Lucía Quintero lamentó que se demore tanto ejecutar la medida que dejaría en libertad a los presos políticos
LA “JUSTICIA” SIGUE JUGANDO CON LOS DE PRESOS POLÍTICOS
Julio 4, 2013(Tarquino González Concho).- Los once productores agropecuarios del municipio Antonio José de Sucre que fueron detenidos de manera injusta el pasado 16 de abril, cuando intentaban participar en una protesta contra el fraude electoral de las presidenciales, tendrán que permanecer por los menos diez días más tras las rejas, gracias a las trabas que por circunstancias hasta absurdas anteponen quienes imparte “justicia” en el estado Barinas.
Lucía Quintero, abogada defensora de quienes han sido calificados como presos políticos, explicó que el receso (no hay despacho) del Tribunal Sexto de Control durante los últimos días ha impedido que la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, a cargo del abogado Jackson Maza, formalice el escrito de suspensión de la medida cautelar sustitutiva de libertad que le fue otorgado a los once productores y que esa circunstancia frenó a su vez la acción que se intentaría ante la Corte de Apelaciones.
Recordó que el martes de la semana pasada la jueza de control Mary Ramos otorgó la medida cautelar a los presos políticos, pero el mencionado fiscal solicitó verbalmente que fuera suspendida, con lo cual se impidió que los afectados salieran a la calle para esperar que se les inicie el juicio.
“La Fiscalía tenía que formalizar la solicitud de la suspensión de la medida cautelar mediante un escrito, pero esa diligencia no se ha podido cumplir porque no hay despacho en el Tribunal de Control. Todo esto impide que el caso pase a la Corte de Apelaciones, instancia que tendría cinco días para decidir si ratifica la medida o se pliega a la solicitud del fiscal”, dijo.
Tal y como informáramos el jueves de la semana pasada, los once presos políticos del estado Barinas estaban a punto de saborear la anhelada libertad después de haber permanecido 71 días tras las rejas en la Comandancia General de la Policía… ello gracias a una medida cautelar sustitutiva con presentación periódica cada 30 días que les había otorgado la jueza número seis de control, Mary Ramos, la tarde del pasado martes 25 de junio al final de la audiencia preliminar. Sin embargo, a pedido del fiscal segundo del Ministerio Público, Jackson Maza, la medida fue suspendida y ahora el caso debe ser remitido a la Corte de Apelaciones a pedido de la defensa.
En ese entonces la abogada defensora deploró la medida y abrigó la esperanza de que en los siguientes días los presos políticos, quienes definitivamente van a juicio, recobraran la libertad.
Sin embargo, el optimismo ha disminuido dada la dilación que la “justicia” ha interpuesto… la semana pasada no hubo despacho en la Corte de Apelaciones y en la presente le tocó el turno al Tribunal Sexto de Control, instancia en la cual la Fiscalía debe formalizar por escrito la solicitud de suspensión de la medida cautelar lo cual es un requisito legal para ir al siguiente paso.
“Yo creo que aquí se va a esperar hasta el último minuto para darle la libertad a estos muchachos, quienes están detenidos injustamente”, dijo la abogada Quintero.
Reiteró que los detenidos pudieron salir en libertad la semana pasada, pero la suspensión de la medida sustitutiva los mantendrá tras las rejas… hasta que en la Corte de Apelaciones se tome una decisión… y eso podría ser dentro de unos diez días más.
En cuanto a los delitos que les imputó el Ministerio Público a los detenidos desde un principio, la abogada resaltó que sólo queda uno.
“La acusación fiscal fue por los delitos de asociación para delinquir e intimidación pública con morteros (explosivos), pero el primero fue desestimado porque se consideró que deben haber algunos elementos para que se configuren los delitos como actos previos o preparativos para que se cometan los hechos y estos muchachos no tienen siquiera expedientes”, explicó la profesional del Derecho.
¿Por cuál delito, entonces, se les va a seguir juicio?
-Por el de intimidación pública con explosivos, pero se le considera un delito menor y por ello el Tribunal de Control les acordó la medida sustitutiva de libertad con presentación cada 30 días, pero el fiscal pidió la suspensión de la medida y le fue acordada. Por ello esas once personas siguen detenidas.
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