23 / 07 / 2013

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Con información de Sasha Ackerman / Globovisión.-
Un grupo de profesores de Derecho Público rechazaron las acciones legales en contra del diputado de la Asamblea Nacional, Richard Mardo, militante de Primero Justicia. El grupo integrado por Carlos Ayala Corao, Román Duque Corredor, Alberto Arteaga, José Vicente Haro y Gustavo Tarre Briceño manifestaron su preocupación por la existencia de “un patrón de persecución a la disidencia”. 

El profesor Carlos Ayala Corao aseguró que los ciudadanos venezolanos que se atreven a expresar sus opiniones “son objeto de estigmatización, linchamiento político o persecución, incluso judicial”

“Tenemos persecución de periodistas, jueces siendo uno de los casos más emblematico el de la jueza Afiuni (…) También a abogados como José Amalio Graterol quien fue condenado penalmente por ejercer su profesión, entre estos sectores está el de la representación política parlamentaria”.

Opinó que diputados a la Asamblea Nacional deben tener las garantías para representar a los venezolanos en el parlamento, expresar sus opiniones y “estar cubiertos con la proteccion de la inmunidad parlamentaria para que no se les pueda allanar sin cumplir protocolos”. Por este motivo, denunció la “persecución contra diputados” haciendo mención a las investigaciones en contra de los parlamentarios María Corina Machado y Richard Mardo, entre otros.

“El parlamento es el órgano que representa la soberanía popular en el control del poder desde el punto de vista político, deliberativo e incluso a través de la investigación (…) La presencia de diputados en la AN que no puedan ejercer su rol libremente es preocupante. Es un mandato del Estado luchar contra la corrupción pero debe ser una lucha eficaz dentro del Estado de Derecho”, dijo.

Recordó que los diputados están dotados de un privilegio que es la inmunidad que establece un procedimiento para su allanamiento pero que en la Constitución Nacional de 1961 estaba regulado expresamente. El mecanismo establecía aprobación por mayoría simple. “Estamos viendo con el antejuicio de merito contra Mardo, que puede marcar una pauta importante (…) En la sentencia se acordó notificar a la Asamblea Nacional sobre la decisión a los fines de que ese órgano delibere sobre el allanamiento y de ser acordado se hará lo que ordena 380 del Código Orgánico Procesal Penal”, indicó.

Para el abogado Ayala Corao, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “no puede ordenarle” a la AN las condiciones jurídicas a ser empleadas por el parlamento para allanar la inmunidadparlamentaria. “Este diputado tendrá una situación más gravosa que un ciudadano regular que según la ley estará libre hasta que sea encontrado culpable (…) Esto implicaría una sentencia previa, iría contra la Constitución Nacional y la Convención de Derechos Humanos”, acotó.

Manifestó la preocupación que existe en los profesores de Derecho Público porque “en una democracia, la mayoría de turno no tenga reglas fijas, objetivas de Estado de Derecho y pretenda acallar y burlas los derechos de las minorías”

“La inhabilitación política no puede ser a priori, no puede establecerla la Asamblea Nacional (…) Es la mayoría que establece la Constitución Nacional para otros actos graves como el voto de censura para ministros, la mayoría calificada. Los electores venezolanos tenemos en juego nuestro derecho a elegir y ser representados, no es solo un tema de los diputados. Aquí está en juego la representación y finalmente la democracia”, dijo.

“Es groseramente inconstitucional” allanar la inmunidad parlamentaria

Román Duque Corredor, expresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas, explicó que para allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado es necesario contar con la mayoría calificada exigida por la Constitución Nacional y recordó que la inmunidad es un beneficio del que gozan los diputados para representar a sus electores, tomando en consideración que solo deben rendir cuentas ante los ciudadanos de su estado.

“La inmunidad es una garantía de funcionamiento del poder legislativo consagrada para garantizar la autonomía del parlamento (…) La inmunidad consiste en un requisito procesal que protege al diputado para que no sea procesado, detenido o allanado sin que se cumplan formalidades como el antejuicio de mérito y la autorización de la Asamblea Nacional”, afirmó.

A su juicio, se debe respetar la presunción de inocencia, el Estado de Derecho y la normativa vigente. “Que se pase de manera expedita a allanar la inmunidad a un diputado es groseramente inconstitucional”.

Foto: Sasha Ackerman/Globovisión

 http://globovision.com/articulo/profesores-de-derecho-denuncian-persecusion-contra-diputados-en-la-an