“… las medidas adoptadas por el gobierno no pueden considerarse de ninguna manera como idóneas y mucho menos ajustadas al debido proceso como algunos profesionales del derecho han afirmado…”
“…. la detención de este ciudadano (JOSE GREGORIO FERNANDEZ ONTIVEROS) era nula de nulidad absoluta tal como lo decretó un Tribunal previa solicitud de esta defensa…..” Thelma Fernández
Caracas, Noviembre 14, 2013.-Es muy lamentable la situación que se ha presentado en el país durante las últimas horas, sin ánimos de desconocer que ciertamente existe una comisión de delitos por parte de algunos comerciantes en lo que respecta a la usura y a la especulación, ilícitos penales previstos en la Ley para la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios, las medidas adoptadas por el gobierno no pueden considerarse de ninguna manera como idóneas y mucho menos ajustadas al debido proceso como algunos profesionales del derecho han afirmado y lo digo con conocimiento de causa, creo oportuno traer a colación el caso de un humilde trabajador al cual me correspondió defender en juicio penal conjuntamente con los abogados José Amalio Graterol (mi socio y amigo) y Simón Boada, el ciudadano JOSE GREGORIO FERNANDEZ ONTIVEROS, uno de los gerentes de la tienda JVG ubicada en la Av. Sucre de Los Dos Caminos, quien sin ser dueño, ni accionista de la empresa y por lo tanto sin tener poder de disposición sobre los precios de los artefactos y demás productos que allí se venden, fue detenido en un proceso de fiscalización llevado a cabo por el Ministro de Comercio ALEJANDRO FLEMING, acompañado por funcionarios adscritos al INDEPABIS, a la SUNDECOP y al SENIAT, en el referido establecimiento comercial, en donde según estos funcionarios, se observó un sobreprecio en los artículos exhibidos al público, y en vista de ello llamaron a funcionarios del SEBIN para que allanaran el local, sin orden de un Tribunal, y procedieran a la detención del precitado ciudadano por el solo hecho de ser uno de los gerentes de la tienda, sin que existiera una orden judicial de aprehensión en contra de este ciudadano, y sin que el mismo se encontrada cometiendo un delito flagrante, pues el señalamiento en relación al supuesto sobreprecio no fue soportado con ningún elemento de convicción procesal, ni siquiera para establecer en ese preciso momento, la real comisión de un delito y en consecuencia la responsabilidad penal de persona alguna, por lo tanto se trata de un señalamiento que entra en el campo, esta vez sí, de la especulación de unos funcionarios públicos, pues en derecho los señalamientos se prueban y este no fue el caso.
De manera que la detención de este ciudadano era nula de nulidad absoluta tal como lo decretó un Tribunal previa solicitud de esta defensa, a pesar de que, apoyándose en una sentencia mal aplicada emanada del TSJ con ponencia del ex Magistrado Iván Rincón, subsanó la detención arbitraria e impuso medidas cautelares sustitutiva de libertad para el justiciable, asimismo la Juzgadora con base a lo anterior instó al Ministerio Público a que se abriera la correspondiente averiguación en contra de los funcionarios que practicaron la detención de Fernández Ontiveros.
Así las cosas no puede decirse que se está cumpliendo con el debido proceso en estos casos; en un país donde existe verdadero estado de derecho no se castigan los delitos sobre la base de violaciones al ordenamiento jurídico, ya que en efecto punitivo del Estado se ve absolutamente desnaturalizado y trae como consecuencia una alteración de la paz social, más aun cuando existe una invitación por parte de la máxima autoridad del País para que los ciudadanos dejen vacios los estantes de los comercios bajo la excusa de que sus dueños habían incurrido en los delitos de usura y especulación contra el consumidor, lo cual fue objeto de múltiples interpretaciones y desencadenó en los hechos de violencias registrados durante estos últimos días, a todo ello le debemos sumar la gran cantidad de personas que se van a ver afectadas por la falta de empleo que generaban de manera directa e indirectas las empresas “sancionadas” por haber sido saqueadas en algunos caso y en el mejor de ellas obligadas a vender sus producto a un precio que no se corresponde con el monto invertido porque en la mayoría de los casos los dólares otorgados por el Estado a estas empresas no fue suficiente para llenar los anaqueles de sus tiendas, por lo que se ven obligados a recurrir a otras formas de adquisición de divisas que obviamente supera con creses el monto oficial y ello incide en el precio de los productos y nadie va a trabajar a perdidas. De manera que, como señalé al inició, independientemente de los delitos en que pudieron haber incurrido los dueños de muchos locales comerciales, las medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional no son de ninguna manera adecuadas, ni ajustadas a derecho y auguran resultados muy preocupantes para los próximos meses, por lo tanto deben ser repudiadas por todos los habitantes de este país.
Abogado Thelma Fernández.
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