La Sección Cuarta pone en busca y captura a la antigua cúpula militar y política del gigante asiático por el genocidio en Tíbet
El principio de justicia universal vuelve a poner en un aprieto al Gobierno español frente a China. La Audiencia Nacional puso el martes en busca y captura al expresidente del gigante asiático Jiang Zemin, de 87 años, y al ex primer ministro Li Peng, de 86, entre otros miembros de la cúpula delPartido Comunista Chino (PCCh), por el genocidio en el Tíbet. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia revocó un auto del pasado abril en el que el juez Ismael Moreno desestimaba la petición de diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos en la región autónoma de que se ordenara la detención de los antiguos líderes chinos entre finales de los años ochenta y la década de los noventa del siglo pasado.
La decisión de la justicia española, de evidentes implicaciones diplomáticas, afecta también a Qiao Shi, jefe de la seguridad china y responsable de la policía armada popular; Chen Kuiyan, secretario del PCCh en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Pelyun, ministro de Planificación Familiar en los años ochenta. La investigación deriva de una querella interpuesta en 2006 por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y un particular, el sherpa Thubten Wangchen, de nacionalidad española. En ese escrito se denuncian “una serie de acciones conjuntadas” del Gobierno chino para “eliminar la propia idiosincrasia y existencia del propio país tibetano”. Entre estas medidas destacan la ley marcial, desplazamientos forzosos, campañas masivas de esterilizaciones, torturas de disidentes y traslados a la región de contingentes de ciudadanos chinos para dominar y eliminar a la población autóctona.
Los querellantes sostenían que las declaraciones de distintos testigos ante el juzgado de Ismael Moreno, la información judicial enviada por Canadá, Bélgica y Suecia y las resoluciones de la ONU sobre el Tíbet apuntaban directamente a la cúpula del PCCh como responsables del genocidio y por ello pedían su detención. Sin embargo, ni el fiscal ni el juez Moreno lo veían igual: para ellos las diligencias practicadas hasta ahora no permitían deducir la participación de Jiang Zemin, Li Peng y sus adláteres en los supuestos crímenes contra la humanidad.
No es la primera vez que la Sección Cuarta revoca la decisión del juez instructor de no investigar a los líderes chinos. El pasado 10 de abril, el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo reabrió la querella por genocidio interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet contra el expresidente chino Hu Jintao porque uno de los querellantes, Thubten Wangchen, es de nacionalidad española y porque las autoridades chinas no han emprendido ningún tipo de investigación sobre los hechos objeto de la querella.
El presidente del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), Alán Cantos, se felicitó este martes por la decisión de la Audiencia. “Significa mucho para la salud del sistema judicial español y la separación de poderes. Es un signo de esperanza que los jueces se decanten por principios y por la ley y no se plieguen a cálculos políticos”.
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384873557_326320.html
España investiga los crímenes de Tíbet
El juez Pedraz acepta, a tres días de los Juegos Olímpicos, una querella contra siete altos cargos del Ejecutivo chino por la represión de marzo en el territorio tibetano
A tres días de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella contra dos ministros del Gobierno de la República Popular China, dos generales de su ejército y tres altos cargos políticos relacionados con la región de Tíbet, por un delito de lesa humanidad. La querella contempla muertes y lesiones graves intencionadas, desapariciones, detenciones ilegales y torturas.
Pedraz, que también instruye una causa por el genocidio maya en Guatemala, ha aceptado la competencia de la jurisdicción española para investigar la querella presentada por el Comité de Apoyo a Tíbet, la Fundación Privada Casa de Tíbet y un particular, Tubten Wanghen Sherpa Sherpa, contra las autoridades chinas por “matanza generalizada y sistemática de tibetanos”. Los hechos relatados en la querella refieren un ataque planificado y ejecutado con método contra la población civil tibetana a partir del pasado 10 de marzo, cuando unos 500 monjes del monasterio de Daprung se unieron a una manifestación pacífica para reclamar libertad religiosa. La represión que siguió causó “al menos 203 muertes, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos” según la querella.
Para el juez Pedraz, estos hechos supondrían “un crimen contra la humanidad”, y en concreto, un delito de lesa humanidad previsto y penado en el artículo 607 bis del Código Penal. A efectos de dicho artículo, el juez tiene en cuenta que la población tibetana se constituiría como un grupo o colectivo perseguido por las autoridades chinas “por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género”, o por otros motivos universalmente reconocidos como “inaceptables” con arreglo al derecho internacional.
La causa abierta por el juez central número 1 de la Audiencia Nacional se dirige contra Lian Guanglie, ministro de Defensa de la República Popular China y miembro de la Comisión Central Militar; Geng Huichang, ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad y los generales Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa y Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu. Figuran también como querellados Zhan Qingli, secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma de Tíbet; Wang Lequan, miembro del Politburó en Pekín, y Li Dezhu, líder de la comisión de Asuntos Étnicos.
Antes de dar traslado a los siete inculpados, Pedraz ha requerido a los querellantes para que identifiquen completamente y reseñen la filiación de los querellados, así como para que aporten toda la documentación de que dispongan.
En el mismo auto, el juez cita para el 4 de septiembre al responsable del departamento de Seguridad del Gobierno Tibetano en el Exilio y al director del Centro Tibetano para los Derechos Humanos del Gobierno en el exilio. Para el día 10 de setiembre ha convocado al responsable del informe de Amnistía Internacional sobre la Represión en Tíbet.
El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera competente a la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos fuera del territorio nacional que, según los tratados o convenios internacionales, deban ser perseguido en España.
Justicia universal
– La Audiencia Nacional ha aceptado la competencia española para investigar delitos de genocidio, terrorismo, torturas y delitos de lesa humanidad en aquellos casos en los que las víctimas no pueden acudir a la justicia de sus respectivos países.
– El juez Santiago Pedraz investiga el genocidio maya, en el que fueron asesinadas unas 250.000 personas. Ahora Pedraz investigará también la represión en Tíbet.
– El juez Fernando Andreu ha procesado a 40 altos cargos militares por el genocidio de Ruanda.
– El juez Baltasar Garzón inició las investigaciones de crímenes contra la humanidad de las dictaduras de Chile y Argentina y propició la detención de Augusto Pinochet en Londres. En la actualidad, Garzón investiga la desaparición de saharauis y el asesinato del diplomático Carmelo Soria en Chile.
