El 25 de junio de 2013, autoridades del Ministerio Público siguiendo instrucciones de la Dra. Luisa Ortega Díaz y continuando los lineamientos de la denominada “Comisión de la Justicia y la Verdad” efectuó la exhumación de los restos de Alberto Lovera, ex Dirigente del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Responsable Guerrillero de la zona de Oriente en 1965. Quien fue presuntamente asesinado en octubre de ese mismo año en un lugar impreciso. Este caso, forma parte de las 145 averiguaciones que cursan por ante el Ministerio Público venezolano, con miras a acusar y llevar a prisión a ex Oficiales del Ejército y ex funcionarios policiales que durante la década violenta lucharon por defender la Democracia Participativa de los intentos del Castrocomunismo en tomar el control de Venezuela.
Actualmente, el Ministerio Publico ha realizado tres Acusaciones ante Tribunales Penales logrando su detención domiciliaria contra el Coronel José Antonio Omaña, presuntamente implicado como Director del SIFA (Servicio de Información de las Fuerzas Armadas) en el homicidio de Noel Rodríguez y la detención en la Policía, del ex Comisario Homero Sánchez Araujo; no pudiendo haber detenido al ex Comisario Manuel Tirado Tirado a quién señalan sin fundamento alguno de ser responsable de la muerte de Noel Rodríguez a pesar de no pertenecer al SIFA sino a la Disip, organismo que no tuvo nada que ver con la detención del dirigente de Bandera Roja; impulsando además las Imputaciones como se denomina a las acusaciones formales que realiza el Ministerio Público y que anuncian el establecimiento de averiguaciones con el objeto de recabar elementos que permitan detener en prisión a las siguientes personas: el 29 de mayo imputaron al Teniente Coronel (Ej.) Felipe Gustavo Párraga Sánchez, antiguo plaza del Teatro de Operaciones número 03, por los maltratos descritos en la novela por un antiguo activista de nombre Efraín Labana Cordero –ya fallecido- quien fue detenido por 11 meses en dicho centro de reclusión por haber distribuido propaganda insurgente en el centro de Caracas; así como de tres funcionarios públicos –militar uno y policial dos- por la llamada Masacre de Cantaura, en el marco de las averiguaciones que realiza la llamada “Comisión de la Verdad”, y que trataremos con más detalle en próximos artículos.
Pero veamos, ¿Quién era Alberto Lovera?
Alberto Lovera no usaba su nombre, se identificaba por los seudónimos de Braca, Bracamonte o simplemente el “Cojo Lovera”, era obrero en un barco petrolero y dirigente sindical del Partido Comunista de Venezuela (PCV), participante activo en la Lucha Armada que esa organización clandestina desataba en Venezuela luego del año 1960. Como miembro del Comité Central del PCV, era responsable de recibir orientaciones directas de Pedro Duno quien se encontraba en Cuba. El tristemente célebre Ernesto “Che” Guevara extendió a Lovera su solicitud de trasladarse a Venezuela para participar en el proceso guerrillero rural, siendo rechazado por el Comité del Partido Comunista, temerosos de que Guevara y Castro por medio de aquel asumiera un liderazgo neto sobre las incipientes bandas armadas que generaban terror a lo largo y ancho del territorio venezolano.
Desde 1962, Lovera fue nombrado como Responsable Militar de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), nombre de origen castrista que usaban las fuerzas guerrilleras venezolanas, en toda la zona de Oriente, y como tal manejaba los recursos de Finanzas en dicha zona. Denunciado a la Dirección General de Policía (Digepol) por un combatiente de las guerrillas que buscaba desertar, identificado como Aníbal González a.k.a. Ricardo, fue detenido por la Digepol el 18 de octubre de 1965 y trasladado a la sede central de ese organismo de seguridad. Sin embargo los funcionarios policiales deciden trasladarlo al Teatro de Operaciones número 04, ubicado en Cachipo, en el Estado Monagas, en el oriente del país. En estas circunstancias Alberto Lovera, de 43 años en ese momento falleció por razones aún desconocidas. El 27 de octubre de ese mismo año, fue encontrado en las playas de Lecherías, Estado Anzoátegui un cuerpo desnudo, con múltiples señales de haber estado en el mar durante varios días. Casi de inmediato fue identificado como el cuerpo de Alberto Lovera. Una comisión del entonces Congreso Nacional, fue destacada para investigar la desaparición y muerte del activista de izquierda logrando determinar que el cuerpo presentaba desprendimiento de varias vértebras cervicales y lumbares así como fractura de la clavícula, con lo cual se alegó desde entonces que Lovera había sido torturado por los funcionarios policiales.
Una campaña de José Vicente Rangel, otrora defensor de los Derechos Humanos de los activistas de la Izquierda guerrillera logró identificar y ubicar a los funcionarios Alberto Ochoa, José Ramón Antúnez y Carlos Quintero, (todos fallecidos actualmente), así como Aníbal González, ex combatiente de las Guerrillas en Oriente, como los responsables del presunto homicidio. De inmediato, el Director de la Digepol, Dr. José de Jesús Patiño González procedió a suspender de sus funciones a los detectives presuntamente implicados en la detención del dirigente guerrillero y someterlos a una investigación interna para determinar si había elementos de convicción que permitiera llevarlos ante la Ley como establecía el Ordenamiento Jurídico venezolano de la época. Sin embargo, estos funcionarios fueron falleciendo de causas naturales o ajusticiados en venganza como es el caso de José Ramón Antúnez quien fuera ametrallado en plena calle y cuyo homicidio fue reivindicado por las FALN, o el caso de Anibal González quien fue atropellado en la Autopista Regional del Centro, en un accidente de extrañas circunstancias que luego fue atribuido a las organizaciones terroristas venezolanas.
¿Y ahora?
En este cuadro, donde todos los implicados en la detención, desaparición y muerte de Alberto Lovera, ¿A quien pretende Imputar y detener el Ministerio Público? Es notorio el caso de Homero Sánchez Araujo quien fue detenido por el presunto homicidio de la guerrillera urbana Esladia Vásquez en 1973, con el único indicio de haber sido asegurado este hecho en el libro “Después del Túnel”, memorias de Diego Salazar, ex jefe del Aparato Urbano del PRV-FALN en Caracas. Entonces podemos presumir que con esta nueva investigación de un hecho prescrito, juzgado y cerrado por fallecimiento de los presuntos perpetradores sea un móvil o instrumento para acusar a otras personas, señalar nuevos hechos sin fundamento y detener a ex funcionarios que ayer defendieron la democracia de la tiranía y el comunismo. Uno de los pedimentos de esta “Comisión de la Verdad” es identificar a los ex funcionarios que prestaron servicios en las Direcciones de Inteligencia de la Disip y DIM, así como de la Brigada de Intervenciones, como se denominan a los Comandos de la Disip.
Charlie Miller, 01 de julio de 2013.
