“El Estado es administrado por un gobierno que no es ejemplo para una sociedad, no aporta ningún valor”
“Esto tiene un final difícil, ¡la reyerta social! es algo espontáneo, no lo genera nadie”
“El presidente que falleció es quien más le hizo daño al pueblo con su discurso violento”
domingo, 4 de agosto de 2013
Escrito por Atahualpa Lara Ilustración: Omar David Suárez.
Los elevados índices de violencia que se registran en las calles del país, preocupan a todos los ciudadanos. Cada día, situaciones que conmueven por la crudeza de los hechos, impactan a una sociedad que ha perdido la capacidad de asombro ante tanta violencia.
En este contexto, el presente trabajo de investigación tiene por objeto profundizar en el diagnóstico y las causas que originan la grave crisis de inseguridad.
Además, examinar los signos de una descomposición social evidente para algunos especialistas en materia de derechos humanos.
Tal es el caso de Rafael Narváez, abogado en derecho procesal penal de la Universidad Central de Venezuela, parlamentario en dos oportunidades en el antiguo Congreso venezolano, y especialista en derechos humanos y asuntos penitenciarios. Narváez, defiende causas humanitarias desde 1987, además dirige una ONG denominada Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles.
El especialista ofreció sus impresiones sobre la actual situación de violencia que vive el país; además de indicar, bajo su perspectiva, las causas del incremento de hechos delictivos.
“El tema de la descomposición social que ha vivido Venezuela en los últimos años es culpa de un Estado que está bajo la administración de un Gobierno, que lejos de ser ejemplo, divide a la sociedad y la llenó de resentimiento social y de venganza”, indicó.
En este sentido, Narváez responsabilizó al desaparecido presidente Hugo Chávez, a Nicolás Maduro y su administración, de convertir los problemas sociales en un tema que dividió al país, “y les hizo creer que la falta de oportunidades de las personas más desposeídas eran responsabilidad de quienes sí contaban con recursos económicos”.
Considera que, de esta premisa, se hizo una política de Gobierno, que ha derivado en una lucha de clases en las calles del país, lo que ha aumentado considerablemente las cifras de los delitos, entre ellos, el homicidio.
Narváez está convencido que la imagen de un Estado debe ser como la de un padre de familia, “que promueve valores y que invita a los integrantes a sentarse en la misma mesa para comer”.
Sin embargo, tiene una opinión muy diferente al rol desempeñado por las autoridades del Ejecutivo nacional durante la última década y media. “Este es un Estado administrado por un Gobierno que no es ejemplo para una sociedad, que no aporta ningún valor”.
El objetivo perseguido por quienes a su juicio desarrollan esta política es la de mantenerse en el poder, “y han logrado un piso duro en los sectores más desposeídos”. Recordó el caso de la denominada ‘lista Tascón’, “que impuso el apartheid político…, si no tienes una gorra roja, no comes”, expresó.
Narváez no considera que el panorama sea alentador de continuar con la actual situación, “esto tiene un final difícil, ¡la reyerta social! Eso no lo conduce nadie, es algo espontáneo, y lo podría desencadenar la falta de insumos”.
Para finalizar, el especialista en materia de derechos humanos indicó que las acciones de violencia en la calle, aunado al temor que sienten los ciudadanos, y la falta de confianza en las instancias del Estado, puede conducir “a una involución del derecho, donde cada persona tomará medidas por sus propias cuentas”.
Situación judicial da muestras de un Estado violento
A juicio de Rafael Narváez, parte de un Estado que fomenta la violencia es aquel que “no le importa la justicia y el retraso procesal que esto produce”.
Es por eso que, según el especialista en derechos humanos, el 70% de los jueces son provisorios, condición que no les proporciona estabilidad laboral, y donde no existe concurso para la ocupación de puesto.
Además, explica que existen fiscales con más de tres mil expedientes y que solo desarrollan aquellos que se hacen públicos y notorios.
Aparte de esto, recordó el caso del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Eladio Aponte Aponte, quien era presidente de la Sala Penal y a quien se le acusa de recibir dinero proveniente del narcotráfico.
En el estado Lara, la situación que se vive en el Circuito Tribunal Penal no deja de ser preocupante. Pese a los esfuerzos por contactar al doctor César Reyes, juez rector de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, no se pudo obtener información oficial sobre la posible saturación de los jueces con casos de delito.
Sin embargo, de manera extraoficial, se conoció que la plantilla de jueces que conforman el Circuito Tribunal Penal del estado Lara, es el mismo desde que se inauguró este servicio, en 1999.
Un total de 36 tribunales judiciales se encuentran dispuestos para atender la creciente cantidad de casos delictivos que se consignan a diario por parte del Ministerio Público.
Según fuentes cercanas al poder judicial, los jueces no se dan abasto para atender la cantidad de casos que tienen pendientes, lo que provoca el retardo procesal.
Ejemplo de ello, es la situación que se vive en la Comandancia General de la Policía del Estado Lara, así como en los Centros de Coordinación Policial y las estaciones policiales en toda la entidad. Más de 700 reos conviven en las celdas de estas instituciones, y muchos de ellos esperan por la sentencia que determinará si quedan en libertad o son recluidos en un centro penitenciario. De este total, poco más de 70 reos están sentenciados, el grueso de la cifra espera por un sistema judicial colapsado.
