VENEZUELA: Última reforma del COPP impide que usureros vayan a la cárcel

El Universal / A medida que pasan los días el número de comerciantes detenidos por presuntamente remarcar precios no deja de crecer y ya se acerca a la cincuentena. Sin embargo, al mismo ritmo también se van produciendo liberaciones y las posibilidades de que alguno termine con sus huesos en la cárcel, aún luego de ser condenado por un juez, son escasas.

¿Por qué? Hasta ahora los fiscales que el Ministerio Público ha desplegado para apoyar al Gobierno en las fiscalizaciones ha imputado a la inmensa mayoría de los aprehendidos la comisión del delito de usura genérica, previsto en el artículo 144 de la Ley para la Defensa de las Personas al Acceso de Bienes y Servicios (Ley del Indepabis) y el cual se castiga con prisión de uno a tres años. Dicha pena, según la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) aprobada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2012, no amerita encarcelamiento.

Como se recordará en la modificación del COPP se elevó hasta ocho años la pena mínima por la que alguien deba ir a la cárcel.

El grueso de los delitos sancionados en la Ley del Indepabis tienen penas inferiores al límite antes mencionado. No obstante, esto no debería darle pie a los procesados para que echen las campanas al vuelo, pues ese instrumento establece multas de hasta 5.000 unidades tributarias y además prevé la pena accesoria de la inhabilitación para el ejercicio del comercio por hasta 10 años.

Asimismo si los fiscales terminan acusando a los hoy imputados por delitos previstos en otras leyes como la de la Delincuencia Organizada, la cual además de tener sanciones más duras abre las puertas para la confiscación de sus bienes, sí podrían terminar tras las rejas.

El presidente Nicolás Maduro parece estar consciente de esta situación. Al menos esto es lo que se desprende de su discurso del domingo, cuando aseguró: “Vamos a hacer los ajustes a través de la Habilitante para elevar las normas y las penas a los niveles máximos posibles para todo aquel empresario que reciba dólares de la República (…) y los utilice para especular con la moneda, para especular con los productos y para robar y saquear al pueblo venezolano. Porque ahorita no existen de por sí, más penas son multas, cierre del local. ¡No esa gente tiene que ir presa!”.

Sin embargo, de materializarse este anuncio los cambios no podrían aplicarse a quienes ya están siendo investigados, pues la Constitución de 1999 prohibe que aplicación retroactiva de las leyes penales, a menos que favorezcan a los procesados.

Un contrasentido

El exfiscal del Ministerio Público, Juan Carlos Gutiérrez, criticó el anuncio presidencial, por considerar que el mismo va en la dirección opuesta a la trazada por su predecesor.

“La reforma del COPP realizada por el presidente Chávez estaba orientada a descongestionar las cárceles, pues acogió el criterio según el cual el objetivo de la justicia penal no es meter más gente a las cárceles sino conseguir que restituyan el daño que infringieron y para ello se estableció el trabajo comunitario como una pena”, aseveró el penalista.

Precisamente cuando se puso en marcha esta modificación funcionarios como la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Luisa Estella Morales, la defendieron aseverando: “No toda persona que incurre en un delito tipificado en el sistema penal necesariamente tiene que ir a la cárcel, porque la Constitución ha establecido que debe prevalecer el juzgamiento en libertad”.

Por último, Gutiérrez rechazó la posibilidad de que el primer mandatario modifique leyes penales, pues es “materia de reserva legal y competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, que ella no puede delegarla. Solamente en países no democráticos el Ejecutivo crea o modifica delitos”.

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