En el Cicpc los detenidos deben dormir en oficinas no aptas. Titulares del MRI y del Servicio Penitenciario no se ponen de acuerdo, según Carlos Nieto
JAVIER IGNACIO MAYORCA 20 DE JULIO 2013
La aplicación del plan Patria Segura ha traído como consecuencia una crisis por sobrepoblación de presos en los retenes policiales, también llamados centros de detención provisional.
Los conflictos entre los detenidos por el control de los espacios han comenzado en instalaciones de varias partes del país. Una riña en el retén de la Policía de Cojedes, en San Carlos, ocasionó la muerte de Danny Rafael Rodríguez Castillo, de 25 años de edad, quien permanecía detenido en esa instalación desde 2010 por tráfico de drogas. Fue herido 11 veces con un objeto cortante.
El lunes hubo una reyerta en el penal de Puerto Ayacucho, Amazonas, en el que hubo tres fallecidos. Esa instalación alberga aproximadamente a 230 hombres y 15 mujeres. Los muertos fueron identificados como Asunción Escalona, José Corona y Oasan Marcano. Los dos últimos fueron heridos con armas blancas, mientras que Escalona (supuesto líder de los presos) fue baleado.
Cuando comenzó el conflicto los agentes que custodiaban el recinto disponían de tres escopetas con cartuchos para control de orden público. La Guardia Nacional tuvo que tomar el mando del penal hasta la noche.
El viernes 12 de julio fue reportada una riña en el retén del Marite, Zulia. La víctima, Randy José Barrios, de 34 años de edad, fue ultimada a tiros en el sector conocido como búnker 2, en un supuesto conflicto por el control de las áreas.
Otros incidentes han finalizado sin muertos. 20 detenidos protestaron el 16 de julio en las celdas de la Policía de Chacao por supuestos problemas de alimentación y hacinamiento. Los agentes pidieron la cooperación de Polinacional para controlar la situación, pero este cuerpo de seguridad tiene sus propios problemas desde junio cuando los detenidos en el retén de Antímano amenazaron con amotinarse en dos oportunidades debido a la falta de espacio. La última vez, el 24 de junio, hubo tres heridos por enfrentamientos entre grupos de reclusos.
En la policía judicial, mientras tanto, muchos detenidos deben dormir en instalaciones no aptas pues el Departamento de Aprehensión, en El Rosal, está a máxima capacidad.
Incoherencia. Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana para la Libertad, indicó que estos hechos son consecuencia directa de la aplicación del plan Patria Segura. Señaló que los titulares del MRI y del Servicio Penitenciario no se han puesto de acuerdo en lo que harán.
La población carcelaria estaría entre 50.000 y 60.000 personas, según sus cálculos, con niveles de hacinamiento nunca vistos debido a la eliminación de 3 centros penitenciarios.
Para poder acceder a los internados judiciales los detenidos necesitan que el Ministerio del Servicio Penitenciario les asigne un cupo. Sin él no podrán ir, así haya una decisión judicial. Los privados de libertad son presentados y devueltos a los retenes policiales. Mientras tanto, la manutención corre por cuenta de las gobernaciones y alcaldías.
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