- Los Estados tiene tres años para adaptarla a las normas nacionales
Efe | Luxemburgo
La Unión Europea ha adoptado este lunes una normativa que garantiza a todos los ciudadanos de los Estados comunitarios el derecho a recibir asistencia jurídica en el marco de los procedimientos penales.
El Consejo de ministros europeos de Justicia respaldó formalmente la nueva ley, que ya recibió el pasado septiembre el visto bueno del Parlamento Europeo.
En la práctica, la directiva implica que todos los sospechosos, con independencia del país de la Unión donde se encuentren, tendrán garantizado el derecho a ser asesorados por un abogado, desde las primeras etapas de un procedimiento penal y hasta su conclusión.
Además, a las personas que sean detenidas, se les garantizará laposibilidad de comunicarse con su familia.
Si están fuera de su lugar de origen, los ciudadanos podrán asimismocontactar con el consulado de su país.
Larga negociación
La normativa culmina diez años de intentos para cerrar un acuerdo sobre el asunto, recordó la Comisión Europea. “Esta normativa es una victoria para la Justicia y para los derechos de los ciudadanos europeos”, consideró la vicepresidenta de la Comisión y titular de Justicia, Viviane Reding.
La comisaria recordó que la nueva norma es la tercera propuesta comunitaria con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos de la Unión el derecho a un juicio justo.
Las otras dos iniciativas, también adoptadas, consisten en el derecho arecibir traducción e interpretación durante el juicio, y el derecho a la información durante los procedimientos penales.
Tras la entrada en vigor de esta directiva, que tendrá lugar en las próximas semanas con la publicación en el diario oficial de la UE, los Estados miembros tendrán tres años para adaptarla a las normas nacionales.
Diferentes condiciones
La Comisión estima que la norma se aplicará cada año a unos ocho millones de procesos penales en los Veintiocho países de la Unión.
Aunque el derecho a la defensa en un juicio es un elemento básico, las condiciones bajo las cuales se aplica difieren entre los Estados miembros.
Por ejemplo, en algunos países no se permite que el sospechoso vea a un abogado durante el interrogatorio ni se ofrecen garantías de la confidencialidad de sus contactos con el letrado.
En el caso de una orden de arresto europea, en ocasiones los afectados pueden no tener derecho a un abogado hasta que son entregados al país que ha emitido ese mandato.
También hay divergencias en la posibilidad de contactar con los consulados o de recibir información sobre la familia.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/07/union_europea/1381170799.html
