A las 8:10 de la mañana la jueza María Lourdes Afiuni recibió una llamada teléfonica “que me dejó congelada”. Un familiar le explicaba, “emocionado”, que la fiscal Luisa Ortega Díaz acababa de lanzar un mensaje en la red social Twitter solicitando su libertad.“Me temblaban las manos, abrí el Twitter ¡Me quedé congelada! Era de Ortega Díaz pidiendo mi libertad. Salté de mi cama y corrí a la habitación de mis padres, Elina (Mora de Afiuni), comenzó a llorar sin control. No podíamos creerlo”, cuenta la jueza Afiuni, entre sonrisas y nervios, a todos sus familiares y abogados que se reunieron en su residencia para esperar la llegada de la boleta de excarcelación que hasta el cierre de esta edición a las 6:00 de la tarde no había llegado a manos del coronel del Destacamento 52 de la Guardia Nacional, encargado de la custodia de la magistrada en su domicilio.

“Ministerio Público solicitó aplicación de medida menos gravosa para la ciudadana María Afiuni”, escribió la fiscal en su cuenta @lortegadiaz.

Media hora después de ese mensaje, los abogados de la defensa Thelma Fernández, José Amalio Graterol y Juan Garantón, se trasladaron al Palacio de Justicia para revisar y constatar que la solicitud ya estaba en el expediente del caso.

“El Ministerio Público solicitó ante el Tribunal 17 de Juicio, sustituir el arresto domiciliario dictado contra María Lourdes Afiuni, por una medida cautelar de presentación periódica. La fiscal 37 nacional, Emylce Ramos, realizó tal solicitud considerando los problemas de salud manifestados por Afiuni; tal acción podría permitir a dicha ciudadana trasladarse a realizarse los chequeos o tratamientos médicos que considere necesario”, reza textualmente el documento que llegó al Tribunal 17 de Juicio y que fue publicado por la página web del Ministerio Público.

Para el abogado José Amalio Graterol, la petición de la Fiscal General de la República, no sólo es a consecuencia de la condición de salud en la que se encuentra la doctora Afiuni, “sino por todo lo que ha quedado al descubierto en el juicio oral y público, donde la Fiscalía ha promovido testigos para que demuestren la culpabilidad de la jueza y lejos de eso lo que ha quedado claro es su inocencia”.

“En nueve audiencias que llevamos desde el 28 de noviembre, quedó claro que funcionarios del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente, la magistrada suspendida, Veneci Blanco y los fiscales Daniel Medina, William Guerrero y Emylce Ramos cometieron delito al privar de libertad a Afiuni, llevársela esposada hasta la sede del Sebin el 10 de diciembre de 2009 y encarcelarla en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde fue víctima de las violaciones más atroces a los derechos humanos”, expresó la abogada Thelma Fernández.

Afiuni y su familia escuchaban atentos a Fernández y Graterol, quienes narraban algunos hechos que consideraban podían haber sido la clave de esta decisión. “Engañaron al presidente Hugo Chávez para que dijera, en cadena nacional, que la jueza era una bandida y funcionarios del Gobierno crearon toda esta tramoya para congraciarse con el Ejecutivo nacional. Tres años y seis meses después, el Gobierno y la Fiscalía deben recoger sus palabras”, advirtió Graterol.

El debate por momentos se tornaba álgido cuando salían a la luz los nombres de algunos personajes que se prestaron para la detención, y a ratos Afiuni recordaba aquellos meses de horror que vivió en la cárcel de mujeres. “¡Qué terribles momentos he pasado!”, reflexionó.

Según la medida que solicitó la Fiscal, la libertad será condicional, con presentación cada 15 días, prohibición de salida del país y de hablar con los medios de comunicación.

Al preguntarle a Afiuni que es lo primero que hará al salir, manifestó: “iré el día de mi cumpleaños (hoy) a la Iglesia de San Gabriel a agradecerle a Dios y en especial al padre Gerardo Tardiff, quien ha sido mi guía espiritual y mi confidente”.

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