirse para atender la demanda de bienes.

– La Ley para la Gestión Comunitaria de Competencia, Servicios y otras atribuciones establece que el Estado autorizará la transferencia de gestión a las comunidades de distintos servicios y otros elementos como pequeñas empresas.

– La Ley Orgánica de Bienes Públicos indica que serán consideradas como entes u órganos del sector público “las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas  tengan participación igual o mayor al 50% del capital social”.

– Con la Ley para la Explotación y Exploración del Oro, el Estado se reserva la explotación del oro así como el almacenamiento tenencia, beneficio, transporte, circulación y comercialización. Se indica que “todo el oro que se obtenga, como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, será de obligatoria venta y entrega a la República”.

– En ese periodo el Gobierno redactó la Ley de Emergencia de Terrenos de Vivienda que establece que a las familias que le sean adjudicadas las viviendas estatales deberán “abstenecerse de realizar actos de disposición parcial o total de los derechos adjudicados tales como ventas o  alquileres”. Permite la ocupación de urgencia de algunas obras así como las expropiaciones si no hay acuerdos con propietarios.

– En la estructura del nuevo sistema de vivienda se crea la Ley de Propiedad de las Viviendas que conforma la propiedad familiar. Según el texto “el Estado garantiza el derecho de propiedad familiar y multifamiliar. La propiedad familiar recae sobre las viviendas, los terrenos, inmuebles y cosas comunes de los edificios”.

– La Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de Expropiaciones de Emergencia con Fines de Poblamiento y Habitabilidad establece que “para el justiprecio de un inmueble se determinará utilizando como base de cálculo, el último valor de compra de dicho inmueble, indicado en el respectivo documento de propiedad debidamente protocolizado”.

– La Ley de la Misión Saber y Trabajo indica que el Gobierno  hará uso de aquellas tierras con potencial industrial que se encuentren ociosas o abandonadas con el objeto de fortalecer las bases para el desarrollo la Misión. El Ejecutivo tiene la facultad de determinar las áreas estratégicas especiales de desarrollo, asignar terrenos, bienhechurías y medios de producción a trabajadores inscritos en Misión.

– Con la reforma de la Ley de Orgánica de Administración Financiera del Sector Público se le dan mayores facultades al Presidente para autorizar endeudamientos complementarios y decretar los créditos adicionales que considere necesarios con los recursos obtenidos por esas emisiones.

2013
2014

– El Presidente Nicolás Maduro, luego de siete meses de haber asumido el poder, ya cuenta con poderes especiales para legislar y ya aprobó la Ley para el Control de los Costos, Precios, Ganancias y Protección de la Familia. Aunque el texto no se ha publicado, el jefe de Estado ha señalado que por esa vía se controlarán las ganancias y ha expresado que no deben superar el 30%.

– Además de ampliar el control de precios, el Gobierno centralizará la importaciones. Ya autorizó la Ley para la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación de Comercio Exterior, que indica que dicha corporación podrá importar y suministrar bienes e insumos que las empresas públicas y privadas necesiten para producir.

– En ese contexto de regulaciones. El jefe de Estado aprobó un decreto de régimen transitorio para controlar los alquileres de los locales comerciales. Según la norma, el precio del metro cuadrado de los locales destinados a las actividades comerciales no podrá exceder de 250 bolívares. En dos semanas se estima que estará lista la ley definitiva.

– El Gobierno en el marco de la Habilitante aprobará un decreto para bajar los precios de los vehículos. Según el Presidente, se “regulará el mercado para favorecer a los trabajadores y a la clase media”.

– En la agenda del Ejecutivo nacional se contemplan otras medidas la revisión de los precios de las viviendas.