El penalista afirma que el aumento desproporcionado de penas y la violación del derecho a la defensa equivale a la Inquisición
HERNÁN LUGO-GALICIA23 DE NOVIEMBRE 2013
En lugar de buscar soluciones, el gobierno aplica una política de persecución penal contra comerciantes y empresarios en medio de una crisis económica, lo cual causará mayores problemas.
El abogado Alberto Arteaga hizo la advertencia luego de leer en El Nacional las propuestas de Hermann Escarrá de confiscar los productos de un negocio en el que exista una supuesta usura o especulación, y la iniciativa de Antonia Muñoz (PSUV) de calificar la usura de estafa.
“¿La solución está en la persecución penal y en la amenaza con graves y severas sanciones de carcel?”, preguntó Arteaga, quien está convencido de que el gobierno ha decretado “una guerra penal” contra comerciantes y empresarios.
“Hasta la saciedad se ha demostrado que las mayores penas, la confiscación u otras medidas de máxima severidad no impiden la comisión de delitos, pero sí abren el camino para la arbitrariedad y la utilización política de la justicia penal”, afirmó para alertar sobre las leyes que entrarían en vigencia con la Ley Habilitante.
Ante las inspecciones y la detención de personas, explicó: “No se puede presumir la culpabilidad sino la inocencia, según el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución. Corresponde al Ministerio Público demostrar el delito y acreditar la autoría y la culpabilidad. Al investigado no le corresponde probar su inocencia (esto en relación con lo que dijo el diputado Pedro Carreño respecto de Cocchiola: el silencio equivale a una confesión). Razonar de otra manera es instaurar la Inquisición”
Desmontó dos argumentos del gobierno. Uno, “si la especulación implica vender a precios superiores a los fijados por la autoridad y si los precios no estaban fijados, no cabe aplicar la ley del Indepabis”. Y, dos, “la usura supone, en su modalidad genérica, obtener una ventaja notoriamente desproporcionada en una negociación, en relación con la contraprestación que se ofrece; criterio de desproporción difícil de determinar si los márgenes de ganancia no están igualmente precisados y que, en todo caso, exige un aprovechamiento de las necesidades del otro y que además no tiene nada que ver con el delito de estafa”.
“La especulación y la usura, con penas máximas de 3 años, -agregó- han sido considerados en la reforma del COPP de 2012 como delitos menos graves; es decir, no dan a lugar a privación preventiva de la libertad y, si media una condena, cabe la suspensión de la ejecución de la pena”.
La vida democrática en riesgo
“Esta ley permite dictar decretos leyes que pueden afectar la vida democrática, gobernar mediante un autoritarismo de Estado, generar condiciones para el incremento de las violaciones de los derechos humanos, afianzar la persecución a las opiniones críticas y reforzar la criminalización de la protesta social, con la excusa de sancionar aquellas “acciones que atenten contra la seguridad y defensa de la nación”.
La advertencia corresponde al Foro por la Vida que a a través de un comunicado expresó sus reservas frente a la concesión de poderes para legislar por decreto al presidente Nicolás Maduro.
La coalición de ONG argumenta que no hace falta una ley habilitante para combatir la corrupción y la especulación, y que, en todo caso, las medidas a aplicar deben garantizar plenamente los derechos humanos. Piden evitar su uso con fines de persecución política o de discriminación, y procurar el diálogo con todos los sectores de la sociedad en busca de consensos.
